A ocho meses de que el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, obedeciera al Ejecutivo para incursionar militarmente en el Salón Azul de la Asamblea, sin cuestionar que la orden violaría la Constitución, el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, mostró ayer una actitud similar al desconocer el mandato de los diputados de llevar con apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por negarse a aclarar en una comisión especial el uso de fondos públicos para la pandemia.
Ante el incumplimiento del director de la Policía, los diputados acordaron notificar a la Fiscalía de la desobediencia, para que esa instancia determine si ha incurrido en delito penal, y que cada partido político valore la posibilidad de interpelar al ministro de Hacienda.
Si lo deciden sería el cuarto funcionario en pasar por ese proceso en lo que va del gobierno de Nayib Bukele. Antes han sido interpelados el expresidente de ANDA, Frederick Benítez, recién depuesto; la ministra de Salud, Ana Orellana, destituida poco después de su interpelación; y el ministro de la Defensa.
Arriaza Chicas justificó mediante una carta ante los diputados que el ministro de Hacienda tiene “causa justificada basada en el ordenamiento constitucional” para no asistir a los citatorios que los legisladores le hicieron en tres ocasiones.
La inasistencia de Zelaya provocó que los diputados lo mandaran a llamar con el uso de la fuerza pública, basándose en lo que dicta el Reglamento de la Asamblea y la Constitución en el artículo 132 que establece que todos los funcionarios y empleados públicos “están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea”. El incumplimiento a ese mandato se maneja “bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”.
El argumento de Arriaza Chicas es que a Zelaya se le convocó por tercera ocasión a la comisión especial cuando era “justamente el día límite” en que debía presentar al Congreso el proyecto de presupuesto 2021.
“De esta manera, la tercera convocatoria dirigida al funcionario en comento, al no surtir plenos efectos por la causa justificada enunciada, queda pendiente de realizarse”, reza parte de la nota girada a la comisión que los diputados declinaron recibir.
Guillermo Gallegos, de GANA, informó que el notificador de la Policía se la entregó a él porque la Asamblea se rehusó a recibirla formalmente, por lo que la leyó durante el desarrollo de la comisión.
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René Portillo Cuadra, de ARENA, le permitió leerla, pero condicionó que su contenido deberá ser presentado por el director de la Policía ante la Fiscalía y no a la Asamblea, porque ya no procede.
El incumplimiento del director de la Policía al mandato de la comisión es calificado por expertos en transparencia como una muestra más de lo que pasó también el 9 de febrero con la toma militar del edificio legislativo por parte del Ejército, bajo las órdenes del Ejecutivo.
“Así actuó el 9 de febrero, obviamente se puede notar que la Fuerza Armada y la Policía, que son las herramientas para poder ejercer el poder coercitivo están a las órdenes del Ejecutivo, y es sumamente preocupante”, dijo Wilson Sandoval, coordinador de ALAC-Funde.
Sandoval explicó Zelaya le está dando “una bofetada a la rendición de cuentas” y que su ausencia a la comisión es como decirles a los diputados que “los funcionarios están sobre la ley. Es complicado a los niveles que hemos llegado”. Incluso, expuso que a los ojos del mundo se ratifica que el gobierno de Bukele es de “corte autoritario”.
Para Xenia Hernández, miembro de la Directiva del Centro de Estudios Jurídicos, Arriaza Chicas no tiene la facultad de decidir si el ministro tiene causa justificada para no llegar a la comisión especial, sino de cumplir el mandato de la misma.
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“Lo que tuvo que haber hecho el director de la Policía es cumplir la orden, no es autoridad que le corresponde decir si es legítimo cómo lleva el apremio la Asamblea, porque el ministro de Hacienda tiene la obligación de asistir cuando se le convoca”, afirmó Hernández.
En vez de ir a la Asamblea, Zelaya estuvo en un evento en Metapán abanderando un proyecto de energía eólica. Allí explicó que Bukele le ha dado la investidura para trabajar y que no tenía tiempo para llegar a la comisión. Mientras que Arriaza Chicas informó en su Twitter que “quedan demostradas las intenciones de los diputados de interpretar y aplicar las leyes a su conveniencia”.
Según Zelaya, su posible interpelación se debe a la falta de pago de salarios de los diputados. La Asamblea lleva 13 días sin recibir el dinero para honrar las remuneraciones de empleados y legisladores. En vez de eso, algunos funcionarios públicos se han mofado de la exigencia de que Zelaya cumpla con su compromiso de ley. Además, el fiscal Raúl Melara advirtió que retener esos fondos sin causa puede ser delito.