El diputado por Arena y exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila aseguró que la conducta del actual director de la corporación policial, Mauricio Arriaza Chicas al desobedecer órdenes de instancias superiores, se deriva de la “presión política” que recibe del gobierno de Nayib Bukele.
“Casi podría asegurar que lo que está existiendo es una presión política sobre el Director de la Policía”, dijo Ávila, quien agregó que “el Ejecutivo tiene que respetar las atribuciones y obligaciones que por ley y la Constitución tiene la Policía”.
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Consideró que “a todas luces la actitud del gobierno es politizar la corporación policial como a la Fuerza Armada”.
Y como ejemplo de esa politización de la seguridad pública que hace el gobierno, según Ávila, es que si la Asamblea Legislativa hubiera ordenado a la Policía que llevaran a un funcionario que no fuera de confianza del presidente, entonces lo hubieran llevado de inmediato.
A juicio de Ávila, Arriaza Chicas está obligado a cumplir con lo que le manda la ley y la Constitución antes de lo que le ordene el Presidente, porque cuando juramentó como Director de la Policía “le juró lealtad a las leyes y a la Constitución no le juró lealtad ni al gobierno ni al presidente”.
Agregó que el Director de la Policía está en la obligación constitucional de hacer cumplir las leyes como como auxiliar de la administración de justicia.
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Ávila, quien fue director de la Policía en dos períodos, asegura que el estilo de gobernar de Bukele es imponer su voluntad y de irrespetar lo que establecen las leyes y la Carta Magna.
Consideró que “la manipulación de las instituciones como la Policía y la Fuerza Armada pone en riesgo y es muy grave para la democracia del país”.
Otro exdirector de la Policía, quien desistió de ser citado, advirtió que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de aplicar el numeral 37 del artículo 131 de la Constitución que tiene que ver con la recomendación de la destitución de un funcionario de Gobierno, pero en el caso del Director de la Policía es vinculante con la solicitud del Órgano Legislativo.
El referido numeral artículo establece la recomendación a “la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso. La resolución de la Asamblea será vinculante cuando se refiera a los jefes de seguridad pública o de Inteligencia de Estado por causa de graves violaciones de los Derechos Humanos”.
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A juicio del exfuncionario de la Policía, Arriaza Chicas habría violado el derecho a la salud pública de los habitantes de San Salvador a raíz de que desobedeció una orden fiscal que buscaba evitar la acumulación de promontorios de basura en la ciudad capital.
“El Director de la Policía no puede discutir la legalidad de las órdenes superiores, a menos que sean ilegales”, dijo el exdirector de la corporación policial.