| 
La bancada oficialista y sus aliados aprobaron este martes con 67 votos ampliar por 30 días más el régimen de excepción. La prórroga comienza el 25 de junio.
Ayer al mediodía llegaron al Órgano Legislativo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el de la Defensa, Francis Merino Monroy, y el director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, para solicitar la prórroga de tal medida por un mes más.
Este estado de excepción suspende los derechos de asociación, inviolabilidad de la correspondencia y defensa ante una detención. Además, extiende el periodo máximo de detención administrativa de 3 a 15 días.
Los funcionarios justificaron la necesidad de seguir con las medidas extraordinarias para derrotar a las pandillas. Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han criticado que bajo esta suspensión de derechos ha habido numerosos abusos de poder y violaciones a derechos humanos, como capturas arbitrarias de personas inocentes.
Reclamos de la oposición
Durante la plenaria, los partidos de oposición criticaron que el gobierno quiere hacer del Régimen de Excepción un mecanismo permanente para combatir las pandillas violentando derechos humanos.
La diputada del FMLN, Anabel Belloso, reiteró que desde el inicio ha considerado que el crimen debe combatirse y el gobierno ha tenido la posibilidad de hacerlo sin tener que suspender derechos. “¿Qué le faltó entonces?”, se preguntó y respondió: “Voluntad”.
La parlamentaria explicó que los regímenes de excepción son medidas de última instancia, cuando el Estado se declara incapaz de atender algo. Destacó que estas medidas “no deben ser permanentes”, menos cuando hay muchas personas inocentes a las que se les ha llevado a la cárcel y no se les garantiza una aplicación de justicia imparcial.
No necesita la excepcionalidad
El jefe de fracción de ARENA, René Portillo Cuadra, dijo que el Gobierno no necesita del régimen de excepción para combatir a las pandillas, ya que desde el principio del gobierno del presidente Bukele, han contado con todo un esquema legal de represión contra el crimen.
“Eso significa que estamos cayendo como Estado en una inconstitucionalidad al prorrogarlo por tercera vez, sobre todo porque el Estado cuenta con las herramientas legales necesarias para poder combatir las pandillas”, justificó.
No confían en sus decisiones
Por su parte, el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright, consideró que la búsqueda constante de culpables generalmente la hacen “aquellos que no confían en sus decisiones”. Esto, pues el presidente y su círculo atribuyen a organizaciones defensoras de derechos humanos y a todos sus detractores el fenómeno de las pandillas como intento de desestabilizar al gobierno.
“Nos siguen manteniendo con políticas públicas fallidas, el problema continúa siendo la exclusión la pobreza y la falta de desarrollo humano en todo el país”, afirmó el diputado de Nuestro Tiempo.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, consideró que atacar a las pandillas no debería implicar la suspensión de los derechos fundamentales de las personas.
“No es necesario que violenten los derechos de la ciudadanía para hacer eso, es el dilema falso en que nos quieren meter, yo quiero que aboguemos por soluciones a largo plazo a la seguridad ciudadana que no impliquen violaciones a derechos humanos, injusticias y que no impliquen además abusos a los recursos públicos”, manifestó Ortiz.
¿Qué dicen los abogados?
La jefa jurídica anticorrupción de Cristosal, Ruth López señaló que “la excepcionalidad se ha convertido en la regla general y demuestra la incapacidad gubernamental de actuar en un Estado de Derecho, despojando de garantías a la ciudadanía inocente “.
El presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz opinó que el régimen de excepción debería aplicarse solo en circunstancias extraordinarias.
Explicó que si bien la violencia es un fenómeno complejo, abordarlo integralmente no requiere de suspensión de garantías constitucionales, pues las herramientas que ya provee la legislación “deberían ser más que suficientes para combatir la delincuencia y para que a través de las mismas se pueda encontrar remedio a corto y largo plazo”.
El especialista en derecho constitucional Jonatan Sisco planteó que si el régimen de excepción se convierte en algo cotidiano entonces “las autoridades del presente Gobierno podrían ser investigadas por crímenes contra la humanidad de conformidad al estatuto de Roma”.
Destacó que “estaríamos ante una política de Estado preconcebida y planificada, que permite la violación repetida de derechos humanos a gran escala, con la connivencia de diferentes autoridades públicas”.