Cinco meses han pasado desde que los residentes de San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, vieron llegar a un grupo de personas con la intención de quedarse a vivir ahí y que les provocaba desconfianza.
Como suelen hacer cada vez que hay un tema que les preocupa, algunos pobladores se acercaron al alcalde, Saúl Marín Ábrego, quien de inmediato le pidió apoyo a la Policía para que investigara quiénes eran esos extraños y porqué estaban ahí.
Cuando los agentes llegaron a encarar a esas personas ellas les explicaron que eran parte de una misma familia y que iban huyendo de Soyapango porque unos pandilleros los habían amenazado de muerte.
En San Antonio Los Ranchos se les permitió quedarse mientras las autoridades continuaban la investigación. Al poco tiempo, la Policía y el alcalde regresaron porque descubrieron el origen de las intimidaciones contra esa familia: tenían vínculos con grupos criminales.
“Se vinieron para acá porque los habían amenazado las pandillas, pero ellos también andaban en esa red y tenían rencillas. Tomamos la decisión y les dijimos que se fueran porque no queremos que vengan a contaminar al municipio”, expresa Marín Ábrego.
Este trabajo coordinado entre instituciones y el apoyo de la comunidad ha permitido disminuir los índices delictivos. El alcalde y algunos habitantes creen que el lugar era inseguro porque, hasta 2012, no había un puesto policial en la zona.
Un año después, cuando los agentes llegaron para quedarse empezaron a notar los cambios. Desde entonces, el municipio no ha sido escenario de ningún homicidio, de acuerdo a los registros policiales. El año pasado, se situó entre los 17 del departamento donde no hubo hechos de sangre.
Municipios sin violencia
San Antonio Los Ranchos es uno de los municipios en los que la Policía no registró ningún homicidio durante 2018.
Esta no fue la primera vez que algunos de estos lugares terminaron sin homicidios; pues se han mantenido a cero desde hace varios años. En unos, incluso, nunca ha habido un puesto policial (como el caso de San José Cancasque y Ojos de Agua) y cuando es necesario los agentes deben llegar de municipios cercanos.
Los beneficiados no dudan de que este resultado es producto del trabajo coordinado entre la comunidad y las instituciones que trabajaban ahí: Policía, Juzgado de Paz, Ministerio de Educación, de Salud, las iglesias y las organizaciones de cooperación.
Las autoridades locales saben que los proyectos de prevención de la violencia son clave para evitar que sus habitantes más jóvenes se involucren en hechos delictivos. Por eso, aunque la municipalidad tiene poco presupuesto, “sacrifica” la ejecución de algunas obras de infraestructura o busca ayuda de organismos no gubernamentales para darle prioridad a las acciones que contribuirán a que los indicadores de violencia se mantengan a la baja.