¿Cómo interpreta la decisión del presidente Bukele de destituir a la comisionada del IAIP, Liduvina Magarín?
Iniciar un proceso de remoción contra una de las comisionadas que ha estado evidenciando las diferentes irregularidades del Instituto deja cada a vez más claro que lo que se busca es desmantelar el Instituto de Acceso a la Información, es decir, debilitarlo, que sea más bien afín y sirva para entorpecer el acceso a la información en beneficio de las autoridades de turno y, en su momento, puede ser incluso de instituciones fiscalizadoras y de otros órganos del Estado. Hay que recordar que en 2013 el expresidente Mauricio Funes procuró no hacer el nombramiento de la primera generación de comisionados para que no entrara en funcionamiento el Instituto y es que la transparencia les da miedo, le da escozor a aquellos funcionarios públicos y que prefieren la opacidad para realizar su gestión y el uso de fondos públicos.
Antes de que se aprobara la ley de Acceso a la Información (LAIP) y entrara el IAIP ya vivíamos en una cultura de opacidad y eso es lo que se procuró eliminar con la fortaleza de que hubo comisionados que entraron con el interés y compromiso de promover una cultura de transparencia. Eso quedó evidenciado con diversos caos como el acceso a información de las auditorías, declaraciones patrimoniales de expresidentes y eso abrió el campo a todas las declaraciones, algo que la misma Corte ha retrocedido y que el Instituto ha aprobado. Recordemos los viajes del exfiscal general, los viajes de Mauricio Funes, el caso de Francisco Flores, y otros que han servido para evidenciar la corrupción en gobiernos anteriores.
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Al tener comisionados que puedan ser serviles a un poder del Estado se debilita el acceso a la información y la lucha contra la corrupción puede ir retrocediendo.
¿A su juicio, la destitución de la comisionada abona al debilitamiento del IAIP?
Estas acciones constituyen un atentado contra el Instituto y sientan un mal precedente para el acceso a la información y la transparencia. Con esto se está instalando y arraigando una cultura de opacidad como en tiempos anteriores. Es importante que la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fije nuevamente sus ojos y su atención en lo que está pasando; este derecho a la libertad de expresión, el derecho acceso a la información que se está deteriorando y que el mismo Relator de la Libertad de Expresión de la OEA pueda observar más de cerca qué es lo que está pasando y cómo se está afectando a un ente garante y que tiene que ser sobre todo independiente.
¿Esa debilitación del IAIP se viene percibiendo desde hace un tiempo?
Definitivamente vemos retroceso al interno del mismo Instituto y por ende al Instituto frente a los entes obligados. Cuando el nuevo presidente del Instituto asume el cargo y se da también las reformas al reglamento de la LAIP que le dan mayores atribuciones, vimos una serie de actuaciones que él tuvo, como aplicar la reforma, eso empezó a generar una división dentro del Instituto cuando venían realizando buenas prácticas desde plenos anteriores y generaban confianza como institución.
El presidente empezó a tomar decisiones más unilaterales en lugar de consultar con el pleno y eso generó dudas, por ejemplo, esa reunión con el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, empezó a ser cuestionable porque estaban en una serie de situaciones irregulares en el Instituto y donde se estaba permeando cada vez la confianza. Ya allí se da en el marco de que deciden revocar de oficio una resolución sobre las adendas a las declaraciones patrimoniales cuando ha sido la apertura a las adendas, a las auditorias, lo que contribuyó a las investigaciones de enriquecimiento ilícito, entonces en lugar de fortalecer lo que ya habían sentado precedente plenos anteriores, estos nuevos comisionados empiezan a generar retrocesos. Luego se incomodan que las mismas organizaciones, los periodistas, ciudadanía, den seguimiento a los plenos que tienen los comisionados y cancelan las grabaciones para que nadie se puede enterar.
¿Y para esto, dijeron que se sustentaban en la misma LAIP?
Exacto. En México el Instituto de allá, como una buena práctica incluso transmite en vivo sus sesiones de pleno. Si bien no hay una base en la que diga que deben de transmitir, eso no significa que no tengan que aplicar un principio internacional de acceso a la información pública que se llama transparencia activa. Esta aparejada al principio que rige el acceso a la información pública que es la máxima publicidad implica que si bien la ley no me manda a publicar alguna información, como institución lo publico porque deseo mejorar la rendición de cuentas, la confianza y la credibilidad de la gestión que estoy haciendo frente a la ciudadanía.
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La publicación y transmisión en vivo de las sesiones en pleno permiten una vigilancia y una contraloría social. Si al interior del instituto se está debilitando, se está favoreciendo el ocultamiento de información, si no veamos la postura del instituto frente a los abusos de reserva de información. Pongo de ejemplo el Ministerio de Salud con esta reserva al plan de vacunación, si el Instituto quisiera transparentar eso lo podría llegar a conocer de oficio, porque una de sus atribuciones es la desclasificación de información de manera oficiosa, podría empezar a indagar y revisar cuál es la información que se ha reservado y la que no corresponda empezar a generar de oficio un proceso de desclasificación... Lo que sucede con estos comisionados, no solo es el desconocimiento sino la falta de voluntad en transparentar.
¿Se percibe una pasividad del Instituto, un silencio?
Pasividad o silencio. No sé si más bien esa pasividad que se ve es con toda la estrategia de guardar silencio, pero también vemos a un Instituto que incluso hasta las audiencias suspende por tonteras. Estamos viendo que en lugar de ver un mayor protagonismo más bien están quedando tras bambalinas, en lugar de ser una institución garante, con robustez y fortaleza.
¿Se están tomando el Instituto el gobierno, los partidos?
Sí, hasta el momento eso es lo que está sucediendo. Es algo que también se denuncio en el gobierno pasado, que era del FMLN. Esto no es algo nuevo y por eso la ciudadanía debería de afianzar y fortalecer este proceso a fin de que los perfiles seleccionados sean los más idóneos porque la transparencia y el acceso a la información nos beneficia a todos. Además hay que llevar los perfiles técnicamente más preparados, ya no estamos para experimentar.
¿Usted decía que el IAIP es uno de los últimos bastiones contra la corrupción que nos quedaba, qué otra institución debemos cuidar?
Viendo este contexto actual de país nos preocupa muchísimo la Sala de lo Constitucional, que si bien la misma jurisprudencia de la sala no se puede hacer traslados de magistrados electos, en algún momento la misma configuración de la Asamblea pueda intentar remover magistrados que están bajo se elección. La Sala de lo Constitucional, desde el 2009 para acá, ha generado precedentes importantísimos y de avances en temas de justicia, transparencia y derechos humanos en el país... sus sentencias han sido de suma importancia para la defensa del estado derecho, la independencia de poderes y durante la emergencia por Covid… Ojalá otras instituciones como el TEG pudiese dar luces del trabajo que está haciendo, una sección de Probidad que nuevamente vuelve a estar aletargada y es necesario que se vuelva a activar y se visibilice la investigación de enriquecimiento ilícito que hace y estos casos puedan pasar a la parte civil y penal.
¿Habíamos avanzado un poco pero parece que volvemos al punto de donde iniciamos?
Totalmente. Tenemos nuevos retos, se ha abierto nuevos panoramas a raíz de este nuevo partido político incrustado en el Órgano Ejecutivo y también en el Legislativo, y todos aquellos funcionarios que tengan que ser nombrados por cualquiera de estos, si son incómodos y no cumplen las órdenes de este partido, entonces van a buscar que sean removidos. Así el deterioro del estado de Derecho, así el deterioro a la institucionalidad; en lugar de tener un compromiso para fortalecer la misma institucionalidad y que pueda servir para mejorar la transparencia para el combate a la corrupción, en El Salvador está evidenciando, frente a la ciudadanía y la comunidad internacional que no le interesa.
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