La Fiscalía registra 400 denuncias más de extorsiones este año

La extorsión es de los flagelos más oscuros que enfrentan en silencio miles de ciudadanos ya que las amenazas de muerte de los extorsionistas acaban con la tranquilidad de las víctimas, y a la vez es uno de los delitos más dañinos para la economía en El Salvador, toda vez que frena la apertura de nuevos negocios, provoca cierres de los mismos y obliga a invertir en seguridad privada, costos que son trasladados a los consumidores.

Este fenómeno de la criminalidad afecta desde vendedoras de pan en canastos hasta a dueños de talleres, panaderías, pupuserías y a distribuidores de productos alimenticios o bebidas, o familias que viven en zonas con presencia de pandilleros y que deben pagar “por la seguridad” de que no serán asesinados por quienes los chantajean.

A diferencia de la disminución que se registra en homicidios, este año no ocurre lo mismo con este delito que sí muestra un fuerte incremento. Según cifras de la Fiscalía General de la República, hay 2,504 personas -al 26 de octubre- que han sido víctimas de extorsionistas pero que se atrevieron a denunciar ante esta institución.

Para comparar, el año pasado a la misma fecha de octubre, la Fiscalía había procesado 2,103 denuncias, lo que indica que hay 401 casos más.

Desde siempre, este ha sido uno de los delitos escurridizos para las autoridades quienes consideran que mientras no hay denuncia es difícil atacarlo; y paras las víctimas como Omar, el dueño de un taller de reparación de motos, “es duro querer ir a denunciar porque es como meterse con quien te va a matar”.

Él dice que debe pagar 25 semanales para trabajar tranquilo.

Consultado sobre el incremento de casos de extorsiones de este año, el Fiscal General, Raúl Melara, advierte que “se mantiene” la tendencia.

“La extorsión se mantiene; si en algunos meses hay algunos picos nosotros, creemos que es porque la ciudadanía se está atreviendo a denunciar más y eso es importante, el hecho de que tengan confianza en las autoridades que están resolviendo de la manera correcta”, afirma Melara.

Contrario a lo que sucede con los homicidios, que en más de 95 por ciento de los casos quedan en impunidad, las denuncias por este delito son resueltos a favor de las víctimas en más del 95 por ciento los casos, según lo detalla el funcionario.

Solo en octubre hay una disminución de 57 denuncias, son 148 contra las 205 del año pasado. Y según la Fiscalía, los hombres son los que más sufren este flagelo (con proporción de 54/29). Mientras que personas entre 31 a 50 años son las principales víctimas.

La Policía Nacional Civil reporta más de dos mil capturas de delincuentes acusados de extorsión en este año; solo del 1 de junio al 13 de octubre fueron capturados y llevados ante los tribunales 742 hombres y mujeres que bajo amenazas de muerte a sus víctimas se hacían de dinero.

“Pagás o te mueres vos o le hacemos daño a tu familia”, es la sentencia que más repiten estos delincuentes que se valen de teléfonos celulares (tres de cada diez casos); o de amedrentar con pistola en mano a sus víctimas. Y el no pago es lo que habría dado paso a un asesinato del pasado lunes en Ilopango.

En ese municipio la Policía reportó la muerte violenta de Ana Arely Ordóñez, de 51 años, quien vivía en San Felipe, en la comunidad Nueva Jerusalén. Este fue un caso tipificado como extorsión. La víctima atendía una tienda y de acuerdo con las autoridades, un hombre, pistola en mano, llegó al establecimiento y le realizó un disparo a la cabeza. Aparentemente la señora no les había entregado el dinero que los delincuentes exigían.

Entre los municipios donde las personas más denunciaron ser víctimas de chantajes están San Salvador con 585 casos (hasta septiembre, según la Policía), seguido de Santa Ana, donde fueron procesadas 170 denuncias; La Libertad registró 150 y Sonsonate 127 casos.

Como una muestra de que este es un flagelo con el que a diario conviven los salvadoreños, el pasado 23 de octubre, las autoridades reportaron las capturas de 16 extorsionistas y colaboradores en diversos operativos desarrollados en Santa Ana, San Salvador y Cuscatlán.

Entre los anteriores hay dos reclusos, quienes exigían a través de llamadas telefónicas, y bajo amenazas, diversas cantidades de dinero a comerciantes en los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Santa Ana y Ahuachapán. La Policía no ha detallado en qué centros penales guardan prisión esos delincuentes que tenían los teléfonos a la mano.

Víctimas de extorsión 

“Si denuncio me pueden venir a matar”

Maritza Recinos (nombre ficticio por seguridad) es dueña de una panadería en Mejicanos y diariamente, en horas nocturnas, más de dos pandilleros le llegan a cobrar $15 en concepto de extorsión, lo que equivale a $105 a la semana.

Los pandilleros le han dicho que debe pagar por el negocio si no “quiere tener problemas con ellos” y para evitar inconvenientes la mujer ha decidido pagarles. En el caso de Recinos, porque su negocio está en su propia vivienda, los pandilleros la identificaron rápidamente y llegaron directamente a amenazarla.

“Un día vinieron dos muchachos que antes me venían a comprar, me dijeron que querían hablar conmigo y me dijeron que debía pagar por tener la panadería acá”, relata Maritza.

Su negocio lo inició hace seis años y desde hace cuatro paga la extorsión. La víctima asegura que el dinero que entrega diariamente es perder gran parte de su ganancia pero no tiene otra opción porque tiene miedo a denunciar ante las amenazas.

Además, dice: “yo tengo otra casa a la vuelta y quise ampliar la panadería y a los dos días de ponerla ya me estaban cobrando el doble por tenerla”, aseguró.

Por lo anterior, Maritza decidió solo dejar su negocio en la casa principal y ha optado por alquilar la otra vivienda, pero nadie quiere establecer negocio ahí por el mismo temor de pagar extorsión.

“Es lamentable porque no puedo crecer porque ya están ellos encima. La única solución sería irme porque si denuncio capaz me vienen a matar acá”, lamenta Maritza.

“No es extorsión, esto ya es normal”

Cuando se le pregunta al dueño del negocio de zapatería si los pandilleros lo siguen extorsionando, responde que “no, no es extorsión, esto ya es normal en el país, solo seguimos pagando la renta”. Lo dice de forma sarcástica ante su impotencia de no sentir apoyo de las autoridades.

Él y sus vecinos de los negocios pagan cuotas a veces hasta adelantadas, asegura, pese a las redadas de mareros y que algunos cabecillas han ido a parar a las cárceles.
“Allí llegan al local a traer la plata, las llamadas siguen y a veces piden adelantos”, dice.

A veces -asegura- le dan ganas de cerrar el negocio, pero recuerda que, en unos casos similares de cierre, cuando sus vecinos reabrieron, los pandilleros les aumentaron las cuotas del chantaje, les exigieron pagar los meses que no funcionaron y hasta llegaron a darles una paliza además de amenazarlos de muerte.

La extorsión que pagan estos comerciantes de una zona de Apopa van desde 20, 25, 50, 75 y hasta 100 dólares por mes.

A pesar de las medidas de seguridad, los renteros llegan a tiempo. Y en ocasiones, adelantados y exigen pagos dobles por “emergencias”, afirma, y esto suele pasar cuando ha sido capturado alguno de los cabecillas y necesitan dinero para pagar abogados o para “logística”.

El Diario de Hoy ha consultado a medianos y pequeños empresarios de varias zonas del país, por ejemplo de San Salvador, Mejicanos, en Soyapango, en Santa Ana, San Miguel y Usulután. Pero todos los que hablan lo hacen con temor a que se mencione incluso una posible ubicación.

“Vendedores pagaban $1 diario de extorsión”

Vendedores ambulantes, transportistas e incluso residentes en cierto sector de la capital han sido víctimas de extorsión de estructuras delincuenciales en los últimos años.

La Policía Nacional Civil registra que solo desde el 1 de junio hasta el 13 de octubre de este año, 742 personas fueron capturadas por el delito de extorsión, a esto se le suma los casos que ya han sido judicializados y que han llamado la atención por la forma en que operan estos delincuentes.

El pasado 25 de abril, el fiscal del caso “Harrison” reveló en el juicio que las vendedoras que se encontraban con su canasto dentro de los mercados pagaban $1 diario de extorsión.

También los propietarios de diferentes negocios como talleres mecánicos y comedores de la zona comercial de San Jacinto, el mercado y sus alrededores, eran extorsionados.

“Los comerciantes pagaban cantidades que rondaban entre $10 diarios hasta $200 quincenales a los pandilleros”, añadió el fiscal de este caso.

En otro proceso que se ventila en el Tribunal Sexto de Sentencia, se detalla que 50 sujetos de una clica de la MS son acusados de extorsionar a dueños de buses.

Las declaraciones de un testigo criteriado (con beneficios penales) revelaron cómo el grupo delincuencial operó para extorsionar a los propietarios.

Los pandilleros le cobraban $1 diario al dueño por cada unidad de transporte y si no pagaba lo amenazaban con matarle a los empleados; así la cantidad iba aumentando si el dueño se retrasaba en pagar.