El principal testigo de la Fiscalía General en el proceso judicial conocido como operación Cuscatlán declaró ayer que la pandilla mara Salvatrucha (MS) recogía más de 2 millones de dólares al mes, producto de las extorsiones a nivel nacional. Agregó que también recolectaba $700,000 mensuales como producto de la venta de droga que hacían todas las estructuras que integran esa pandilla en todo el país.
Noé, quien ayer terminó su declaración como testigo criteriado (con beneficios penales) en el delito de organizaciones terroristas, respondió con esas cifras monetarias al ser interrogado por el abogado Carlos Meléndez, quien es el defensor de varios cabecillas de la MS.
También, Meléndez le preguntó que si conocía la cantidad de vehículos, motocicletas, y armas de fuego que poseía la pandilla, Noé le respondió que eran “más de mil autos, más de mil motos, más de mil pistolas y 700 fusiles”.
Con respecto a la compra de cuatro ametralladoras M-60 que fueron hurtadas del Regimiento de Caballería en 2014, Noé aseguró que un alcalde de Sonsonate fue “el que le hizo el contacto con el militar a Leonel Leonardo (presunto pandillero) para efectuar la compra de las cuatro M-60”.
Noé expuso durante 16 días, las operaciones delictivas, como lavaban el dinero, los recursos que poseía la referida pandilla y los supuestos acercamientos de políticos a la misma para favores políticos en el juicio que se le sigue a 425 pandilleros y colaboradores de la MS. Entre los procesados están los cabecillas nacionales de esa mara.
Falta aún que exponga su declaración con relación a varios homicidios y el tráfico de armas de fuego.
En la parte final de su declaración, el testigo de la Fiscalía relató que en una ocasión, cuya fecha no proporcionó, realizó una compra de armas y granadas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp a traficantes en Honduras.
Aseguró que tuvo la venia de los cabecillas nacionales de la pandilla para realizar la compra porque “queríamos impactar a la sociedad y llamar la atención del Gobierno”.
En esa ocasión se adquirió 26 armas de fuego, entre pistolas y fusiles, 10 granadas fragmentarias y 21 chalecos antibalas, según el testigo.
Agregó que el armamento lo introdujeron al país por un punto ciego fronterizo en el sector de La Unión, pero no reveló el monto de dinero que habrían pagado por esas armas ni el destino de las mismas.
También relató que estructuras de la MS que operaban en La Unión, Morazán y Sonsonate; compraron lanchas para traficar droga y armas de fuego desde Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aseguró que cada lancha le costó $7,000 a la pandilla.
Uno de los fiscales del caso aseguró que la deposición del testigo Noé ha establecido que la MS “no es una simple organización ilícita, sino que es una organización terrorista que tiene incidencia para tener, en alguna medida, control sobre algunas actividades relevantes de nuestro país”.
Agregó que “han dicho que han tenido la capacidad de incidir en subir o bajar el índice de homicidios; así como también efectuar paros de transporte colectivo con la finalidad de infundir terror a la población”.