Más de $1.5 millones no han podido ser recuperados a favor de las arcas públicas debido a la falta de coordinación entre la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar esos cobros, según una investigación realizada por varias organizaciones.
El estudio, hecho por Tracoda (Transparencia, contraloría social, datos abiertos), Fusades (Fundación salvadoreña para el desarrollo social) y Conexión, con financiamiento de USAID, analiza el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte y que la Fiscalía reporta como ejecutadas, cuyo porcentaje de recuperación de fondos es bajo.
El documento fue presentado esta semana durante un conversatorio en el que participaron autoridades y representantes de la Corte de Cuentas, de la Fiscalía y de organizaciones de la sociedad.
Los investigadores de esas entidades, que forman parte del Observatorio Ciudadano a la Corte de Cuentas, analizaron sentencias emitidas entre 2015 y 2018 y encontraron que de aquellas condenas que implicaron un perjuicio contra el patrimonio del Estado solo $23,208.36 retornaron a las arcas públicas, pero $1,231,791 siguen sin ser cobrados.
En el caso de las condenas de tipo administrativas, el estudio indica que el monto por cobrar es de $294,419.06 y la cantidad recuperada es de $77,093.21.
Eso implica que en total es $1,526,210.33 los fondos que no han sido recuperados hasta la fecha de las sentencias analizadas.
De acuerdo a la ley, la Fiscalía es la que se encarga de cobrar los montos que la Corte impone en sus sentencias contra funcionarios públicos, ya sea en concepto de multas por no haber cumplido normativas legales (administrativas) o por haber causado un daño económico contra la institución estatal (patrimoniales).
Diego Jacobo, investigador de Tracoda en el Observatorio Ciudadano, explicó que el monto puede ser más, pero que debido a las dificultades que tuvieron durante la investigación para obtener información no pudieron ahondar más en los datos.
“Hemos concluido que ha sido muy difícil hacer una verificación independiente como ciudadanía de la información que la Corte de Cuentas reporta como sentencias ejecutoriadas, porque no son exactamente los mismos datos que maneja la Fiscalía. Es difícil hacer esa verificación, porque no tenemos el acceso a los expedientes ni a las sentencias acumuladas”, afirmó Jacobo.
Incluso, dijo que encontraron errores, como por ejemplo que entre 2015 y 2018 no se reportan sentencias ejecutoriadas por la Fiscalía emitidas por la Cámara Séptima de Primera Instancia de la Corte, pese a que la entidad contralora reporta 99 sentencias, entre las cuales más de alguna debe ser condenatoria y hay fondos por recuperar.
“Los porcentajes de cobro andan por el 26% en el caso de las administrativas y el 2% en el caso de las patrimoniales. Esto es una oportunidad de mejora”, añadió el investigador.
Corte y Fiscalía admiten problemas
Tanto en la Fiscalía como en la Corte admitieron los vacíos que hay, pero cada entidad tiene sus argumentos.
“Como Fiscalía, el punto esencial para hacer un cobro efectivo de las sentencias es cuando ya son notificadas las ejecutorias de las sentencias, mientras tanto Fiscalía no puede hacer efectivas las sentencias. Si bien es cierto la Corte de Cuentas puede tener 500 sentencias emitidas, pero ¿cuántas han sido ejecutoriadas y notificadas a Fiscalía? Dependemos de ese acto de ejecución para hacer los cobros respectivos”, explicó Roxana de Ponce, jefe de la unidad de juicios de cuentas y multas de la Fiscalía, quien participó en el conversatorio.
La funcionaria añadió que también deben tomar en cuenta si los que han sido condenados apelan la sentencia ante la Cámara de Segunda Instancia de la Corte, porque no tiene plazos para emitir sus fallos y pueden pasar hasta cuatro años en esa instancia sin que haya una sentencia firme.
Carlos Aparicio, secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte, que también participó en el conversatorio, destacó que las sentencias de la Corte de Cuentas “no son intenciones, se tienen que cumplir” y que por tanto todo deudor tiene que pagar.
La presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, reconoció que hay limitantes. “Hay una deficiencia en cuanto a la implementación de la tecnología en ambas instituciones, recordemos que tenemos limitantes en cuanto a nuestro presupuesto y un costo para establecer un sistema de registro de forma digital es un poco complicado. Hemos reconocido esta deficiencia que tiene la institución para establecer la transabilidad de la información”, afirmó.
Añadió que cada institución tiene que cumplir sus competencias, tanto las que les manda la Constitución como las leyes.
La presidenta de la Corte también admitió que es importante la coordinación entre ambas instituciones.“Ya conversamos con el Fiscal General para hacer un convenio que nos ayude a agilizar esta cooperación, estamos en análisis todavía”, mencionó.
Rivas Landaverde dijo que le gustó el estudio, porque justamente los vacíos que se señalan ya habían sido detectados y varios de ellos han sido incorporados en la propuesta de reforma a la ley de la Corte de Cuentas que pretende presentar a la Asamblea en próximos días. “Estamos estableciendo medidas cautelares, porque la Fiscalía dice que hay montos que son irrecuperables; casos desde 1980 a esta fecha se vuelven inaplicables. Pero si se implementan medidas cautelares vamos a poder, en el momento, garantizar la sentencia”, explicó.
Se le consultó de cuánto es la mora de sentencias en la Corte y respondió que “es un retraso histórico de administraciones anteriores”, pero que en la administración actual llevan más de 150 sentencias emitidas en el segundo año de gestión y que son alrededor de $15 millones que deberían recuperarse.
Sobre los reportes de Fiscalía de los montos recuperados, dijo que la institución les envía reportes semanales. “El problema es que las cantidades son risibles respecto al monto condenado. Hay veces que pueden reportar $8,000 y otras $2,000, allí se ve que a pesar de que ellos estén haciendo la gestión, la gente no tiene voluntad de pago”, acotó.
Poco acceso a la información
Durante la investigación, las organizaciones encontraron que la Corte no tiene registros consolidados por lo que no es posible saber cuántas sentencias se hacen llegar a la Fiscalía o en qué estado se encuentran; tampoco pudieron cotejar los montos que reporta la Fiscalía con los que indica la Corte, ni cual es el porcentaje de lo cobrado que corresponde a las sentencias analizadas del período 2015 a 2018.
En ese sentido, concluyeron que para la ciudadanía no puede verificar los datos de ambas instituciones. “Dificulta el tema de la transparencia porque no se puede hacer una verificación de la información y se genera impunidad. Hay un poco de opacidad en el proceso”, afirmó Diego Jacobo sobre las cortapizas con las que se encuentran los ciudadanos para acceder a la información de los fondos recuperados, tras las sentencias.
La representante de la Fiscalía defendió que la institución cuenta con una unidad de acceso a la información encargada de dar la información hacia afuera, aunque reconoció que sí tienen “cierta reserva” y “filtros” en alguna información.
