El Fiscal General de la República, Raúl Melara, dijo este sábado a través de Twitter que apelará la resolución de la Cámara Primero de lo Penal que el pasado jueves resolvió que “no hay delito” en el caso del magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, acusado de agresiones sexuales en contra de una niña de 10 años en Soyapango.
La corte consideró que no era de su competencia enviar a juicio al magistrado y resolvió que el hecho podría constituirse una falta. El proceso fue enviado a un juzgados de Paz de San Salvador donde se decidirá si Escalante Díaz es culpable o no.
En su momento los fiscales señalaron que estudiarían a fondo la resolución de la Cámara para determinar si se pedía la nulidad de la misma, no obstante, este mañana, el fiscal general manifestó su “decisión firme” de pedir la revisión del fallo. Melara acompañó el tuit con el hashtag #TocarNiñasSíEsDelito con el que se ha iniciado una campaña en redes sociales en rechazo al fallo.
Organismo nacionales e internacionales también se han pronunciado este sábado y piden que se respete el debido proceso. Fespad solicitó a las autoridades judiciales y administrativas competentes “actuar con la debida diligencia en atención al principio del interés superior de la niña, establecido en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos”.
La ONG también pidió al nuevo procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, que se pronuncie en cuanto “si existió vicio en la investigación” y que “reafirme su compromiso de protección y tutela de derechos humanos en la niñez y adolescencia”.
“Rechazamos de manera enérgica la resolución de la corte, privilegiando al señor Escalante Díaz y poniendo en una mayor vulneración a la niña, al ser una víctima más de las desigualdades de la justicia, pues, no tiene protección ni seguridad jurídica”, manifestó.
Por su parte, organizaciones internacionales que integran la alianza “Uniendo Fuerzas para poner fin a la violencia contra la niñez” en El Salvador exigieron a la Cámara Primero de lo Penal, corte que conoció el caso, que “resuelva y analice jurídicamente aplicando la normativa internacional y nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia”.
Según el abogado defensor de Escalante, Luis Peña, la legislación salvadoreña establece que este tipo de falta “no pone en riesgo la intimidad o libertad sexual de la personas porque es instantáneo”.
Eduardo Jaime Escalante Díaz fue detenido el 19 de febrero en la residencial Altavista en la jurisdicción de Tonacatepeque. La Policía lo puso a la orden del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, para que iniciara los trámites correspondientes de ley. Quijano informó al siguiente día que el magistrado estaba en casa y que tenía asignado un empleado legislativo.
El 22 de febrero, la Fiscalía General de la República solicitó a la Asamblea Legislativa que le quitara el fuero constitucional que gozaba y que impedía que el magistrado Escalante Díaz fuera procesado.
Cuatro días después de la petición, en una sesión plenaria extraordinaria los diputados autorizaron que se iniciara el proceso de antejuicio contra el magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil y crearon una comisión especial.
El 1 de marzo anterior, la comisión especial dictaminó que era procedente levantarle la inmunidad.