Un aproximado de 400 empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha tenido un ajuste salarial en la actual administración, lo cual implicará un aumento de $1,209,580 en el gasto por remuneraciones en el presupuesto de la institución para 2020.
La Corte tiene una planilla de 1,363 empleados, es decir que el 29.34% ha tenido un alza en su sueldo luego del ajuste, el cual no implica un incremento de personal porque respecto a 2019 solo aumentó una plaza.
La mayoría de empleados están bajo la modalidad de contrato:1,040 personas, y por Ley de salarios:322 personas, cuyo gasto total en sus remuneraciones es de aproximadamente $24,100,000 al año, según el presupuesto actual.
En 2019, el plan de gastos de la Corte fue de $43,433,920, mientras que en 2018 fue de casi $40,900,000, lo que implica un aumento de $3,400,000 en los últimos dos años.
De acuerdo al plan de gastos que el Ministerio de Hacienda ha presentado a la Asamblea Legislativa, el ente contralor ha solicitado $44,300,000 para el otro año, es decir que tendría un aumento de $900,000 respecto al del año anterior. De esos fondos, la Corte tiene previsto destinar una parte a la remodelación del edificio, e incluso cambiarse de sede (ver nota aparte).
Para el otro año, la institución tendría alrededor de $43,100,000 para su funcionamiento y $1,200,000 para inversión pública.
El magistrado Roberto Anzora Quiroz explica a El Diario de Hoy que el incremento de más de $1,200,000 millones que han solicitado para 2020 obedece a que en 2018 decidieron “ordenar la organización y hacer una clasificación de plazas al interior de la Corte de Cuentas”.
“Para eso implementamos una medida de austeridad y llegamos a acumular algunas economías salariales que nos permitieron tomar estas medidas organizativas, porque era muy interesante que hubiera una clasificación en los diferentes puestos de la Corte de Cuentas y que éstos se democratizaran y hubiera igualdad salarial para las mismas funciones”, explica el magistrado.
Sin embargo, el funcionario admite que para seguir pagando esos salarios que ajustaron necesitarán tener más fondos.“Sabíamos que para este próximo ejercicio nosotros teníamos que solicitar un ajuste del presupuesto para seguir financiando esa organización que hicimos, por eso es que no se refleja un aumento en las plazas”, dice.
“No es aumento, es reclasificación”
El magistrado asegura que “no fue como tal un aumento de salarios, lo que hicimos fue una reclasificación de plazas”.
Por ejemplo, dice, se encontraron con casos como el de un colaborador jurídico que tiene un salario de $1,600, pero otro colaborador que tenía las mismas competencias y el mismo rendimiento era remunerado con una plaza de ordenanza con salario de $700 u $800 al mes.
Eso, añade el funcionario, se debía a la “desorganización” que encontraron cuando llegaron a la Corte. Los magistrados fueron elegidos por la Asamblea en agosto de 2017.
“Esto nos estaba causando desmotivación e impactaba negativamente en el clima laboral de la institución. Eso nos llevó a hacer estos ajustes, por eso es que no podemos decir que son aumentos sino que lo que hicimos fue organizar, dar un orden y homogeneidad al escalafón de plazas”, argumenta.
La magistrada María del Carmen Martínez Barahona también explica que los ajustes salariales fue para ordenar la casa.
“Eso es parte de un ordenamiento administrativo que se ha hecho en 2018 y 2019 porque había un gran desorden en las plazas”, apunta.
Y también cuenta que había personas que estaban en el área jurisdiccional que tenían plazas, por ejemplo, de ordenanza, de vigilante, motorista. “Entonces, lo que se hizo fue ordenar esas plazas y clasificarlas en el rango que les corresponde, de tal manera que el talento humano tuviera, según la función que realiza, la misma remuneración”, agrega.
Los funcionarios indican que las áreas en las que revisaron las plazas fueron en la jurisdiccional y en la administrativa, ya que eran las que estaban “más descuidadas”; en cambio en el área de auditoría la clasificación de plazas era homogénea.
“Eso es lo que nos genera un costo un poquito elevado por lo que es el proyecto de reclasificación, pero ya queda ordenada la parte jurisdiccional y la parte administrativa”, justifica la magistrada.
Para cumplir auditoría
Otra de las explicaciones que da la magistrada es que debían hacer el ajuste de los salarios porque fue una de las observaciones que les hicieron en una auditoría externa.
“Es uno de los señalamientos que nos hizo la auditoría externa, y la que nos envía la Asamblea Legislativa, que había un desorden en el área de recursos humanos y en el área de la plazas, entonces era necesario cumplir con esa oportunidad para poder mejorar y que cuando nos hagan nuevamente no encuentren el mismo desorden”, asegura Martínez Barahona.
También dice que la Corte está en la obligación de presentar una evaluación de desempeño del talento humano de la institución.
“Si no lo implementamos cuando nos vuelvan a hacer la auditoría nos van a hacer el hallazgo”, agrega.
La última auditoría que la Asamblea hizo a la Corte de Cuentas fue en 2014 y serán retomadas a partir de este año. Dicha auditoría costará $300,000 y los fondos están incorporados en el presupuesto legislativo.
Otros planes previstos por la Corte con el incremento de $900,000 en el plan de gastos del otro año es “potenciar el Centro de investigación y capacitación de la Corte de Cuentas”, para lo cual han previsto “adquirir algunos inmuebles para el funcionamiento del centro de capacitación”, explica el magistrado Anzora. Además, dice el funcionario que pretenden impulsar el área de fiscalización y para ello necesitarán adquitir equipos tecnológicos.
En tanto, en el presupuesto se refleja una disminución de $300,000 en el rubro de inversión pública y el magistrado explica que se debe a que “algunas de las necesidades se han ido evacuando este año”.