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Proyectos inmobiliarios suman $633 millones en emisiones digitales, ¿qué significa?

Proyectos inmobiliarios y de construcción acumulan $633 millones en emisiones de activos digitales. Te explicamos qué representa la cifra y cómo funciona este financiamiento.

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Resumen del artículo:

El financiamiento mediante activos digitales gana espacio entre proyectos inmobiliarios y de construcción en El Salvador. Hasta el 4 de septiembre de 2026, la CNAD contabilizaba 55 registros que sumaban $633 millones en emisiones desde 2023. El mecanismo permite estructurar instrumentos como tokens de deuda o vinculados con ingresos futuros de los proyectos. La cifra corresponde al monto de las emisiones reguladas y no implica, por sí misma, que todo ese dinero ya haya sido captado o invertido en obras. La actividad se desarrolla bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales y la supervisión de la CNAD.

Proyectos inmobiliarios y de construcción regulados por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) acumulan $633 millones en emisiones de activos digitales, distribuidos en 55 registros desde que la institución comenzó sus operaciones en 2023 y hasta el 4 de septiembre de 2026, según datos divulgados por la entidad.

Pero ¿qué representan esos $633 millones? La cifra corresponde al monto acumulado de las emisiones registradas vinculadas con proyectos inmobiliarios y de construcción que utilizan activos digitales como mecanismo de financiamiento. Por tanto, el dato no debe interpretarse automáticamente como $633 millones ya invertidos o ejecutados en construcciones.

La tokenización permite representar digitalmente determinados derechos económicos vinculados con un proyecto. La propia CNAD explica que la legislación salvadoreña no establece una lista cerrada de bienes que pueden tokenizarse y señala que tanto bienes como derechos con contenido económico pueden ser sometidos a este proceso, sujeto a la evaluación de cada proyecto.

La Ley de Emisión de Activos Digitales define un activo digital como una representación digital que puede almacenarse y transferirse electrónicamente mediante tecnología de registro distribuido u otra tecnología similar. La normativa regula las ofertas públicas, los emisores y los proveedores que participan en estas operaciones.

Construcción e inmobiliarias figuran entre las actividades que han recurrido a emisiones de activos
Construcción e inmobiliarias figuran entre las actividades que han recurrido a emisiones de activos digitales en El Salvador. Foto de referencia IA

Emisión no significa dinero ya invertido

La distinción es relevante para entender el dato de los $633 millones. Una emisión establece activos digitales que pueden ser ofrecidos bajo determinadas condiciones, pero la cifra autorizada o registrada no permite afirmar, por sí sola, cuánto dinero ha sido efectivamente colocado entre inversionistas o cuánto se ha desembolsado para ejecutar las obras.

La CNAD mantiene un Registro Público de Emisiones en el que aparecen el número de registro, fecha, identificación del activo, emisor y proveedor relacionado con cada operación. El registro incluye emisiones vinculadas con diferentes empresas y actividades.

Para una oferta pública, el emisor debe cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Emisión de Activos Digitales y sus reglamentos, contar con un estructurador registrado y presentar, entre otros documentos, un Documento de Información Relevante (DIR) y un informe elaborado por un certificador registrado ante la CNAD.

La Comisión señala que dispone de cinco días hábiles para evaluar y aprobar o denegar la habilitación de una emisión pública una vez presentado el procedimiento correspondiente. Cuando es aprobada, se asigna un asiento registral al emisor y a la emisión después del pago de la tasa respectiva.

FOSAFFI anunció dos subastas públicas judiciales de inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad. Foto / Cortesía FOSAFFI.
FOSAFFI anunció dos subastas públicas judiciales de inmuebles ubicados en San Salvador y La Libertad. Foto / Cortesía FOSAFFI.
¿Cualquier persona puede invertir?

También existe una diferencia entre una oferta pública y una privada. Las emisiones privadas están dirigidas directamente a un máximo de 50 inversionistas calificados y no pueden utilizar medios masivos para convocar al público general.

El reglamento considera inversionistas calificados, bajo determinadas condiciones, a instituciones financieras y otros participantes registrados, así como a personas naturales o jurídicas que cumplan requisitos patrimoniales. Entre los criterios establecidos figura disponer de al menos $500,000 en activos invertibles, excluyendo la residencia o domicilio principal, según corresponda.

Esto significa que no todas las emisiones registradas están necesariamente dirigidas a cualquier persona. Antes de considerar una operación concreta es necesario identificar si se trata de una oferta pública o privada y revisar las condiciones establecidas en la documentación de esa emisión.

La Ley de Emisión de Activos Digitales establece que el marco regulatorio busca dar certeza jurídica a las operaciones realizadas mediante estos instrumentos, regular a los participantes y proteger los intereses de los adquirentes.

carretera Panamericana en Los Chorros
Las obras continúan en el sector de Los Chorros, donde el MOP ejecuta trabajos de excavación, demolición y construcción de las estructuras del nuevo viaducto. Foto MOPT

Construcción crece 10.7 % en 2026

Las emisiones se registran mientras el sector construcción mantiene crecimiento. Según cifras del Banco Central de Reserva (BCR) citadas por la CNAD, la actividad de Construcción creció 10.7 % interanual en junio de 2026.

En el mismo mes, el Consumo Aparente de Cemento aumentó 13.1 %, mientras las actividades inmobiliarias crecieron 7.1 %. El BCR identifica el acceso al financiamiento como uno de los factores relacionados con el desempeño de ambos sectores.

Para la CNAD, la tokenización funciona como un canal adicional de financiamiento para el sector, complementario al crédito bancario. Cada emisión pasa por procesos de registro y análisis financiero, legal y de riesgo antes de ser habilitada y permanece bajo supervisión durante su vigencia.

La Comisión dará a conocer el 21 de septiembre un balance más amplio de sus tres años de operaciones, con información sobre su gestión en regulación y supervisión de activos digitales.