FMI confirma reforma de pensiones en El Salvador para 2027, ¿Qué podría cambiar?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el Gobierno de El Salvador reformará la Ley Integral del Sistema de Pensiones durante 2027, una medida incluida entre los compromisos asumidos por el país dentro del acuerdo suscrito con el organismo en 2025.

La reforma de pensiones ha formado parte de la discusión económica durante este año. El FMI había solicitado que El Salvador presentara una propuesta a más tardar el 10 de febrero, pero hasta ahora no se ha dado a conocer públicamente un proyecto de ley. La nueva referencia sobre el proceso aparece en el comunicado divulgado por el organismo.

El economista Rafael Lemus considera que los cambios al sistema previsional podrían aprobarse después de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027. De ocurrir así, la modificación tendría un retraso de un año frente a la programación original establecida dentro del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $1,400 millones.

Análisis publicados por firmas como Fitch Ratings y la inglesa EMFI también han planteado que la reforma podría posponerse hasta después de las votaciones para evitar un «coste político» relacionado con los cambios que podría incorporar.

En su comunicado, el FMI señaló que «continuará el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones, así como mediante la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI».

Reforma de pensiones incluiría cambios en parámetros del sistema

La reforma del sistema de pensiones está relacionada con uno de los componentes del acuerdo entre El Salvador y el FMI: la consolidación fiscal y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Dentro de esas obligaciones se encuentra la deuda previsional, correspondiente a los recursos que el Gobierno ha tomado para financiar el pago de las pensiones de trabajadores que se jubilaron antes de la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El sistema también enfrenta una baja densidad de cotizaciones y el envejecimiento de la población, elementos vinculados con la discusión sobre modificaciones a sus parámetros actuales.

Lemus explicó que una reforma paramétrica puede abarcar cambios en la edad de retiro, el tiempo de cotización, los porcentajes de beneficios y las tasas de aporte correspondientes al empleador y al trabajador, entre otros componentes relacionados con el ahorro para la jubilación.

Economistas consultados meses atrás por El Diario de Hoy señalaron que uno de los ajustes podría ser elevar la edad de jubilación de los hombres hasta los 65 años y la de las mujeres hasta los 60. Esto representaría un incremento de hasta cinco años respecto de las edades actuales.

También se ha planteado un posible aumento de las cotizaciones. El economista de la UCA Mario Montesino señaló en febrero que estas modificaciones estarían enfocadas en «reestablecer la sostenibilidad fiscal del gobierno» y no principalmente en mejorar las condiciones de los cotizantes.

Elecciones de 2027 antecederían a la reforma previsional

Los posibles cambios al sistema de pensiones forman parte de las razones por las que los análisis de firmas internacionales mencionados consideran que la reforma podría tener un impacto político si fuera aprobada antes de las elecciones de 2027.

Lemus resumió su expectativa sobre el calendario de los ajustes con la frase: «Después de las Elecciones de 2027, se viene la medicina amarga».

La expresión también ha sido utilizada por el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, quien explicó que un costo político negativo podría ser contraproducente para los objetivos que buscan el FMI y el Gobierno en relación con las finanzas públicas.

La discusión sobre la reforma ocurre mientras la deuda del Gobierno vinculada con los ahorros previsionales supera los $11,714 millones. Al mismo tiempo, se aproxima el vencimiento de un período de gracia iniciado en abril de 2023, durante el cual el Gobierno no ha pagado intereses ni capital por esa deuda.

Según Standard & Poor’s, las obligaciones relacionadas con el vencimiento alcanzarían aproximadamente $2,400 millones entre intereses acumulados y los correspondientes a 2027.

El vencimiento de esas obligaciones y la reforma paramétrica del sistema de pensiones aparecen así entre los temas relacionados con el acuerdo que El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional.