Deuda del Gobierno con pensiones supera los 11 millones

La deuda del Gobierno de El Salvador con el sistema de pensiones alcanzó los $11,714.38 millones en julio de 2026, después de aumentar $44.5 millones durante ese mes, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central de Reserva (BCR). La obligación previsional continúa creciendo a pocos meses de que finalice el período en el que el Estado no ha pagado capital ni intereses sobre esta deuda.

El saldo actual es $3,269.76 millones mayor que los $8,444.62 millones registrados en enero de 2023, cuando comenzó a aplicarse la actual reforma de pensiones. Desde entonces, la deuda ha crecido 38.7 %, con un aumento promedio de hasta $77.85 millones mensuales durante ese período.

Solo entre enero y julio de 2026, las obligaciones del Gobierno con el sistema previsional aumentaron $380.93 millones. El monto pasó de $11,333.45 millones al inicio del año a $11,714.38 millones siete meses después, equivalente a un incremento de 3.4 %.

Eso representa un crecimiento promedio mensual de $54.42 millones durante los primeros siete meses de 2026.

Las cifras disponibles, sin embargo, son preliminares. El BCR y el Ministerio de Hacienda realizan actualmente un proceso de conciliación de los datos correspondientes a la deuda pública, por lo que los montos publicados pueden diferir de los reportados anteriormente.

Certificados previsionales elevan la deuda del Gobierno

El aumento de la deuda previsional está relacionado principalmente con la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP).

A través de estos instrumentos, el Gobierno obtiene recursos provenientes de los ahorros de los trabajadores para financiar el pago de las pensiones correspondientes a jubilados del sistema que funcionaba antes de la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

La emisión de estos certificados ha continuado después de la entrada en vigor de la reforma previsional de 2023, mientras el saldo total de las obligaciones del Estado con el sistema de pensiones sigue aumentando.

Al mismo tiempo, se acerca el vencimiento del período de gracia establecido para esta deuda. Desde 2023, el Gobierno no ha tenido que efectuar pagos de capital ni de intereses bajo ese mecanismo.

Ese plazo finalizará en abril de 2027. A partir de entonces, el Estado deberá retomar el pago de los compromisos asociados con la deuda previsional.

S&P calcula un pago de $2,400 millones en 2027

Standard & Poor’s (S&P) señaló en su análisis más reciente sobre la calificación de El Salvador que los intereses acumulados durante el período de gracia, junto con los intereses que deberán pagarse en 2027, representarían un desembolso puntual de $2,400 millones.

Según la firma calificadora, ese monto equivale al 5.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En análisis anteriores, S&P también indicó que el período de gracia permitió al Gobierno ahorrar hasta $500 millones anuales en pagos de intereses desde la entrada en vigencia de la reforma previsional.

El vencimiento de ese beneficio implicará que esos pagos vuelvan a formar parte de las obligaciones que deberá atender el Estado.

Reforma de pensiones acordada con el FMI sigue pendiente

El crecimiento de la deuda ocurre además mientras continúa pendiente una propuesta de reforma de pensiones incluida entre los compromisos asumidos por El Salvador dentro del acuerdo de financiamiento de hasta $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La propuesta debía estar preparada a más tardar el 10 de febrero de 2026. Hasta ahora, sin embargo, no se ha conocido públicamente un proyecto de ley.

El FMI ha planteado la necesidad de introducir cambios en el sistema de pensiones con el objetivo de reducir el ritmo de crecimiento de la deuda previsional y mejorar su sostenibilidad de largo plazo.

El retraso de esa reforma también figura entre los factores que han afectado el avance del acuerdo con el organismo internacional.

De acuerdo con S&P, las demoras en algunos de los compromisos establecidos con el FMI han frenado el acceso de El Salvador a nuevos desembolsos.

El Gobierno espera avanzar durante la segunda mitad de 2026 en varias de las medidas que permanecen pendientes para recuperar el acceso a esos recursos.