"Lavado de dinero” es la acusación a la que casi invariablemente recurren los fiscales y esbirros de las dictaduras al procesar personas que “incomodan” a un régimen, como impunemente lo hizo Ortega para sacar de la contienda electoral a sus principales opositores y evitar una segura derrota en los comicios de noviembre pasado.
De la misma manera ha procedido el régimen guatemalteco contra el destacado periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, a quien ha encarcelado en una guarnición militar sin que hasta ahora lo haya presentado en audiencia ante un juez como corresponde ni que su abogado haya podido ver la acusación formal, según se denunció.
Es lo mismo que hace el régimen salvadoreño con el estado de excepción: detiene a miles de salvadoreños y, ante la ausencia de evidencias en muchos de los casos, no los presenta al juez tres días después de la captura, sino 15 días y quizá hasta seis meses, de acuerdo con las denuncias que han hecho sus familias.
Para cerrar el círculo de la arbitrariedad, decretan “reserva”, es decir, que los casos sean secretos para la colectividad, de tal manera que nadie pueda conocer las ilegalidades que se pudieran estar cometiendo o si se están fabricando evidencias.
“Lavado” es un delito aplicado al procedimiento de limpiar caudales obtenidos con el tráfico de drogas y armas, pero también a fondos producto del contrabando, de negociaciones ilícitas y de corrupción de funcionarios y su red de cómplices.
Lava dinero quien hace préstamos y erogaciones diversas usando dinero proveniente de la droga o de la corrupción estatal, como el saqueo de 351 millones de dólares de los salvadoreños del que se acusa a Funes, fugado en Nicaragua. Varios personajes ligados a él están siendo procesados por presuntamente participar en el saqueo, como también se ha dado en el caso Saca.
Dinero procedente de la corrupción de funcionarios, como los señalados en las sucesivas listas Engel hechas públicas, constituye también lavado y se persigue de oficio.
Para justificar el incalificable atropello al connotado periodista José Rubén Zamora, el régimen de Giammattei —un desgobierno en el cual varios de sus principales allegados están señalados en las lista Engel, como ocurre también aquí en El Salvador— lo procesa como “empresario”, no como periodista, pero la sucia maniobra está siendo denunciada por las entidades que velan por la libertad de expresión, que rechazan el vil engaño, entre ellas el Gobierno de los Estados Unidos.
Cuando son muchos los personajes alrededor de un mandatario señalados como corruptos, es válido aplicar el viejo adagio de “dime con quién andas y te diré quién eres”.
¿Qué debe de ser lo que irritó a Giammattei? ¿Que el periodismo responsable de Guatemala —pues hay periodismo oficialista que no se cansa de quemar incienso en los altares de las dictaduras— expone con bastante claridad las sinvergüenzadas, saqueos y malos pasos de funcionarios, sus parentelas, allegados y amigatelas, como es lo usual en esta tierra centroamericana?
La respuesta: Zamora “es uno de los principales críticos del gobierno de Alejandro Giammattei, y su detención se produjo cinco días después de fuertes denuncias contra varios funcionarios y exfuncionarios por corrupción en una sección dominical del matutino”, explicó El Periódico en un comunicado publicado en Twitter.
Allí están metidos los dictadores: en sus muy personales cárceles
Los tiranos no cobran conciencia de que en la medida que sus desmanes y crímenes van acumulándose, ellos se encargan de montar su propia cárcel, que cada día que pasa dejan menos, no se atreven a salir de ellas ni mucho menos a irse de viaje a visitar a otro dictador.
Debe de ser esa rabia, comprender que a diferencia del común de las personas pueden sacar una mecedora a la acera o ir a disfrutar la compañía de amigos y familiares en alguna población vecina, les está vedado. Dentro de sus prisiones todos los días ven a las mismas personas y a lo sumo bromean con alguno de los cancerberos que fusil en mano están en las puertas de su “casa”, es decir, su prisión personal…