Según el dictamen acordado este lunes en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, si no se realiza una modificación a la Ley de Salarios de 2022 del Ramo de Justicia y Seguridad Pública; 743 agentes de la Policía que aspiran a graduarse como Sargentos; y otros 12 que subirían al nivel de Inspector, se verían frustrados, porque actualmente el Ministerio de Seguridad no cuenta con los recursos para absorberlos.
Para ello, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron dictaminar favorable a la petición que les hizo llegar el viceministro de Hacienda y Encargado del Despacho, Jerson Rogelio Posada Molina, el pasado 7 de junio, en la que solicitó a los diputados que aprobaran una modificación a la Ley de Salarios vigente del Ministerio de Seguridad para incorporar $4 millones que servirán para abrir 743 plazas de Sargento que comprendería el pago de salarios y demás prestaciones entre septiembre a diciembre de 2022.
Así como 12 plazas para Inspectores, para lo cual requiere de $152,874 para el pago de salarios de los nuevos oficiales entre julio a diciembre de 2022, haciendo un total de $4.1 millones que serán reorientados al Ministerio de Seguridad.
Según el dictamen, los agentes recibirán además de su salario, aportaciones patronales, complementos, bonificación trimestral y aguinaldo, los cuales serán cubiertos con cargo a las economías salariales que se generen por la corporación policial.
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En total, los ascensos que la Policía tiene previsto son de 800 agentes que pasarían a ser Sargentos y 45 oficiales que suben al cargo de Inspectores.
Lo anterior ocurre tras el anuncio del despido de 600 empleados de la Policía en mayo de 2022. Todos serían obligados a retirarse por ser mayores de 60 años de edad.
Según un memorándum interno de la Policía al que El Diario de Hoy tuvo acceso, entre los destituidos hay médicos, especialistas de la Unidad de Contrataciones Públicas (UACI), así como peritos y especialistas. En el grupo de los despedidos también se cuentan pilotos y técnicos del Grupo Aéreo Policial.
Los afectados manifestaron que las indemnizaciones que les piensan otorgar no alcanzan para pagar sus deudas. Además, que la prestación no sería entregada de inmediato.
La Asamblea Legislativa avaló a principios de mayo y de forma exprés la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), para mayores de 60 años, un decreto que fue avalado 40 días después de que habían cesado a oficiales y agentes que sobrepasaban esas edades.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien en esa ocasión dio que la iniciativa buscaba dar una compensación económica para que “se puedan retirar de la institución de una manera digna". Según el funcionario, en esa ocasión dijo que unos 3,000 miembros de la PNC y de la ANSP podrán acogerse al retiro.
Según el decreto, al personal policial del nivel Superior y Ejecutivo se le otorgará una compensación económica de hasta un máximo de 12 salarios, y para el nivel Básico no podrá exceder los 24 salarios mínimos. En el caso del personal administrativo, técnico y de servicio se le entregará una compensación de hasta un máximo de 12 salarios.