El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador recibió este lunes por la tarde el requerimiento fiscal contra el empresario de transporte Catalino Miranda por el delito de ventas a precio superior, relacionado con el incremento al pasaje el 11 de marzo pasado.
Según Fiscalía, la investigación surgió luego de las denuncias ciudadanas que realizaban usuarios del transporte público, específicamente de las rutas 42 y 152, quienes usaban los medios habilitados por el Viceministerio de Transporte para denunciar cobros indebidos.
El ente fiscal considera tener suficientes elementos probatorios que confirman la participación directa del empresario en el aumento de la tarifa, al ser este el accionista mayoritario de la Sociedad ACOSTES de El Salvador, entidad propietaria de dichas unidades.
La audiencia inicial será el jueves 24 de marzo a las 10:00 a.m. Catalino Miranda se encuentra bajo detención provisional al enfrentar otro proceso en su contra.
Horas antes el grupo de abogados del empresario presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, que el pasado viernes resolvió enviarlo a prisión preventiva por el delito de desórdenes públicos.
Junto al recurso de apelación se presentaron varios vídeos con los que se demostraría que el delito de desordenes públicos nunca existió. Según Rolando Aparicio, uno de los defensores, sostiene que para acreditar el delito de desordenes públicos debe haber dos o más personas implicadas en tales desordenes, pero que aparte de Miranda no hay ninguna otra persona detenida por lo mismo. “Es una figura atípica” agregó el abogado.
Como parte de la evidencia se ha presentado cuatro videos sobre el momento en el Miranda fue capturado.