En una audiencia pública organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones de sociedad civil salvadoreña expusieron el creciente control que el Ejecutivo tiene sobre el aparato Judicial.
Esto, añadieron, amenaza los derechos fundamentales de los salvadoreños y pone en riesgo a los críticos del gobierno de Nayib Bukele.
Entre los golpes más notorios a la independencia judicial, desde la sociedad civil se ha denunciado la remoción de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República del 1 de mayo de 2021.
Asamblea Legislativa vota por destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional
“La remoción (del 1M) se realizó sin trámite previo: no hubo comunicación de cargos, ejercicio del derecho de defensa, ni debate en la plenaria, contraviniendo todos los estándares internacionales que exigen garantías para separar del cargo a operadores de justicia”, afirmó Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación DTJ.
A su juicio, ese hecho tuvo una primera gran consecuencia para la democracia: “solo semanas después, la Sala de lo Constitucional (impuesta) emitió una sentencia habilitando la reelección presidencial inmediata”.
Además, se denunció la remoción de jueces y fiscales por medio de un decreto legislativo que consolida el golpe al aparato judicial y además le permite al oficialismo trasladar jueces que le resulten incómodos o no fallen en la línea que beneficia al gobierno.
Abogados que avalaron golpe de Estado del 1M no pueden ser magistrados, dice constitucionalista
Los miembros de la sociedad civil expusieron que esto ha sido notorio en los casos de los jueces Juan Antonio Durán y otros operadores de justicia que emitieron fallos que incomodaron al gobierno y fueron movidos a tribunales de más bajo impacto.
Los representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llamaron a la CIDH dar seguimiento a las amenazas a la independencia judicial, ordenar al Estado cesar la persecución, no utilizar los traslados de jueces para castigarles por sus fallos, realizar una visita de trabajo para indagar más sobre este tema y visibilizar internacionalmente la situación de la independencia judicial en El Salvador.
Estado defiende remoción de jueces
De manera sorpresiva, el Estado participó en la audiencia, cuando en situaciones anteriores no habían formado parte, encarado los comentarios de la sociedad civil y ofrecidos su versión.
Juan Antonio Durán: “Remoción de jueza es para amedrentar y le resuelvan a favor al régimen”
El representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) expuso que la independencia judicial es “de fundamental importancia” para el Estado de El Salvador, aunque esta se ve amenazada con las acciones constantes del presidente y del legislativo.
Asimismo, defendió que el decreto legislativo 144, que removió a jueces mayores de 60 años o con una trayectoria de más de 30 años, se hizo para modernizar al Judicial.
Ante esto, una representante de la sociedad civil dijo que no han presentado ninguna data al respecto.
Por su parte, el comisionado Joel Hernández afirmó que “no es normal que se remueva a 200 jueces de un total de 700 que integran la judicatura de un país”, en relación al decreto que representantes del Estado salvadoreño defendieron.
Además, el comisionado Hernández resaltó que “nos llama la atención la manera expedita en la que fueron aceptados estos decretos” que pasaron con dispensa de trámite.