Bienes vinculados al expresidente Antonio Saca seguirán bajo custodia del Estado, reitera Fiscalía

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró este miércoles 28 de octubre de 2026 que los bienes vinculados al expresidente Elías Antonio Saca continuarán bajo custodia del Estado salvadoreño, tras la emisión de una orden de libertad a su favor por el cumplimiento de una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero.

El pronunciamiento de la institución se produjo después de que las autoridades judiciales confirmaran que la orden de libertad del exmandatario estaba vigente desde el martes 27 de octubre, aunque hasta la mañana del miércoles no se había confirmado oficialmente su salida del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

Mediante un comunicado, la Fiscalía explicó que las medidas estatales sobre empresas, inmuebles, vehículos y otras propiedades relacionadas con el caso continuarán aplicándose conforme a las disposiciones legales y judiciales correspondientes.

La institución también se refirió a los antecedentes del proceso que derivó en la condena de Saca y a las actuaciones realizadas por la actual administración fiscal.

¿Qué aclaró la Fiscalía sobre el caso de Antonio Saca?

Ante la situación del expresidente, la Fiscalía presentó tres aclaraciones relacionadas con el proceso judicial, los bienes vinculados al caso y las revisiones efectuadas por la actual administración.

Estos son los principales puntos del comunicado:

• Proceso judicial y condena: La Fiscalía señaló que el caso que culminó con la condena de Antonio Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz. Asimismo, indicó que durante esa administración se acordó la pena de diez años de prisión impuesta al exmandatario.
• Bienes vinculados al caso: La institución reiteró que las empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y resoluciones judiciales aplicables. Por tanto, la salida de prisión del expresidente no implica automáticamente la devolución de esos bienes.
• Revisiones de la actual administración: La Fiscalía informó que, durante revisiones internas, identificó un supuesto plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Meléndez, que contemplaba mecanismos legales para permitir que Saca recuperara su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena, incluso en un período inferior a cinco años. Según la institución, la actual administración adoptó medidas para impedir que dicho planteamiento se concretara.

#ComunicadoOficial Ante la salida del expresidente Elías Antonio Saca, tras cumplir una condena de una década de prisión, la Fiscalía General de la República considera necesario aclarar a la población los siguientes aspectos: 1. Sobre el proceso judicial y la condena El caso que culminó con la condena del expresidente Elías Antonio Saca fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, bajo cuya administración también se acordó la pena impuesta. 2. Sobre los bienes vinculados al caso La Fiscalía aclara que los bienes, empresas, inmuebles, vehículos y demás propiedades sujetas a medidas estatales continuarán bajo la custodia del Estado salvadoreño, conforme a las disposiciones legales y judiciales aplicables. 3. Sobre las acciones de la actual administración En el marco de las revisiones internas efectuadas por la actual administración de la Fiscalía, se identificó un plan atribuido al entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, que contemplaba mecanismos legales orientados a permitir que el expresidente Saca recuperara su libertad antes de cumplir íntegramente la condena de una década de cárcel, incluso en un plazo inferior a la mitad de la pena impuesta. Dicho plan fue desarticulado por la actual administración de la Fiscalía General de la República, que adoptó las medidas correspondientes para evitar que se concretara. La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses del Estado salvadoreño. *Exhortamos a la población a informarse a través de los canales oficiales de la institución, a fin de evitar la difusión de información imprecisa o especulaciones sobre este caso.*

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 28, 2026

Bienes vinculados a Saca fueron valorados en $9.6 millones

Uno de los antecedentes relacionados con las propiedades del expresidente corresponde al 11 de marzo de 2026, cuando la Fiscalía informó sobre una resolución judicial de extinción de dominio que involucraba 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al caso de peculado y lavado de dinero.

De acuerdo con los datos oficiales, los inmuebles fueron valorados en $7,539,533.18, mientras que los productos financieros representaban $2,036,947.90. En conjunto, los activos alcanzaban aproximadamente $9.6 millones.

Las propiedades identificadas se encontraban en diferentes sectores de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente, incluyendo Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza, Zacatecoluca, El Rosario, Tecoluca y la colonia San Benito.

La investigación también identificó siete sociedades utilizadas, según la Fiscalía, para el movimiento y ocultamiento de fondos públicos. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó su disolución como parte del proceso.

En marzo, la institución aclaró que el traslado definitivo de los bienes a la titularidad del Estado se concretaría cuando la sentencia quedara firme.

#ExtinciónDeDominio | La @FGR_SV logra que 25 inmuebles y 8 productos financieros vinculados a la red de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca pasen a manos del Estado. Los bienes recuperados están valorados en $9.6 millones de dólares. Las investigaciones determinaron que Saca utilizó 7 sociedades fachada para desviar fondos públicos entre 2004 y 2009, para adquirir propiedades en zonas exclusivas de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas para el lavado de dinero. Con estas acciones, la Fiscalía garantiza que los fondos malversados regresen al Estado.

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 11, 2026

¿Cuánto dinero debe devolver Antonio Saca al Estado?

Además de su condena de prisión, el expresidente recibió una sentencia de responsabilidad civil por aproximadamente $260.7 millones, relacionada con el caso conocido como Destape a la Corrupción.

Este proceso investigó el desvío de aproximadamente $301 millones de fondos públicos durante su administración presidencial, entre 2004 y 2009.

La responsabilidad civil correspondiente a los siete condenados en el proceso alcanzó los $300 millones. En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar los fondos y corrigió el cálculo al agregar $347,117.17.

Estas obligaciones económicas son independientes del cumplimiento de la pena de prisión. Por ello, la emisión de la orden de libertad no significa que las cantidades establecidas judicialmente hayan sido canceladas.

Fiscalía reportó pagos por condena de enriquecimiento ilícito

Antonio Saca también fue condenado en un proceso civil por enriquecimiento ilícito, relacionado con el incremento injustificado de su patrimonio durante el período en que ejerció la Presidencia de la República.

Según información publicada por la Fiscalía el 14 de abril de 2026, el exmandatario debía reintegrar $3,892,698.71 al Estado, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, tenía una obligación de $589,608.42.

En ese momento, la institución informó que Saca había abonado $5,845.75 de la cantidad establecida en su sentencia por enriquecimiento ilícito.

Ante esta situación, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló una audiencia de liquidación de bienes para determinar los montos pendientes y evaluar si las propiedades sujetas a medidas cautelares podían cubrir las obligaciones económicas.

Las cantidades de este proceso no deben confundirse con los $260.7 millones establecidos en el caso Destape a la Corrupción.

¿Por qué Antonio Saca recibió una condena de diez años?

El expresidente fue capturado el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, como parte de una investigación sobre el manejo de fondos públicos de Casa Presidencial.

La Fiscalía estableció que durante su administración se realizaron transferencias de recursos desde cuentas institucionales hacia cuentas particulares, mediante cheques sin respaldo legal y otras operaciones utilizadas para ocultar el origen del dinero.

El proceso, denominado Destape a la Corrupción, también involucró a seis exfuncionarios y colaboradores de su gobierno: Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.

El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca a cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos, después de que aceptara los hechos atribuidos y se sometiera a un procedimiento abreviado.

Para entonces, el exmandatario ya llevaba casi dos años detenido desde su captura en octubre de 2016.

Orden de libertad de Antonio Saca fue emitida el 27 de octubre

La orden de libertad del expresidente tiene vigencia desde el martes 27 de octubre de 2026, luego de que las autoridades judiciales determinaran el cumplimiento de su condena.

Sin embargo, hasta la mañana del miércoles 28 de octubre no se había confirmado oficialmente que Saca abandonara el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

El exmandatario también fue condenado en septiembre de 2019 a dos años de prisión por soborno, después de admitir que entregó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil relacionado con su patrimonio.

Posteriormente, las autoridades judiciales determinaron que esa pena se considerara cumplida con el tiempo de detención provisional. En abril de 2021, una cámara confirmó la resolución que establecía octubre de 2026 como fecha de cumplimiento de la condena principal.

Mientras se confirma oficialmente la ejecución de la orden de libertad, la Fiscalía mantiene su posición de que los bienes vinculados al caso continuarán bajo custodia estatal, conforme a las disposiciones legales y judiciales correspondientes.