En desarrollo | Confirman orden de libertad para expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca
Expresidente Elías Antonio Saca tiene orden de libertad tras cumplir su condena. Conocé qué falta para su salida de Mariona y qué ocurre con sus obligaciones civiles.
El sistema judicial de El Salvador confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca tiene una orden de libertad vigente desde el martes 27 de octubre de 2026, tras cumplir su condena de 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero relacionados con el desvío de aproximadamente $301 millones de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles 28 de octubre, no se ha confirmado oficialmente su salida del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
De acuerdo con declaraciones de fuentes judiciales la orden ya fue despachada, por lo que el exmandatario podría abandonar el centro penitenciario en las próximas horas o días. La institución no precisó una fecha para su liberación.
Saca fue condenado en septiembre de 2018 por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, luego de aceptar los hechos atribuidos por la Fiscalía y someterse a un procedimiento abreviado que permitió reducir su pena.
Aunque la condena de prisión ya fue cumplida, el expresidente también tiene obligaciones económicas establecidas en diferentes procesos judiciales. Entre ellas figura el pago de aproximadamente $260.7 millones por responsabilidad civil en el caso de corrupción por el que fue encarcelado.
¿Antonio Saca ya salió de Mariona?
Hasta el momento, la información confirmada es la emisión de la orden de libertad, pero no existe una comunicación oficial que establezca que Saca ya abandonó el centro penitenciario.
El sistema judicial de El Salvador confirmó la pena de cárcel correspondiente al caso conocido como Destape a la Corrupción ya fue cumplida. Sin embargo, la institución no informó cuándo se ejecutará la orden.
Es importante conocer que contar con una orden de libertad no significa necesariamente que la persona ya haya salido físicamente del establecimiento penitenciario. En este caso, lo confirmado es que la orden fue emitida y tiene vigencia desde el 27 de octubre.
¿Por qué Antonio Saca fue condenado a 10 años?
El expresidente fue capturado el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad, como parte de una investigación por el manejo de fondos públicos de Casa Presidencial.
La Fiscalía estableció que durante su administración se realizaron transferencias de dinero desde cuentas institucionales hacia cuentas particulares, mediante cheques sin respaldo legal y operaciones utilizadas para ocultar el origen de los recursos.
El proceso, denominado Destape a la Corrupción, también involucró a seis funcionarios y colaboradores del gobierno de Saca, entre ellos Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador impuso al exmandatario cinco años de prisión por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. Para entonces, Saca ya llevaba casi dos años detenido desde su captura en octubre de 2016.
¿Cuánto dinero debe devolver Antonio Saca al Estado?
Además de la condena de prisión, el tribunal estableció que Saca debía pagar aproximadamente $260.7 millones en concepto de responsabilidad civil por el daño ocasionado al Estado.
La suma correspondiente a los siete condenados en el proceso alcanzó los $300 millones. En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar los fondos y corrigió el cálculo de la responsabilidad civil al agregar $347,117.17.
La Fiscalía explicó que el cumplimiento de la pena de cárcel y las obligaciones económicas son asuntos distintos. Sobre estas últimas, corresponde a las autoridades judiciales competentes emitir las resoluciones que determinen si las cantidades establecidas ya fueron canceladas.
Fiscalía reportó cuánto había pagado por enriquecimiento ilícito
Otro proceso judicial contra Saca corresponde a una condena civil por enriquecimiento ilícito, relacionada con el incremento injustificado de su patrimonio durante su administración presidencial.
Según información oficial publicada por la Fiscalía el 14 de abril de 2026, el exmandatario debía devolver $3,892,698.71 al Estado, mientras que su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, tenía una obligación de $589,608.42.
La institución detalló que, hasta esa fecha, Saca únicamente había abonado $5,845.75 de la cantidad establecida en su sentencia por enriquecimiento ilícito.
Ante esta situación, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló una audiencia de liquidación de bienes para determinar cuánto dinero continuaban adeudando y evaluar si los bienes sujetos a medidas cautelares podían cubrir las obligaciones económicas.
Estos montos corresponden al proceso por enriquecimiento ilícito y no deben confundirse con los $260.7 millones establecidos en el caso Destape a la Corrupción. Tampoco se ha confirmado oficialmente que el saldo determinado en abril continúe siendo el mismo en octubre.
Estado recuperó bienes vinculados a Saca valorados en $9.6 millones
Un antecedente reciente es la resolución judicial anunciada por la Fiscalía el 11 de marzo de 2026, mediante la cual se ordenó que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al caso de peculado y lavado de dinero de Saca pasaran a la administración y titularidad del Estado, una vez cumplidas las condiciones legales correspondientes.
Según los datos oficiales, las 25 propiedades fueron valoradas en $7,539,533.18, mientras que los ocho productos financieros representaban $2,036,947.90. En conjunto, los activos sumaban aproximadamente $9.6 millones.
Los inmuebles identificados se encuentran en diferentes sectores de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. Entre las ubicaciones mencionadas por la Fiscalía figuran Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Zaragoza, Zacatecoluca, El Rosario, Tecoluca y la colonia San Benito.
La investigación fiscal también identificó siete sociedades utilizadas para el desvío, ocultamiento y transformación de fondos públicos. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio ordenó su disolución como parte del proceso judicial.
La Fiscalía precisó en marzo que el traslado definitivo de los bienes a la titularidad estatal se concretaría cuando la sentencia quedara firme.
#ExtinciónDeDominio | La @FGR_SV logra que 25 inmuebles y 8 productos financieros vinculados a la red de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca pasen a manos del Estado. Los bienes recuperados están valorados en $9.6 millones de dólares. Las investigaciones determinaron que Saca utilizó 7 sociedades fachada para desviar fondos públicos entre 2004 y 2009, para adquirir propiedades en zonas exclusivas de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades utilizadas para el lavado de dinero. Con estas acciones, la Fiscalía garantiza que los fondos malversados regresen al Estado.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) March 11, 2026
¿Qué otros procesos judiciales enfrentó el expresidente?
Además del caso por el desvío de fondos de Casa Presidencial, Saca recibió en septiembre de 2019 una condena de dos años de prisión en el proceso conocido como Transes.
En ese caso, el exmandatario admitió haber entregado $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil relacionado con su patrimonio.
Posteriormente, las autoridades judiciales revisaron el cómputo de las penas y determinaron que los dos años correspondientes a ese proceso se consideraran cumplidos con el período de detención provisional. En abril de 2021, una cámara confirmó la resolución que fijaba octubre de 2026 como fecha de cumplimiento de la condena principal.
Por ahora, la orden de libertad emitida el 27 de octubre constituye la novedad más reciente sobre la situación penitenciaria del expresidente. Queda pendiente la confirmación oficial de su salida de Mariona y la determinación judicial sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en los diferentes procesos.
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