Familias en Usulután obtendrán escrituras gratis tras aprobación de ley
Una ley aprobada en El Salvador permitirá entregar escrituras gratuitas a 74 familias en Usulután, tras años de ocupación sin seguridad jurídica.
Por
Karla Rodas
Publicado el 30 de abril de 2026
La Asamblea Legislativa aprobó una ley que permitirá transferir terrenos al FONAVIPO para legalizarlos y entregar escrituras gratuitas a 74 familias del Barrio La Aduana, en Puerto El Triunfo, Usulután. Los beneficiarios son habitantes que han ocupado estos terrenos por al menos 10 años. El proceso incluye censo, medición y registro de lotes, con apoyo del Ministerio de Vivienda. Además, se exonerarán impuestos y costos. Las familias no podrán vender ni transferir las propiedades por 20 años. La medida busca brindar seguridad jurídica y avanzar en la regularización de tierras ocupadas durante décadas.
Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa dio luz verde a esta ley especial que habilita el traspaso de dos inmuebles desde el Ministerio de Hacienda hacia FONAVIPO. A partir de este proceso, las autoridades podrán regularizar los terrenos y dar escrituras sin costo a las familias que cumplen con los requisitos establecidos.
La medida beneficiará a 74 hogares que tienen 10 años viviendo en el Barrio La Aduana, en el distrito de Puerto El Triunfo, Usulután Oeste, y busca brindar certeza jurídica sobre las viviendas.
Regularización y acceso a vivienda formal
El principal inmueble incluido en la normativa está ubicado en la intersección de la 1.ª avenida Sur, 3.ª calle Poniente y avenida Osegueda, con una extensión total de 9,216.13 metros cuadrados. De esa área, más de 7,400 metros ya están habitados. A este se suma un segundo terreno de 1,573 metros cuadrados, situado al final de la avenida Francisco Osegueda, que fue declarado en desuso por la alcaldía en 2023 para facilitar su asignación.
El proceso de transferencia comenzó en julio de 2023, cuando el Consejo de Ministros autorizó el traspaso de los terrenos a FONAVIPO. Esta decisión fue ratificada en mayo de 2025 y posteriormente enviada a la Asamblea Legislativa, donde recibió la aprobación final.
Según lo establecido, podrán optar al beneficio las familias que han ocupado los terrenos de manera continua durante al menos 10 años. Además de recibir la escritura, también tendrán la posibilidad de acceder a programas de apoyo o créditos para mejorar sus viviendas, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.
Para avanzar en la implementación, el Ministerio de Vivienda, en coordinación con FONAVIPO, realizará un censo que permitirá identificar a los beneficiarios. También se llevará a cabo la lotificación de los terrenos, junto con mediciones y delimitación de espacios, a través de la Dirección de Legalización de la Propiedad. Estos procesos serán gestionados ante el Centro Nacional de Registros (CNR).
Condiciones y respaldo institucional
Uno de los aspectos clave de la normativa es que el proceso ha sido declarado de interés social, lo que implica la exención de impuestos, derechos registrales y otros costos asociados. Esta medida busca facilitar la entrega de escrituras y eliminar barreras económicas para las familias beneficiadas.
Además, el Ministerio de Hacienda asumirá las deudas municipales pendientes del inmueble principal hasta la entrada en vigencia de la ley, mientras que FONAVIPO continuará con los trámites necesarios para completar la transferencia definitiva de los terrenos.
La normativa también establece condiciones específicas para garantizar el uso adecuado de las propiedades. Entre ellas, se incluye la restricción de no vender, alquilar ni transferir los inmuebles durante un período de 20 años, salvo en casos autorizados a favor de FONAVIPO.
Durante la discusión legislativa, el diputado de Nuevas Ideas, Ángel Lobos, calificó la aprobación como un momento histórico para la comunidad, destacando que durante años las familias no lograron obtener certeza jurídica sobre sus terrenos. Por su parte, el legislador Caleb Navarro señaló que la comunidad ha permanecido por cerca de 70 años en la zona sin lograr la legalización de sus propiedades, y afirmó que esta situación comienza a resolverse con la aprobación de la ley.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan avanzar en el proceso de regularización de tierras en el país y ofrecer una solución concreta a familias que han vivido durante décadas sin respaldo legal sobre sus viviendas.