Juez frena despliegue federal de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la administración del presidente Donald Trump poner fin al despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una medida que se había convertido en símbolo del choque entre la Casa Blanca y las autoridades demócratas en California. 

La orden judicial, emitida el miércoles, representa el revés legal más reciente en los intentos del presidente por mantener tropas en ciudades gobernadas por demócratas, bajo el argumento contrario a la evidencia citada por funcionarios locales de que esas zonas enfrentaban un escenario de anarquía. 

El juez Charles Breyer, del Distrito Federal en San Francisco, dictaminó que la Guardia Nacional en California debe operar bajo el mando del gobernador Gavin Newsom, salvo en circunstancias específicas en las que el presidente pueda federalizarla legalmente.

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Un despliegue cuestionado desde su inicio

Los Ángeles se convirtió en junio en la primera ciudad del país en recibir tropas enviadas directamente por orden presidencial, sin coordinación con el liderazgo local demócrata. Trump autorizó a 4.000 reservistas de la Guardia Nacional con el fin de reprimir protestas contra las redadas de migrantes, manifestaciones que, según dirigentes locales, habían sido relativamente pequeñas y se extendieron solo por algunas cuadras de la segunda metrópolis más grande de Estados Unidos.

Autoridades locales y estatales afirmaron que la Policía de Los Ángeles, el sheriff del condado y el personal de seguridad estatal tenían la capacidad suficiente para atender las movilizaciones sin recurrir a un despliegue federal de esa magnitud. Para ellos, la medida constituyó una extralimitación que tensó la relación entre Washington y Sacramento.

Aunque la mayoría de las tropas fueron retiradas con el paso de los meses, todavía permanecía un centenar de guardias nacionales en la ciudad al momento del fallo.

Impacto político y legal para California y el resto del país

En su resolución, el juez Breyer sostuvo que “el control de las tropas de la Guardia Nacional debe recaer en el gobernador de California, Gavin Newsom”. La orden judicial quedó en suspenso hasta el lunes para permitir que la administración Trump presente una apelación, lo que mantiene la atención sobre la posibilidad de un nuevo capítulo en la disputa legal.

Newsom celebró la decisión y reafirmó su postura crítica hacia la intervención federal. “El fallo de hoy es suficientemente claro: la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe terminar”, dijo. Agregó además que “el presidente desplegó a estos valientes hombres y mujeres contra sus propias comunidades, apartándolos de operaciones esenciales de seguridad pública. Esperamos que todos regresen al servicio del estado”.

El caso podría marcar un precedente para otros estados que han expresado inquietud sobre el uso de fuerzas estatales con fines políticos o en situaciones que, según gobernadores y alcaldes, deberían ser manejadas por las autoridades locales. 

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Un debate que seguirá en la agenda pública

Aunque el proceso judicial continúa abierto, la decisión del juez Breyer introduce un respiro temporal a la disputa sobre quién tiene la autoridad final para movilizar tropas en territorio estadounidense. También abre la puerta a una discusión más amplia sobre la seguridad interna, el papel de los estados y las facultades presidenciales.

Para Los Ángeles, la posible retirada de los últimos guardias nacionales implicaría un retorno progresivo a los protocolos habituales de seguridad bajo la dirección estatal. Y para el país, el caso podría convertirse en un punto de referencia para evaluar futuros despliegues en situaciones de tensión social.

La Corte aún debe determinar si la apelación tendrá efecto suspensivo o si la orden de retirar a los soldados se ejecutará tal como está prevista. Entretanto, el debate sobre el equilibrio entre autoridad federal y autonomía estatal continúa en el centro del escenario político estadounidense.