Por vencer decreto que permite a la FGR las acusaciones masivas a detenidos bajo régimen

Este próximo 24 de agosto culmina la vigencia de las "Disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción", que permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) las acusaciones masivas o juicios sumarios a detenidos bajo el régimen de excepción.

Estas medidas del Decreto 803 trajeron el riesgo de que los inocentes detenidos de forma arbitraria no puedan salir y sean condenados, porque la Fiscalía tenía un plazo de 24 meses para agrupar a los imputados en un mismo proceso.

Para el sometimiento de imputados a una sola causa en virtud de su pertenencia a una organización, la FGR tendrán en cuenta cualquiera de los criterios de estructura, denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables "a criterio del fiscal".

Cuando corresponde, el juez que conocerá del caso informará a las autoridades la puesta a su orden de los imputados para su procesamiento. Asimismo, el plazo para emplazar a la defensa técnica de los imputados es de diez días hábiles y de quince días hábiles para pronunciarse sobre los elementos y diligencias.

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Estas disposiciones se aprobaron el 26 de julio de 2023 y entraron en vigencia el 25 de agosto del mismo año.

Anticipándose a cualquier solicitud de prórroga de esas disposiciones, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) marchó ayer rumbo a la Asamblea Legislativa solicitando que no se amplíe el plazo.

La abogada de MOVIR, Roxana Cardona, expuso que se están por cumplir los dos años en que la Fiscalía ya realizó el periodo transicional de agrupamientos colectivos, por lo que es de su preocupación que se vaya a prorrogar el decreto.

"Para los pandilleros , miembros de las estructuras pandilleriles, será bien fácil agruparlos; pero a las víctimas inocentes, no. Es por ello que deseamos que estos dos años establecidos vía decreto, no se amplíe más y que dichas investigaciones se hayan investigado tanto lo favorable como lo desfavorable", amplió Cardona.

MOVIR enfatizó que con la solicitud que llevaron hasta la Asamblea no abogaban por ningún pandillero, sino por los que se capturaron sin vinculación criminal y que, a la fecha, siguen dentro del sistema penitenciario, en tanto en que la FGR pueda alegar que aún no tenga pruebas suficientes contra personas inocentes.

"Estamos de acuerdo con que ya no haya pandilleros en las calles, pero con lo que no estamos de acuerdo es que víctimas inocentes y colaterales están enmarcadas acá", reiteró.

De no prorrogarse la medida, se aplicarán las reglas dispuestas en el artículo 17 de la Ley contra el Crimen Organizado, las cuales establecen que si los imputados se encuentran detenidos, serán puestos a disposición judicial dentro del plazo máximo de 62 horas.

Además, la Fiscalía presentará la acusación o el dictamen correspondiente al Tribunal Contra el Crimen Organizado, dentro de un plazo que no excederá de los seis meses.

Cabe recordar que el 27 de mayo la Fiscalía pidió agrupar a 3,651 personas en tribunales capitalinos, presuntamente vinculadas a varias células de la MS-13 con presencia en cuatro departamentos.

La FGR detalló que 1,249 personas son señaladas de ser parte de ocho clicas (células) de la MS-13 que operaban en el departamento de La Libertad y otro 1,226 conformarían una clica denominada Fulton Locos Salvatruchos, que operaba en el departamento de Chalatenango. A los procesados les imputaron cargos como tráfico ilícito, posesión y tenencia, portación de armas de fuego y armas de guerra, casos especiales de lavado de dinero y hurto agravado.

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Asimismo, solicitó que un juzgado antimafia procese a 919 personas supuestamente parte de la MS-13 que operan en los distritos de Santa Clara y San Ildefonso, en San Vicente; y pidió un solo proceso para 257 sospechosos de pertenecer a diferentes clicas de San Salvador y Santa Ana.

Por otra parte, Samuel Ramírez, de MOVIR denunció que es difícil conocer cuántas personas inocentes se estarían viendo afectadas por la extensión del tiempo de recolección de pruebas por parte de la Fiscalía, debido a la opacidad gubernamental.

"Imagínese que son 100,000 capturados y 60,000 inocentes, eso sería terrible. El régimen trata de ocultar porque saben que si conocemos la verdad se le cae todo al presidente de la República, porque es lo único que ha hecho el gobierno y si se descubre que ha habido violaciones flagrantes a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad se les cae todo, por eso van a seguir tratando de mantener el silencio, indiferentes a las víctimas", señaló.

También rechazan la extensión de la detención provisional. "La situación de los privados de libertad dentro del régimen de excepción, aquellos que por una llamada anónima, por llenar cuotas, sin ningún vínculo pandilleril, las víctimas inocentes o víctimas colaterales del mismo régimen, a ellos su detención provisional fue alargada más de lo establecido, incluso se les interrumpió, no contándoles la fecha de captura sino la del decreto 803", expuso Cardona.

Más llamados

Esta no es la primera vez en que MOVIR u otro movimiento se pronuncia en contra de la disposición especial. De hecho, MOVIR al aprobarse el decreto también exigió su derogación.

Ante el caso omiso de la solicitud, el Movimiento de Víctimas presentó una demanda de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sin embargo, según Cardona, siguen sin recibir una respuesta por parte del Órgano Judicial.

En su momento, al llamado de MOVIR se unió la comunidad internacional y organismos internacionales.

El subdirector de Human Rights Watch, Juan Pappier, declaró que estas disposiciones imposibilitan una justicia genuina para las personas y sus familias.

"Los juicios masivos en El Salvador impiden que las víctimas de las maras tengan acceso a una justicia genuina, dificultan la liberación de inocentes y violan el debido proceso de todos los detenidos", argumentó.

"Esto es una afrenta directa contra los derechos de las miles de personas que han sido sometidas a detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción", dijo entonces la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.

Tergiversan peticiones

Tanto desde el Órgano Ejecutivo como desde el Legislativo se ha tergiversado desde hace tres años los llamados y peticiones para que se libere a las personas que no tienen nexos con pandillas y tampoco han cometido ilícitos.

Desde la Asamblea se tilda a los diputados de fracciones independientes, que no dan sus votos para prorrogar mes a mes el régimen de excepción, que están a favor de que las pandillas delincan y aterroricen a la población salvadoreña.

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Sin embargo, mes a mes estas fracciones (ARENA, Vamos) reiteran en que piden libertad para los inocentes y que paguen con cárcel quienes sí sean culpables.

El mismo presidente de la República, Nayib Bukele, confesó en Costa Rica en 2024 que su gobierno capturó a personas inocentes, por lo que tuvieron que liberar al menos a unas 8,000 personas.

Aún así, este 1 de junio, en el que debió ser su informe de labores, Bukele utilizó la frase de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, para tergiversarla.

Ortiz dijo años atrás: "A los inocentes: ¡Libérenlos ya!", frase que utilizó Bukele para advertir que no liberarán a nadie, sin distinguir que entre los detenidos hay un "margen de error", como lo llama el vicepresidente Félix Ulloa.

Reformas a Ley Contra el Crimen Organizado. Aunque el decreto 803 está por vencer, en 2022 se modificó la Ley Contra el Crimen Organizado permitiendo que se unifiquen los trámites relacionados a los procesos penales de los imputados a quienes se les señala de pertenecer a estructuras criminales o grupos terroristas.