Un salvadoreño ha desaparecido cada día de Bukele en el poder

El pasado 19 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó estadísticas de homicidios y desaparecidos desde el año 2015 hasta el 18 de junio de este año, días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara sobre la realización de trabajos para recuperar 11 cadáveres enterrados en un cementerio clandestino en la Finca San Jorge, del cantón El Botoncillal, en el distrito de Colón, y un cuerpo en el distrito de Nuevo Cuscaltán.

“Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. Hoy, con menos de 100 desaparecidos al año (antes eran más de 1,500), ya no hay duda: hubo una masacre sistemática oculta, a la par de la que todos conocíamos. Los asesinatos cometidos por las pandillas fueron muchos más de lo que creíamos. Ahora viene el reto de encontrar todos esos cuerpos”, escribió Bukele.

Acompañando al texto, Bukele publicó un cuadro en el que detalla la cantidad de homicidios y personas desaparecidas por año. Esos datos reflejan que durante el 2024, según los datos oficiales, se registraron 95 desaparecidos, y que  del 1 de enero al 18 de junio de este año sumaban ya 68, es decir, un promedio mensual de 11 desaparecidos.

Bukele llegó al poder el 1 de  junio del 2019, año cuando se registraron 732 desapariciones, según las estadísticas que él publicó. Esto es un promedio mensual de 61 desapariciones, por lo que los desaparecidos en los últimos siete meses de ese año, serían 427.

Si a esa cantidad se le suman las desapariciones de los años posteriores, resulta que han desaparecido 2,243 personas, en tanto que Bukele ha estado en el poder, hasta el 18 de junio, 2,208 días, lo cual da como resultado, que cada día que Bukele ha estado en el Ejecutivo, ha desaparecido al menos una persona, según las propias estadísticas oficiales.

Aunque las estadísticas reveladas por Bukele muestran que desde 2019 la cantidad de desapariciones forzadas ha disminuido notablemente con relación a años anteriores, las desapariciones persisten a pesar del discurso gubernamental de que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.

Desaparecidos antes y después del régimen

El 27 de marzo de 2022, fue aprobado inicialmente el régimen de excepción, bajo el Decreto Legislativo 330, a raíz de una oleada de homicidios provocada principalmente por la Mara Salvatrucha (MS-13), que dejó en evidencia la incapacidad de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de prever y evitar que las pandillas incrementaran a su voluntad los índices de homicidios.

Los años anteriores a la entrada en vigencia del régimen de excepción revelan que, a pesar del publicitado Plan Control Territorial, la cantidad de desaparecidos era abultada: 540 en el 2020,  y 641 en 2021.

Es más, el cuadro publicado por Bukele demuestra que en 2023 hubo más desaparecidos (167) que homicidios (154), a pesar de que para ese año el régimen de excepción ya tenía un año de vigencia y el gobierno presumía de haber encarcelado a decenas de miles de pandilleros.

El régimen de excepción ha sido prorrogado por 39 meses, y con él se mantienen suspendidos varios derechos y garantías individuales de rango constitucional, como el derecho a ser informado por qué se captura a una persona, el derecho a un abogado, el derecho a que la detención administrativa no exceda de las 72 horas y el derecho de privacidad de las comunicaciones.

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Los datos publicados por Bukele no incluyen los casos de personas que han sido encontradas muertas y que la Fiscalía General, a pesar de las evidencias, registra como “muerte sobre averiguar”, a pesar de que en muchos casos hay evidencias para sospechar que se trató de un homicidio.

Tal es el caso del joven Isaí Natanael González Álvarez, de 22 años, cuyo cadáver fue localizado el 22 de enero de este año, en una zona rural de Santa Ana, dos días después de que fuera reportado como desaparecido.

Este caso fue registrado como “sobre averiguar”, a pesar de las circunstancias que rodearon el caso. Una fuente aseguró a El Diario de Hoy que había suficientes indicios para sospechar que se trató de un homicidio. El carro de la víctima fue encontrado en un lugar distinto de donde apareció el cadáver.

Ese 22 de enero, la cuenta de X de la PNC hizo su acostumbrado reporte diario sobre el registro de homicidios: dijo que ese día hubo cero asesinatos. 

Fuentes fiscales y policiales de este diario aseguran que declarar o registrar el levantamiento de un cadáver como “sobre averiguar” es una estrategia para mantener el discurso oficial sobre la reducción de homicidios.

También están los casos de las personas que fueron capturadas bajo el régimen de excepción y que murieron mientras estaban en prisión, bajo responsabilidad del Estado. En muchos de estos casos los cuerpos presentan golpes en diversas partes del cuerpo o heridas en la cabeza, lo cual hace sospechar a las familias que fueron asesinados a golpes, aunque la certificación extendida por el Instituto de Medicina Legal indica que murieron por “edema pulmonar”, es decir, acumulación de líquidos en los pulmones.

El más reciente ejemplo de lo anterior es el caso de Bryan Alexander Rivera Mejia, de 25 años, cuyo cadáver presentaba heridas en la cabeza, según constató El Diario de Hoy. Esta persona estaba a punto de ser liberada tras comprobar que había sido encarcelado injustamente, acusado de agresión sexual y homicidio en una mujer. Cámaras de video instaladas en la zona revelaron que el joven no tuvo nada que ver en ese crimen, según afirmaron familiares de la víctima.

El Diario de Hoy gestionó ante la Fiscalía la obtención de datos sobre casos de muertes sobre averiguar registrados desde junio de 2019 a la fecha; sin embargo, no se obtuvo una respuesta de parte de la institución.

¿Dónde están Carlos y Stanley?

Carlos Ernesto Santos Abarca, de 22 años, y Armando Stanley Cabrera Tejada, de 29, son dos jóvenes que desaparecieron durante la administración presidencial de Bukele. El primero desapareció el 1 de enero de 2022, y el segundo, el 2 de octubre de 2021, sin que hasta la fecha el Estado salvadoreño haya dado una respuesta a sus respectivas familias.

Ambos jóvenes estudiaban en la Universidad Francisco Gavidia. Stanley estaba próximo a graduarse. En el caso Carlos Abarca, la última vez que las autoridades de seguridad se refirieron públicamente a este caso fue el 16 de mayo de 2023. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en un programa televisivo que su desaparición no está relacionada con una actividad criminal.

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Para Eneida Abarca, madre de Carlos, las cifras publicadas por Bukele no coinciden con otras como las de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y de la misma Fiscalía. Según una nota de la agencia EFE, con base a estadísticas publicadas entonces por la Fiscalía hasta septiembre de  2019 hubo más de 3,202 desaparecidos.

Tanto la Policía Nacional Civil como la Fiscalía General declararon reservada la información estadística sobre desaparecidos.

Un informe de Fespad de abril de 2024 sobre desapariciones forzadas o involuntarias reza lo siguiente: “Por su parte, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 6,932 personas desaparecidas entre inicios de 2019 y junio de 2022. A partir del segundo semestre de 2022, la PNC no entregó información completa relativa a desapariciones, alegando que se encuentra bajo reserva. La FGR, por otra parte, reportó 6,435 personas desaparecidas entre inicios de 2019 y finales de 2021. A partir del año 2022, la información fue declarada inexistente”. 

“Cómo madre de Carlos Santos me gustaría preguntarle de frente al señor Bukele lo siguiente: Si la institucionalidad de ahora opera diferente con su gobierno por qué no cumplen el mandato, según la Constitución salvadoreña, (dándome) ‘mi derecho de acceso a la información, verdad y justicia’", cuestionó Eneida.

Ella opina que el repentino interés gubernamental sobre el fenómeno de los desaparecidos podría deberse a una cuestión de imagen, es decir, contrarrestar las críticas contra el gobierno ante la reciente entrevista publicada por el periódico El Faro,  en la que un cabecilla de pandilla reveló que un funcionario (Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social), les recomendaba a las pandillas que “sin cuerpo no hay delito”, en referencia a que si cometían un homicidio, debían desaparecer el cuerpo.

Por su parte, Angélica Tejada, madre de Stanley, afirmó tener esperanzas de que los restos de su hijo sean encontrados en alguno de los cementerios clandestinos que el gobierno ha anunciado que trabajará. Aseguró que le han tomado muestras genéticas para cotejarlas con restos humanos que vayan encontrando.

Dudas sobre las cifras

Carmen Argueta, coordinadora adjunta del Bloque de Búsqueda de Desaparecidos, coincide con Abarca: las cifras reveladas por Bukele no coinciden con informes de Fespad, basadas en  cifras de la misma Fiscalía.

“Ahora con relación a que ya se están dando cifras y todo eso, pues sí es algo esperanzador en el sentido de que estamos viendo que ya el gobierno pues reconoce que hay desapariciones, aunque las cifras no concuerda con la realidad”, detalló la coordinadora.

Argueta dijo que como Bloque de Búsqueda están asombrados de que el mismo gobierno esté dando a conocer cifras y cementerios o fosas clandestinas donde están haciendo trabajos de recuperación, pues toda esa información, sobre estadísticas de desaparecidos y cementerios clandestinos fue declarada bajo reserva por el mismo gobierno desde 2022.

“En las últimas semanas he visto que el gobierno está dando noticias como si está encontrando desaparecidos, como si se está interesando en los casos de desaparecidos, pero creo que es para volver esas noticias a su favor porque en realidad las autoridades nunca nos prestaron atención”, afirmó la madre de otro desaparecido, quien pidió no ser identificada por temor.

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