La crisis alimentaria en el país ya no representa un riesgo para la población, sino, una realidad consolidada, según el más reciente informe sobre seguridad alimentaria publicado por el Banco Mundial.
Un ejemplo de esta situación es el precio que han alcanzado los alimentos en el país, el rubro que más creció en el contexto de la inflación (6.82% a febrero) en el último año y medio, pues para el caso de la zona urbana, el precio que tienen que pagar las familias por los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) está cerca de los $250 a febrero, según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC).
Este alto costo representa un aumento de casi un 25% si se compara con el precio de la CBA de hace dos años, cuando se colocaba en $200.41.
Pese a que en términos de valor la CBA del sector rural es mejor, representa un aumento de mayores proporciones y de mayor impacto en la economía de las familias que habitan en el campo, pues estas ahora tienen que pagar más de $187 para comprar los alimentos que consumen en el mes, una cifra que representa un incremento de más del 30% con respecto a 2021.
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Sin embargo, el evidente encarecimiento de la comida no es lo único que comprueba que hay una crisis, pues el informe del BM apunta que, de hecho, el país necesitará recurrir a ayuda alimentaria en agosto, ya sea por medio de importaciones o donaciones para poder suplir la alimentación de las familias salvadoreñas.
De hecho, la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (FEWS NET, por sus siglas en inglés) ya cataloga al país como en situación de crisis alimentaria, y lo coloca a un nivel más preocupantes que el de otras naciones como Mauritania, Lesoto o Ruanda, todas africanas, e incluso Nicaragua se encuentra en una situación menos grave con respecto al riesgo alimentario.
Según FEWS NET, más de medio millón de salvadoreños se encontrarán en inseguridad alimentaria para septiembre, y sostiene que entre en marzo y agosto se dará la temporada de escasez clave, lo que se traduce en que ya está presente.
En este sentido, dicha red señala que la razón por la que se considera que un país está en situación de crisis alimentaria es porque “al menos 1 de cada 5 hogares enfrenta brechas significativas en el consumo de alimentos, lo que resulta en desnutrición aguda alta o superior a la habitual”, también se considera crisis cuando 1 de cada 5 hogares “es marginalmente capaz de satisfacer las necesidades alimentarias mínimas solo con estrategias de supervivencia insostenibles”.
Esta realidad puede verse reflejada en encuestas y sondeos realizados por instituciones como la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), la cual señaló recientemente que más del 58% de los salvadoreños han tenido que reducir el consumo de alimentos, algo provocado, precisamente, por el encarecimiento de los productos de la canasta básica.
La misma encuesta de Fundaungo apunta que más del 72% de los encuestados asegura que el principal problema que afronta el país es de índole económica, algo que ya podía notarse en la percepción de los salvadoreños desde el año pasado.
De hecho, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) también publicó una encuesta en enero que coincide con los datos de Fundaungo y, además, arrojaba que hasta un 41% de las familias tuvieron que pedir dinero prestado para poder subsistir mes a mes. Una realidad que señala el reporte de FEWS NET.
El Salvador enfrenta déficit de casi 8 millones de quintales de granos básicos
Lo que hace falta
La crisis alimentaria es un tema que el sector agrícola ha venido advirtiendo desde hace un año en el país; primero, por el encarecimiento de los insumos para los cultivos que provocó una drástica reducción en la cantidad de granos producidos (hasta 8 millones de quintales de déficit) y, segundo, por el impacto de la tormenta Julia que afectó al territorio en octubre del año pasado.
A estos factores hay que sumar el conflicto bélico en Ucrania tras la invasión rusa, algo que también contribuyó al encarecimiento de los alimentos a nivel mundial.
Según organizaciones como la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) y la Mesa Agropecuaria Rural e Indígena, la falta de una política nacional agropecuaria también ha influido en agravar la crisis, pues estas asociaciones de productores consideran que por medio de mecanismos institucionales podría frenarse el avance de la situación.
En este sentido, parte de la propuesta incluye la creación de una reserva nacional de granos que permita hacerle frente a los escenarios de escasez de alimentos o que ayude a regular los precios del mercado cuando haga falta.
Asimismo, economistas también han apuntado que la suspensión del IVA a los insumos que se utilizan en la producción de alimentos podría ayudar a reducir el impacto del encarecimiento en los bolsillos de los salvadoreños, sin embargo, hasta la fecha el gobierno solo ha establecido una serie de suspensiones a los aranceles de importación de algunos productos, sin embargo, no ha sido suficiente.