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“El 2023 va a ser un año con más crisis ambientales”

En el 2022 se aprobaron más de 1,500 permisos ambientales en los que no se realizaron los estudios adecuados para conocer su impacto ambiental, según Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), quien destaca que esas decisiones tendrán consecuencias.

Por Graciela Barrera | Dic 30, 2022- 09:18

Foto EDH / archivo

Las crisis ambientales son comunes en El Salvador y afectan directamente a los medios de subsistencia de las personas que residen en lugares de alta vulnerabilidad y particualermente a quienes cuentan con menos recursos económicos para afrontarlas. Por tanto, los retos para afrontar esa realidad, durante 2023, son grandes.

Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), en entrevista con El Diario de Hoy, abordó el complejo panorama medioambiental que se avecina para El Salvador.

“Problemáticas como el cambio climático global, que tienen fuertes impactos en el agua, en la seguridad y soberanía alimentaria, van a ser más complicados”, destacó González.

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Además, agregó que se deben realizar todo tipo de acciones encaminadas a paliar las crisis que genere el cambio climático, como eventos extremos: sequías, tormentas tropicales, huracanes, entre otros.

Las vulnerabilidades son socialmente construidas

Según explicó Luis González, son las personas quienes intervienen en la deforestación, contaminan e impermeabilizan. “En la medida en que se vea como un logro dar más de 1,500 permisos en un año, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, cuando su finalidad no es dar permisos ambientales, estamos mal”, afirmó el ambientalista.

Él y otros especialistas consideran que el otorgamiento de todos esos permisos, sin mayor estudio del impacto que podrían tener en el territorio, se debe a que el gobierno salvadoreño ha priorizado proyectos económicos por sobre la preservación de los bienes naturales del país y el bienestar de su gente.

González señaló que este tipo de decisiones afectan más a las poblaciones más pobres y, entre estos, hay grupos con mayor vulnerabilidad como los pueblos indígenas, comunidades de las zonas costeras y las mujeres.

¿Qué hace El Salvador frente al cambio climático?

Los esfuerzos que se están realizando en El Salvador para reducir los impactos del cambio climático son muy escasos e insuficientes. En el pasado, se implementó una política nacional de cambio climático, además, UNES, organización a la que González pertenece, presentó en 2016 una propuesta de Ley de Cambio Climático que, hasta la fecha, no se ha discutido dentro de la Asamblea Legislativa.

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“En rango a la magnitud de la crisis, es muy poco lo que se ha hecho, año con año hay más comunidades afectadas en su seguridad y soberanía alimentaria por los impactos del cambio climático”, señala González. También, mencionó que existen rubros que deberían estar trabajando fuertemente el tema de adaptación al cambio climático en temas de infraestructura, salud, agua, gestión de riesgos, etcétera. Sin embargo, esto se ha quedado a nivel de planificación pero no ha trascendido a la implementación.

Los ambientalistas salvadoreños consideran que es urgente trabajar para reducir los impactos del cambio climático en el terriotorio local porque hay personas afectadas que están migrando debido a los efectos en sus formas de vida.

Las exigencias del sector ambiental para el Estado

Según los ambientalistas, es necesario que se cumplan las leyes ambientales a nivel nacional. “No se puede seguir haciendo una gestión ambiental partiendo de sólo aplicar unas cosas cuando es conveniente. Existe un marco normativo que debe cumplirse”, expuso González.

En El Salvador existe una falta de capacidad técnica y de voluntad política de hacer cumplir las leyes ambientales, lo que promueve, en palabras de González, la impunidad ambiental y que se sigan violentando las leyes que protegen los recursos naturales del país.

“Quienes no son sancionados o no cumplen las leyes son quienes hacen riqueza convirtiendo el ambiente en una mercadería”, expuso el ambientalista.

Es necesario que se creen nuevas leyes y nuevas políticas públicas para proteger el medio ambiente y que se cierren los vacíos que ya tienen las leyes vigentes. Entre las más urgentes: una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria, la prohibición de los agrotóxicos a nivel nacional y crear tratados para regular las aguas transfronterizas con Guatemala y Honduras para erradicar afectaciones entre estos países.

Lo que puede hacer la sociedad civil

Para comenzar, es necesario crear conciencia de la magnitud de la crisis ambiental para exigir a las autoridades que hagan cumplir la ley, sin embargo, desde el hogar se pueden generar grandes cambios en pequeñas cosas como: ahorro de agua, ahorro de energía, consumo responsable, consumir local, lo cercano al hogar, realizar una separación de residuos (plástico, vidrio, papel, aluminio). Por otro lado, quienes pueden compostar los residuos orgánicos deberían hacerlo y así generar abono para sus macetas.

Según Luis González, diariamente se producen 4,000 toneladas, o un poco más, de residuos, de las cuales solo el 80 % va a una disposición final. Por su parte, el 20 % queda en las calles, ríos y ecosistemas. Es por ello que se vuelve tan importante el consumo responsable, reciclar, reducir y reparar.

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