El gobierno de Bukele comenzó con una campaña de mentiras basadas en su propia visión de haber convertido el pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán en una floreciente ciudad del primer mundo, dejando únicamente como herencia una fuerte deuda. Iguales recuerdos dejó en la alcaldía de San Salvador, prometiendo maravillas, que eran una adelantada campaña para lograr la presidencia de la República mediante un mercadeo publicitario tecnológico, que llegó hasta los más apartados confines de la República. La promesa de que “el dinero alcanza cuando no se roba” entusiasmó a miles de votantes, que esperaban una administración transparente.
Una mentira más porque el dinero no ha alcanzado, endeudando al país como nunca antes, habiendo perdido crédito con organismos internacionales, con peligro de caer en impago. Y aunque la recaudación fiscal ha sido mucho mayor que lo esperado, las plenarias siguen aprobando millones de préstamos, con dispensa de trámites.
Tres años de falsas promesas. La construcción del Hospital Rosales, con $70 millones disponibles, con un cambio del diseño, que no le gustó al presidente, pero aumentó el costo. Dar un seguro de $30,000 a las familias que perdieron a médicos y personal sanitario durante la pandemia, siguen sin recibir más que maltrato de las autoridades. Construir 5,000 escuelas en 5 años, y los niños siguen en champas de lámina y hasta con plásticos y telas. Las municipalidades sin FODES con un 1.5% que no alcanza ni para pagar sueldos, recolección de desechos sólidos y tantas necesidades en poblaciones empobrecidas. Millones asignados a la DOM para trabajos de bacheo en la capital y otras ciudades, con abundancia de rótulos cian, para esconder una ineficiencia e incapacidad vaticinadas desde su creación.
¿Qué rumbo han tomado esos millones que la Asamblea aprueba cada semana? Se declararon información reservada hasta por 7 años, así como toda información oficiosa que los ciudadanos tenemos derecho a conocer y suprimiendo la LACAP para todas las contrataciones del Estado. Al darle jaque mate al IAIP y silenciar las demás instituciones contralores, el velo de opacidad ha pretendido tapar la corrupción que se observa en gastos millonarios en publicidad y en el cada vez más creciente presupuesto de CAPRES.
La deuda crece sin que los funcionarios se preocupen de cómo se va a pagar, ni informen del destino real de dichos fondos. Los $166 millones adicionales para el tramo Los Chorros, cuyo presupuesto era de $245 millones. Si hubo estudio de factibilidad, bases de licitación y el proyecto fue otorgado a la empresa que diera las mejores condiciones, ¿qué motivos hubo para este millonario aumento? Créditos aprobados con un determinado fin, se redireccionan para “atender transferencias varias y obligaciones generales del Estado. Compromisos de deuda pública y otras prioridades estratégicas del GOES en el ejercicio financiero fiscal 2022.” Lo que la valiente diputada Claudia Ortiz califica como “el hoyo negro” que demuestra que el Presupuesto estaba totalmente desfinanciado, para necesitar, al final del año a comprar deuda, con más deuda.
El vicepresidente, como un mal prestidigitador para apoyar la reelección, ha descubierto artículos ocultos en la Constitución y justifica una Constituyente porque las anteriores nacieron tras un golpe de Estado. Y los magistrados del TSE, como nuevos fariseos, aprueban la reelección porque las sentencias de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento. Sentencias sin ninguna validez porque esos magistrados fueron electos de dedo, sin seguir el debido proceso, por lo que todas sus sentencias son nulas y no tienen por qué cumplirse. Han olvidado su juramento de cumplir los mandatos constitucionales, con tal de mantener su puesto y obedecer al ejecutivo y que llegará un día en que la Patria se los demandará.
Maestra.