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Estira
y encoge entre la Fiscalía y algunos alcaldes
Se
prevé que en los próximos días vuelan a surgir
diferencias por quién debe determinar cuál juego es
prohibido o no a partir de las inspecciones.
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| Los ediles sostienen que es el Ministerio
Público quien debe establecer qué está
vetado y proceder contra ello. Foto EDH |
El 9 de agosto de 2002 entró en vigencia el decreto que
da facultades a los alcaldes para inspeccionar casinos y verificar
que no tengan juegos prohibidos, y dar parte a la Fiscalía
para cerrar casinos en caso de ser positivo el hallazgo.
Con tal decreto todos los jefes edilicios de municipios donde operan
casinos están obligados a verificar que los establecimientos
no ofrezcan juegos ilícitos, que el mismo decreto establece
cuáles son.
De comprobar que las casas de juegos violan la ley, las municipalidades
deberán informar a la oficina regional de la Fiscalía
General de la República para que proceda al debido requerimiento
fiscal, de acuerdo con lo establecido en la legislación penal,
y a cerrar el negocio infractor.
Óscar Ortiz opinó el año pasado que la municipalidad
sólo puede informar que los casinos tienen juegos prohibidos
y que el resto, el cierre, le corresponde a la Fiscalía.
En Nueva San Salvador funciona el Bingo Club, con un permiso de
operación para 10 años.
Un mes después, es decir, en septiembre de 2002, empezó
una guerra de acusaciones entre los alcaldes y la Fiscalía.
Cada cual responsabilizaba al otro de no proceder contra los negocios.
El año pasado, el alcalde de Santa Ana, Orlando Mena, mandó
al Ministerio Público un inventario de los juegos que se
encuentran en el Casino Montecarlo, tal como manda el decreto, pero
el jefe fiscal, Juan Carlos Fuentes Real, le envió una nota
donde se le solicita nueva inspección.
Fuentes Real sostuvo que la municipalidad omitió en su inventario
consignar si existen o no juegos prohibidos.
Se hizo, además, esta pregunta: “ A pesar de que tienen
juegos prohibidos, ¿qué delito les vamos a atribuir?”.
Fuentes Real descargó responsabilidad en la municipalidad
que dio el permiso e indicó que “por lógica”
era la llamada a cerrarlos.
Sólo si los casinos no acatan la orden de la municipalidad,
se les procesaría por desobediencia, dijo el fiscal. El alcalde
Mena no piensa lo mismo. Sostiene que el decreto no le obliga a
decir a la Fiscalía si hay o no juegos prohibidos.
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Se quedan o no se quedan
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| Durante
tres años, las casas de juego han resistido las intenciones
de las autoridades de cerrarlos. La policía denunció
que a ellos llegaban hampones a gastar dinero malhabido. |
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Diciembre 1999
Vencen los permisos de operación de los casinos que
operan en la capital. Nunca se renovaron.
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Septiembre 2000
Dos de los tres negocios capitalinos permanecen abiertos,
pues pidieron amparo ante la Corte Suprema.
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Mayo 2001
En su primer intento de demanda de amparo, los casineros pierden
la batalla ante la Sala de lo Constitucional.
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Enero 2002
Después de varios meses, dos casinos capitalinos que
ya no tenían opciones para seguir operando son cerrados.
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Mayo 2002
Comienza el cabildeo en la Asamblea, principalmente de parte
de la policía, para cerrar las casas de juego.
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Julio 2002
Primer intento de los diputados por emitir un decreto legislativo
que regulara los negocios en todo el país.
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Agosto 2002
La Asamblea se pone de acuerdo y emite los decretos 929 y
930, que regulan la operación de casinos.
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Octubre 2002
Entran las primeras demandas de amparo contra los decretos
en la Sala de lo Constitu-cional de la Corte.
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Septiembre 2003
El máximo tribunal avala la actuación de la
Asamblea al emitir los decretos y ordenar
las inspecciones.
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