Están de vuelta para vender información
Infornet desafía autoridades

Su base de datos fue decomisada en junio, pero un juez en Guatemala no ha permitido el acceso a ella.

Lugar de residencia, nombres de hijos, deudas, propiedades, vehículos y antecedentes penales de salvadoreños es lo que vende Infornet. Foto Mauricio Cáceres

La empresa Informes en Red S.A. (Infornet) volvió al ciberespacio para vender al mejor postor información privada y personal de los salvadoreños.

Su resurgimiento fue calificado por la Fiscalía General como una afrenta a las autoridades de El Salvador y Guatemala, donde se realizan sendas investigaciones para determinar la ilegalidad de este negocio.

Mejor aún, se pretende establecer qué entidad estatal o privada negoció con Infornet la entrega de los antecedentes crediticios, penales, domiciliares, familiares y de propiedad de cerca de cuatro millones de salvadoreños, según los cálculos.

En junio, el local de Infornet en Guatemala, donde se supone se encontraba el servidor y la base de datos de las personas, fue allanada por el Ministerio Público de este país.

El operativo coincidió con la visita de un grupo de fiscales salvadoreños que llegó al país vecino en busca de colaboración para su investigación.

Al enterarse del decomiso, se solicitó tanto a la Fiscalía como a la Corte Suprema de Guatemala que permitieran el acceso a la base de datos para determinar si había o no información sobre salvadoreños.

Según informes proporcionados por el periódico Siglo XXI de Guatemala, el tiempo se ha ido en peticiones y apelaciones judiciales. En otras palabras, no existen avances en el caso.

Entonces, ¿cómo es que reaparece Infornet?

De acuerdo con información del vecino país, la empresa tenía en algún lugar un “back up” (respaldo o copia) de sus bases de datos, que le habría servido para volver al negocio.

El fiscal salvadoreño Aquiles Parada, encargado de la investigación, lamentó que las autoridades guatemaltecas aún no hayan respondido a sus peticiones para acceder a los archivos de Infornet.

Parada sabe que sólo si encuentran los registros de los salvadoreños tendrán un caso que investigar.

“La página web de ahora es diferente. En la original daban incluso muestras de la información, daban detalles de placas de vehículos y en qué países estaban disponibles esos datos.

Ahora, en cambio, es más recatada o mesurada, y dicen que es sólo con el fin de garantizar relaciones comerciales con personas y no detallan la información que están vendiendo”, dijo Parada.

Infornet gana

Los abogados de Infornet presentaron al Juzgado 2o. de Primera Instancia Penal de Guatemala un recurso donde se solicitaba declarar incompetencia de la Fiscalía para investigar en un caso donde, según ellos, no hay delito.

Para asombro de las autoridades, este tribunal falló a favor de la defensa y resolvió “con lugar el recurso de excepción de falta de acción” de la Fiscalía.

Extraoficialmente se supo que se prepara un recurso de apelación, pero el problema es que este tribunal, al igual que el resto de juzgados pares, tendrá un mes de vacación y, cuando retorne, estará en fiestas de Navidad y año nuevo.

Si se confirma el fallo a favor de Infornet, la investigación se volverá difícil, dijo el fiscal Parada, y será imposible confirmar si existe o no información de los salvadoreños en manos de los guatemaltecos.

Amparo lleva seis meses en espera

El 14 de mayo pasado, directivos de la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Computación (Asproc) interpusieron un recurso de amparo contra Infornet y pidieron a la Corte Suprema de Justicia que ordene a la empresa guatemalteca suspender la comercialización de información privada y personal de millones de salvadoreños.

Han pasado seis meses desde la presentación del recurso, y la Corte Suprema de Justicia ni siquiera ha decidido la admisión, según confirmó la oficina de comunicaciones.

Asproc alegó que Infornet ha causado daños irreversibles a los salvadoreños y por ello pidió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que pongan un alto al negocio, que continúa ante la ausencia de agilidad en la Corte para resolver los amparos.

La venta de datos viola el derecho a la intimidad de los salvadoreños, así como su libre decisión sobre su información personal, sostuvo Asproc.

La gremial también urgió a la Asamblea Legislativa elevar a delito la comercialización de información particular como se ha hecho en Argentina.