El Salvador presenta anteproyecto
Pena máxima de 30 años por delitos de terrorismo

Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana tratan de homogeneizar sus normativas.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Zepeda, estrecha la mano de Roger Miranda, representante de Foprel. Foto: EDH/Gustavo Rico

El Salvador cumplió lo pactado: ya existe un anteproyecto de Ley de Combate al Terrorismo, que hoy ingresará en la agenda de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.

El documento fue elaborado por el ex diputado y abogado Arturo Argumedo, quien tomó como referencia una ley modelo que formuló la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se propone una pena mínima de cinco años y una máxima de 30 años de cárcel para castigar cualquier acción vinculada con el terrorismo nacional e internacional, entendiéndose que se trata de actos que representen un peligro para la vida humana (lesa humanidad).

Además se convertiría en un delito imprescriptible, es decir, se perseguirá y condenará sin importar el tiempo en el que fue cometido.

El secreto bancario y la reserva tributaria serían dos derechos que se eliminarían al existir una investigación terrorista.

Para ello, se facultaría a cualquier juez a que dé esa orden y, a la vez, a que congele y embargue los bienes de los nacionales y extranjeros terroristas, sin importar que el delito se haya cometido dentro o fuera del territorio.

La idea es tener una normativa afín a la del resto de Centroamérica, República Dominicana, Belice y Panamá. Por ello, abogados de esos países elaboraron sus propios anteproyectos, utilizando la misma matriz que Argumedo.

Los mismos fueron presentados ayer en un encuentro que organizó el Foro Interparlamentario Centroamericano y de la Cuenca del Caribe.

Al homogeneizar las normativas, los gobiernos se comprometerían a dar facilidades migratorias para que las autoridades puedan transitar y actuar sin restricciones por la región, sin detrimento a la soberanía.

También, se estarían comprometiendo a aplicar la extradición, cuando el país de origen del detenido lo solicite o bien porque las autoridades de cualquier otro, tienen mayores pruebas sobre la comisión de un delito.

“La extradición no podrá ser denegada por causa de obligaciones personales del acusado, tales como deudas, obligaciones alimentarias, vínculos familiares, estado migratorio y sentencias no penales anteriores”, es una disposición del proyecto salvadoreño, incluía en los otros del área.
A los detenidos por terrorismo se les garantizaría el respeto de todas las garantías penales.

Legislaciones convergentes

Al tener normativas casi idénticas, se evita que las organizaciones terroristas prefieran delinquir en determinado país de la región por la flexibilidad de sus leyes.
- Cada país aprobará una ley que se adapte a las disposiciones constitucionales vigentes.
- Los rangos de las penas podrían variar, según cada país, aunque la máxima oscilará entre los 20 y 30 años.
- La región dejará por sentado que terrorismo es aquel acto que dañe el orden constitucional.
- El Salvador propone, además, que los homicidios, lesiones y secuestros, contra oficiales o residentes extranjeros se considerarán actos terroristas.
- También entrarán en esa categoría los atentados contra funcionarios de los tres órganos del Estado.
- La fabricación y tenencia de armas biológicas o nucleares son actos terroristas.