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La disolución de CONMIGRANTES

Con la disolución de CONMIGRANTES, la sociedad civil de salvadoreños en el exterior estaría quedando fuera de la institucionalidad. Además, los fondos de CONMIGRANTES pasarían a manos del Ministerio de Hacienda.

Por Fátima Ortiz
Abogada

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa emitió la semana anterior el dictamen favorable a la iniciativa del partido Nuevas Ideas para disolver el Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES), trasladar sus funciones al Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana y sus fondos al Ministerio de Hacienda.


CONMIGRANTES nació en 2011 mediante decreto legislativo como un organismo de derecho público adscrito al ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de elaborar, proponer, canalizar, y verificar el cumplimiento de la política integral de protección a migrantes salvadoreños, así como también servir como ente de coordinación entre el Estado y los migrantes salvadoreños.


Para esto, el Consejo estaba conformado por 11 representantes de gobierno: ministerios de Relaciones Exteriores, Trabajo, Salud, Educación, Economía, Agricultura, Turismo, Seguridad, COMURES, PGR y RNPN, y siete representantes no gubernamentales, incluyendo tres representantes de asociaciones de salvadoreños radicados en el exterior, uno de organizaciones no gubernamentales inscrita en El Salvador relacionada al tema, uno de universidades privadas, uno de la UES y uno de asociaciones de mediana y pequeña empresa.


Toda esa estructura será eliminada con la disolución del consejo. El argumento para ello es que las funciones de este han sido planificadas y ejecutadas por el viceministerio de diáspora y movilidad humana, según el cuarto considerando de la iniciativa.


La propuesta fue presentada por el partido Nuevas Ideas en la comisión de relaciones exteriores, sin embargo, el proyecto de ley fue defendido por Cancillería. Además de la disolución de CONMIGRANTES, el proyecto también definió que los ingresos que percibe el consejo sean redirigidos hacia el Fondo General de la Nación; o sea, al ministerio de Hacienda.


Según el art. 326 de la Ley de Migración y Extranjería, de los ingresos generados por el cobro de la tasa por salida de cada pasajero vía aérea ($10) se asigna $1 a CONMIGRANTES. Estos fondos se transfieren de forma trimestral. Esos fondos ahora serán transferidos a Hacienda.


Omar Jarquín, de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), lamentó que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores ya tengan dictamen favorable para la disolución de CONMIGRANTES.


Jarquín dijo estar sorprendido porque las organizaciones de la sociedad civil adscritas a CONMIGRANTES no fueron informadas, ni consultadas sobre el cierre.


La Comisión de Relaciones Exteriores sólo invitó a los representantes del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, cuando Conmigrantes está constituida por instituciones gubernamentales como no gubernamentales, entre ellas un delegado de Cofamide, un representante de la Universidad de El Salvador, un representante de universidades privadas, entre otros, según reza el artículo 12 de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante.


Jarquín espera que el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, que asumirá supuestamente las funciones de CONMIGRANTES, realmente cumpla con su función de apoyo a los migrantes.


Con la disolución de CONMIGRANTES, la sociedad civil de salvadoreños en el exterior estaría quedando fuera de la institucionalidad. Además, los fondos de CONMIGRANTES pasarían a manos del Ministerio de Hacienda.


Esta disolución se sumaría a otras siete instituciones que fueron disueltas a petición del gobierno, entre ellas el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) que fue sustituido por la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST). Además, pidió la disolución del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) con la propuesta de “Ley del Sistema Nacional de Integración”, la cual sería aprobada por la Asamblea Legislativa en próximas plenarias.

Abogada y defensora de los derechos humanos.

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