Pensiones en Francia: debate que se vuelve crisis política

Hay protestas en las calles por la reforma a las pensiones, la cual fue parte del programa del presidente Emmanuel Macron en su campaña para la reelección en abril-mayo de 2022. Finalmente, en un país que tiene una relación compleja y paradójica con la noción del trabajo, tenía que ser casi una formalidad presentarla en 2023. Por cierto, fue presentada ante el parlamento como un proyecto de ley rectificatoria de financiación de seguro social 2023, después de unos reajustes.

Enmarcando el debate sobre un periodo máximo de 50 días, el Legislativo tenía que examinar un texto cuya medida central consistía, en su artículo 7, prolongar dos años, en un periodo alargado hasta 2030, la edad mínima y legal de jubilación. Hoy en día, los trabajadores pueden jubilarse a los 62 años para poder beneficiar del pleno sistema de pensiones. Después de la reforma, la edad sería de 64 años.

Francia tiene un sistema por repartición y para nada por capitalización como bien puede haber en América Latina. Se calcula por trimestre de trabajo. Sencillamente, es un sistema de pensión que tiene vocación de ser un instrumento de solidaridad social y nacional. Ahora bien, en las últimas décadas hubo cambios tecnológicos, físicos, mentales, los puestos de trabajo han evolucionado.

El sistema que fue instalado después de la Segunda Guerra Mundial, preveía, por ejemplo, regímenes especiales para los sectores, entre ellos los transportes, la energía. La noción de dificultad también cambió. Este contexto nutrió los debates, y en ciertas ocasiones, los combates sociales en Francia a través de los años, por razones ideológicas, politécnicas o sencillamente económicas, reformas al sistema fueron adoptadas, tomando en cuenta por ejemplo, el alargamiento de la longevidad.

Fue la razón sobre la cual el presidente Macron reformó. Afirmando que se trata de salvar el sistema para que pueda seguir financiado y sostenible, Macron declaró que se tenía que prolongar dos años la edad laboral, lo cual genera consecuencias para los “senior”, sobre todo para las mujeres. Lo cierto queda en el hecho que dicha reforma ha sido presentada en un periodo sumamente político y en un contexto de tensiones sociales.

Desde las elecciones legislativas de junio de 2022, el presidente perdió la mayoría absoluta (289 escaños sobre 577) que tenía durante su primer periodo (2017-2022). Disponiendo de una mayoría relativa (250 escaños), debe construir alianzas para alcanzar la mayoría aboluta.Y las oposiciones se han vuelta más virulentas: por un lado, una alianza de las izquierdas contando con el partido socialista, los ecologistas, la NUPES, el partido de extrema izquierda “Francia insometida”, contando con 149 diputados. Por otro lado, “Reunificación nacional”, el partido nacionalista con 88 escaños. El partido conservador, “ los Republicanos”, contando con 61 diputados, vuelve en posición de hacer y deshacer las mayorías. Esta lógica de fragmentación política obliga al gobierno, ante la Asamblea Nacional, a buscar alianzas.

En 2019, hubo el movimiento de las “camisas amarillas”, reflejo de un malestar sobre el costo de la vida dentro de otros temas, que ha sido desbordado por movimientos violentos.

Durante dos años, Francia enfrento la crisis de la covid 19. Emmanuel Macron definió una orientación estatal clara : “A cualquier sea el precio”, el Estado apoyará las empresas y los trabajadores, mientras se tuvo que reducir y adaptar la forma de trabajar. Desde entonces, un malestar socioeconómico alimenta una forma de ira recurrente, para no decir permanente, sobre lo que muchos consideran como una rebaja de la coherencia nacional e internacional del país. En este contexto, un proyecto de ley tan sensible como el de las pensiones nutrió tanto el discurso como la búsqueda de las oposiciones y nueva cristalización de cólera. De crisis política, muchos quisieran instalar una crisis de régimen y destilar esta impresión.

La adopción del artículo 49.3, un instrumento legal para que el gobierno, sobre los proyectos de ley de finanzas, les pueda adoptar sin pasar por el voto parlamentario, recuerda finalmente, la preeminencia del poder ejecutivo. Dispone también el Presidente del poder de disolución (artículo 12) del congreso, convocando nuevas elecciones legislativas. El general De Gaulle la adoptó en 1962 y 1968, Francois Mitterrand en 1988, Jacques Chirac en 1997. Y para enfrentar circunstancias extraordinarias, el artículo 16 le otorga poderes reforzados durante 6 meses. Lo usó el General de Gaulle en abril de 1961 para poder contestar a las violentas tensiones provocadas por el conflicto en Argelia (independiente en julio de 1962).

La aplicación del 49.3 permite la adopción sin discusión en el parlamento, del proyecto de ley relacionado. Pero, las oposiciones pueden en las 24 horas que siguen depositar una moción de censura contra el gobierno. Siendo responsable frente la Asamblea Nacional, si la moción de censura tiene la mayoría, el gobierno se debe dimitir. En el caso contrario, sigue.

Es la situación que vive Francia actualmente: la semana que llega verá el rechazo o la adopción de la censura contra el gobierno. Indicará el grado de confianza de que dispone el Presidente de la República en la Asamblea, que representa a la Nación francesa. Es decir que se esta “jugando” la credibilidad del sistema a través de la crisis que esta viviendo el país. Riesgo de un desbordamiento por las calles, posibilidad de un bloqueo del aparato productivo, episodio N°2 de las “camisas amarillas”, o simplemente crisis momentánea, los días que vienen, serán determinantes para definir el rumbo que adoptara Francia.

Politólogo francés y especialistas en temas internacionales