Algunas deudas históricas con las mujeres y niñas

Desde que soy militante del movimiento feminista las demandas a la Asamblea Legislativa, propuestas para planes de gobierno, y en cualquier otra instancia del Estado salvadoreño, han sido las misma. En diferentes contextos, con diferentes peticiones, pero en el fondo la exigencia es la misma: dignidad para las mujeres y las niñas salvadoreñas.

La dignidad humana para las mujeres y niñas en su diversidad, en El Salvador, pasa por exigir que no se nos mate por el hecho de ser mujeres. La incipiente democracia nos debe mucho a las mujeres, y en contextos tan represivos como los tiempos que atraviesan las tierras de Prudencia Ayala, las mujeres y otras minorías somos olvidadas de la agenda política. Se considera que en estos momentos hay que establecer el piso democrático para luego hablar de los “problemas de las mujeres y niñas”.

Sí, problemas del más del 50% de la población. Ni siquiera somos minorías, somos más del 50%. Aunque suene repetitiva la frase, pareciera que a pesar que somos más, seguimos sin obtener derechos, sin ser consideradas ciudadanas con plenos derechos tal y como lo establece la Constitución de la República. Las mujeres y niñas no somos iguales ante la ley, no tenemos igualdad de remuneración por el mismo trabajo que realizamos por ser mujeres. Las trabajadoras domésticas siguen esperando que esta legislatura al igual que las anteriores, le cumpla con la deuda histórica de brindarles dignidad laboral, que se les garanticen derechos así como a cualquier persona que tiene un empleo.

A la niñez se le niega el derecho a la Educación Integral en Sexualidad, por los fundamentalismos morales de los actuales y anteriores gobernantes de la democracia salvadoreña. De acuerdo a los datos de la Policía Nacional Civil (PNC) registrados en 2022, las denuncias por el delito de violación sexual aumentaron respecto al año 2021, pasando de 2,370 a 2,559. De los 10 delitos de mayor impacto ocurridos durante el 2022, el de violación ocupó el tercer lugar, con un crecimiento del 8 % respecto a 2021.

Según la Revista Digital la Brújula: “En 2022, el Ministerio de Salud reportó 10,352 embarazos en niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 28 embarazos al día. Del total de este registro, 496 son embarazos en niñas menores de 14 años, esto representa a casi 10 niñas menores de 14 años por semana”. La prohibición absoluta del aborto, solamente le deja a las niñas la opción de ejercer maternidades forzadas, niñas menores de 14 años, que no buscaron ser madre, no tiene la posibilidad de seguir siendo niñas. Estás demandas que jamás han tenido la posibilidad de ser discutidas en la actual legislatura sólo deja claro que está al igual que las legislaturas anteriores no les interesa realmente saldar deudas históricas, por el contrario se niegan a resolver estas y otras demandas.

El diputado Johnny Wright ha presentado un paquete de 7 iniciativas que incluyen algunas de las demandas mencionadas anteriormente. Además, de una iniciativa de paridad política no solo para cumplir una cuota y meter a las mujeres en los puestos de rellenos o perdedores, sino que realmente sea una participación activa en las listas de candidaturas a puestos de elección popular, así como en los puestos de decisiones de los partidos políticos y elecciones para el Ministerio Público.

No es la primera vez que se presentan iniciativas de este tipo. Hace 10 meses se presentó la iniciativa de propuesta para otorgar una licencia de menstruación para mujeres y personas menstruantes, a raíz de los malestares que puede provocar la menstruación en algunos cuerpos. Esta iniciativa jamás se ha agendado en las comisiones correspondientes. Hace 5 meses se presentó, junto con la madre de Fernanda Nájera, la iniciativa de “Responsabilidad Integral con las Víctimas de Feminicidio”, que tiene como objetivo darles una respuesta a las madres o familiares de las víctimas de feminicidios. Hoy se incluye en está nueva presentación un registro de las víctimas de feminicidio público, en el que se incluya el proceso judicial y que sea de conocimiento público el acceso a la justicia para las mujeres.

Estás iniciativa no deberían andar pidiendo ser estudiadas en la Asamblea Legislativa. Debería de ser parte de la voluntad política de todos los grupos parlamentarios para resolver las deudas históricas con más del 50% de la población.

Activista feminista.