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Cambiando reglas a menos de un año de las elecciones

A menos de un año de las elecciones, es posible la reducción de municipios, de diputados, regular el transfuguismo, quitar candidaturas independientes u otras reglas en materia electoral. Esto atentaría contra la voluntad de los electores, contra su voluntad de elegir, una de las características de sociedades democráticas.

Por Fátima Ortiz
Abogada

A diez meses de la elección y con dispensa de trámite, sin discusión parlamentaria y sin estudio técnico previo, la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada con 67 votos a favor y 15 en contra de los diputados opositores, la reforma solicitada por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, que deroga el articulo 291-A del Código Electoral.


El artículo 291-A del Código Electoral establecía que, un año antes de celebrarse cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas de un proceso electoral, “salvo aquellas que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección”.


El diputado oficialista Christian Guevara, quien solicitó la dispensa de trámite, aseguró que el artículo imponía “candados” para evitar mejoras a procesos electorales, no especificando expresamente cuáles serían estas mejoras.


El artículo derogado explicaba que un año antes de cualquier tipo de elección, no se admitirá ninguna modificación a las reglas que rigen el proceso electoral, salvo las que sean estrictamente necesarias para ejecutar algún aspecto de la elección, diputados de oposición alegaron que los oficialistas no fundamentaron la derogatoria del citado artículo.


La prohibición surgió tras una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó no hacer reformas un año antes de las elecciones, para evitar desordenar los procesos electorales y dar estabilidad jurídica a la población que acudirá a las urnas, también con el objetivo que se evitarán reglas hechas a la medida de los gobernantes en turno.


Es así que, según esa disposición, ya derogada, el 4 de febrero pasado terminó el plazo para que la Asamblea pudiera efectuar cambios que alteren el desarrollo de los comicios, los plazos de ley, la distribución del territorio, circunscripciones o la organización del sistema electoral. Pero hoy con la derogatoria es posible hacerlo.


Dentro de las posibles reformas que se podrían realizar cabe señalar que el presidente Nayib Bukele informó en un tuit que sería conveniente para El Salvador reducir de 262 a 50 municipios; luego el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo recientemente que están evaluando bajar de 84 a 64 diputados en la Asamblea Legislativa además que algunos municipios ya están recibiendo solicitudes de información por el gobierno de toda la situación jurídica y económica de cada comuna para fundamentar el estudio de reducción de municipios.


Con la derogatoria aprobada el pasado 15 de marzo, esas reformas sería posible hacerlas; también realizar una posible nueva redistribución de los cocientes y residuos para ganar escaños legislativos, por ejemplo, igualmente en el caso de las alcaldías, de nuevas circunscripciones para asignar representación en la Asamblea.

A menos de un año de las elecciones, es posible la reducción de municipios, de diputados, regular el transfuguismo, quitar candidaturas independientes u otras reglas en materia electoral. Esto atentaría contra la voluntad de los electores, contra su voluntad de elegir, una de las características de sociedades democráticas.


Con la derogatoria del artículo cualquier cambio se puede realizar, cambiar a listas cerradas, volver a votar por banderas, ya sería no abierta como ahora que se vota por candidatos. También, sobre los organismos electorales temporales, podría cambiarse su composición, que hoy es de 5 podría llevarse a 3, o la vigilancia que ejerce los partidos políticos al proceso electoral.


Como se puede apreciar existe la posibilidad del partido oficial de cambiar las reglas electorales a su antojo y conveniencia, esto afecta a la democracia ya que esto limita la voluntad de los electores, pero también genera inseguridad jurídica ya que no existe total trasparencia en el proceso pudiendo generar dudas de sus resultados.

Abogada y defensora de derechos humanos.

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