Acuerdos de Paz: Cese del fuego, desarme, desmovilización y reintegración

En el Acuerdo de Ginebra de 4 de abril de 1990, se establece claramente que el “propósito del proceso será el de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña”. Esto se reitera en el Acuerdo de Caracas de 21 de mayo de 1990 añadiendo que “deberá ser verificado por las Naciones Unidas, sujeto a la aprobación del Consejo de Seguridad”, y en el Acta de Nueva York I de 31 de diciembre de 1991 se afirma que se ha llegado a un acuerdo sobre “los aspectos técnico-militares de la separación y el cese del enfrentamiento armado”.

En el Acuerdo de Chapultepec se define el cese del enfrentamiento armado como “un proceso irreversible, corto, dinámico y de duración predeterminada que debe aplicarse en todo el territorio nacional”, que tiene cuatro elementos básicos: (1) “el cese del fuego; (2) la separación de fuerzas; (3) “el fin de la estructura militar del FMLN y la reintegración de sus integrantes, dentro de un marco de plena legalidad, a la vida civil, política e institucional del país; y (4) verificación de las Naciones Unidas”. Ha de notarse que una vez terminada la enumeración de los elementos constitutivos del cese del enfrentamiento armado, se estipula que en “este capítulo se incluyen además acuerdos sobre la restauración de la administración pública en zonas conflictivas y sobre el uso de medios de comunicación en favor de la reconciliación”.

Todos sabían, sin embargo, que la ejecución de lo acordado sería tan difícil como como su negociación, pues la desconfianza, la duda y el escepticismo dominaban los espíritus después de tantos años de dolor y destrucción. Pese a eso, fue necesario un mínimo de confianza porque no había otra forma de lograr que los Acuerdos de Paz llegaran a ser parte de la realidad cotidiana del país.

Una dimensión de esta realidad la analiza Kevin Murray en su artículo titulado El Salvador: Peace on Trial, algo así como El Salvador: La paz a juicio, publicado en 1992. Allí recuerda que si bien las partes se habían comprometido a emprender acciones específicas, gran parte de la responsabilidad de su ejecución real recaía en los legisladores y en funcionarios gubernamentales, y, así las cosas, rápidamente había que adoptar medidas para establecer la buena fe antes de que el FMLN desmovilizara sus tropas; todos conscientes de que algunas decisiones fundamentales no se ejecutarían hasta que el FMLN hubiera destruido su moneda de cambio más poderosa: las armas. En ese sentido, añade, el FMLN hizo una especie de acto de fe, confiando en que la determinación del pueblo salvadoreño y la presión internacional compensarían cualquier falta de voluntad del gobierno para cumplir su parte del trato.

Los expertos en resolución de conflictos trabajan con el concepto de DDR, es decir, desarme, desmovilización y reintegración. De acuerdo con las Naciones Unidas, a través “del proceso de retirada de armas de las manos de miembros de grupos armados, la salida de estos combatientes de sus grupos y la ayuda a su reintegración como civiles en la sociedad, la labor de DDR pretende ayudar a los excombatientes y las personas vinculadas a grupos armados para que puedan convertirse en participantes activos del proceso de paz”. Además, para las Naciones Unidas el “desarme, la desmovilización y la reintegración sientan las bases para salvaguardar y mantener las comunidades a las que regresan estas personas, a la vez que crean capacidades para la paz, la seguridad y el desarrollo a largo plazo”.

En El Salvador, del cese fuego y la separación de las fuerzas beligerantes fueron muy exitosos, considerados ejemplares en los anales de la resolución de conflictos. En relación con la desmovilización y el desarme, en su muy detallado estudio titulado Transitional Justice and DDR: The Case of El Salvador (Justicia Transicional y DDR: El Caso de El Salvador, publicado en 2009), Alexander Segovia proporciona las cifras siguientes:

• FMLN: Un total de 15,009 desmovilizados (4,492 mujeres; 8,552 combatientes, de ellos 3,285 mujeres; 2,474 no combatientes; 3,983 cuadros políticos; entre 1,500 y 1,600 menores de 18 años y 105 entre 11 y 15 años).
• Fuerza Armada: De un total de 63,1775 efectivos, 31,000 fueron desmovilizados, incluyendo los miembros de los disueltos de los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRIS).
• FMLN: 10,230 armas identificadas y destruidas; 4,032,606 balas; 140 cohetes; 9,228 granadas; 5,107 kilogramos de explosivos; 63 equipos de comunicación y 74 misiles tierra aire. El FMLN también declaró 128 depósitos de armas: 109 en El Salvador; 14 en Nicaragua; y 5 en Honduras.

Ahora bien, en relación con el desarme, en mayo de 1993 en las afueras de Managua explotó un depósito de armas que el FMLN que no había declarado a las Naciones Unidas. En un informe, las Naciones Unidas estimaron que ese escondite almacenaba aproximadamente 20% de todas las armas del FMLN. Este episodio fue sumamente difícil y tenso porque puso en tela de juicio la sinceridad y la credibilidad del FMLN, y sembró dudas en el espíritu de muchas personas.

En su libro Freedom of Expression in El Salvador: The Struggle for Human Rights and Democracy (Libertad de expresión en El Salvador: la lucha por los derechos humanos y la democracia, publicado en 2004), Lawrence Michael Ladutke, señala que en parte el proceso de paz no colapsó en ese momento porque los miembros del FMLN utilizaron la libertad de expresión como alternativa a la violencia, y, en mayo de 1993, el dirigente del FMLN Salvador Sánchez Cerén, años más tarde vicepresidente y presidente de la República, dijo al secretario general de las Naciones Unidas que las armas se habían convertido en una carga onerosa innecesaria precisamente porque las posibilidades de expresión estaban aumentando. Lawrence Michael Ladutke añade que los antiguos líderes guerrilleros entendieron que el creciente espacio político había creado la oportunidad para defenderse con palabras en lugar de balas. Al final, el desarme fue exitoso. 

Para hacer realidad la reinserción y la reintegración, los Acuerdos preveían un Plan de Reconstrucción Nacional (PRN), para el desarrollo integrado de las zonas afectadas por la guerra, satisfacer las necesidades inmediatas de la población y de los excombatientes de ambos bandos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada, con énfasis en la generación de empleo y el aumento de la producción de alimentos; también incluía un llamado a la comunidad internacional para que proporcionara recursos.

En su publicación titulada Rescate del Plan de Reconstrucción Nacional de El Salvador (1997), la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano recuerda que el “PRN fue ideado para construir opciones que propiciaran la reintegración social y económica de las poblaciones cuya vida había sido más alterada por el conflicto. Con él se esperaba rearticular los municipios destruidos y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a excombatientes, tenedores, refugiados, desplazados, campesinos, incluyendo mujeres y niños”.

“La rehabilitación municipal”, continúa diciendo, “debía hacerse mediante la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, educación y salud; proyectos de asistencia técnica y de fortalecimiento de instituciones democráticas. El criterio de esta ejecución debía ser la promoción de un desarrollo integral”.

De esa manera, el Plan de Reconstrucción Nacional (PRN) tenía por objetivo llevar recursos a 115 municipios, particularmente a 67 que estaban aún más afectados, para facilitar la reintegración de 40 mil desmovilizados del ejército y del FMLN, 120 mil familias desplazadas, 26 mil refugiados que habían regresado voluntariamente al país y 800 mil residentes en zonas de guerra.

En el estudio ya citado, Alexander Segovia hace un importante análisis del PRN que tuvo una dimensión rural y una urbana, aunque hubo casos con combinaciones de ambas. Para la reinserción y reintegración en zonas rurales se puso en marcha un programa de entrega de tierras, acompañado de créditos, asistencia técnica, herramientas, vivienda básica y letrinas. Entre sus objetivos estaba también restaurar el marco institucional de la propiedad de la tierra en zonas de guerra. Para la reinserción y la reintegración en zonas urbanas, se elaboraron programas en servicios e industria, becas para terminar estudios, y programas para heridos de guerra, menores del FMLN y antiguos miembros de la disuelta Policía Nacional.

Recuerda también que el PRN se estructuró en tres fases: (1) la fase de emergencia para cubrir necesidades apremiantes en alimentación, salud, educación y alojamiento temporal; (2) la fase de contingencia para proporcionar documentos de identidad a miembros del FMLN y a otras personas, así como herramientas, equipos agrícolas y capacitación para su reintegración en la agricultura, la industria y los servicios; y (3) la fase de reintegración productiva, con una visión de mediano plazo para lograr la reintegración a la vida productiva de excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN y pobladores, con transferencias de tierras, créditos agrícolas, vivienda y apoyo a personas con discapacidad.

Exembajador de El Salvador en Francia y Colombia, exrepresentante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Argelia, Colombia, Tayikistán y Francia y exrepresentante adjunto del ACNUR en Turquía, Yibuti, Egipto y México. También fue jurado del premio literario Le Prix des Ambassadeurs en París, Francia.