Esta semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos al revocar el precedente establecido en el caso Roe v. Wade, ha puesto fin a casi 50 años de uno de los regímenes de aborto más permisivos del mundo. Mientras los estadounidenses analizan el alcance de la sentencia del caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, a nosotros nos toca considerar sus implicaciones a nivel internacional. ¿Qué efecto tendrá esta nueva sentencia en el “cargadísimo” panorama del aborto en todo el mundo? ¿Cómo afectará la sentencia al esfuerzo de grupos internacionales por despenalizar el aborto en El Salvador? ¿Servirán los argumentos vertidos por los jueces norteamericanos para enriquecer el debate en torno a la defensa de la vida en el caso Beatriz que se está ventilando ante la Corte Interamericana, y por medio del cual se quiere imponer el aborto en el país?
Ante la mirada de todos, Estados Unidos está viviendo el mayor cambio en el paradigma legal del aborto a nivel mundial. El aborto no se entenderá más como un derecho constitucional. El más alto tribunal del país ha reconocido que cada uno de los cincuenta estados federales tienen la libertad de determinar sus propias leyes sobre el aborto, de acuerdo con la voluntad democrática, y sin imposiciones judiciales, ni externas. En pocas palabras, el Tribunal ha abierto la puerta a la toma de decisiones basadas en el debate popular y no en imposiciones judiciales.
Hasta ahora, Estados Unidos era uno de los únicos seis países -junto con China y Corea del Norte- donde se permitía el aborto “a petición libre”, durante los nueve meses de embarazo. Según datos de Naciones Unidas, la mayoría de los países prohíben el aborto a petición libre, y dentro de la minoría que lo permite, casi todos establecen como límite para practicarlo las12 semanas de edad gestacional. Dobbs es un primer paso crucial para corregir décadas de cultura abortista extrema en los Estados Unidos. Esta sentencia deja en evidencia que, en materia de aborto, es el país norteamericano el que ha desentonado todos estos años con el resto del mundo, y no al revés.
El debate sobre el aborto en EE.UU.. no está en un punto muerto, al contrario, está más vivo que nunca y va evolucionando de la mano de los avances de la ciencia médica. Sólo 1 de cada 3 estadounidenses apoya el paradigma del aborto que se había establecido en Roe v. Wade. Son muy pocos quienes apoyan el aborto “a petición libre”, ilimitado y sin excepciones.
Resulta paradójico que, a pesar de que esta sentencia convoca al pueblo americano a replantearse internamente la legalidad y legitimidad del aborto, siga siendo Estados Unidos el principal exportador de la agenda abortista a nivel mundial. Solo para 2023, se prevé un presupuesto de 597 millones de dólares destinados a exportar programas de “salud sexual y reproductiva”, mismos que en el discurso del derecho internacional incluyen el acceso al aborto. Si la cuestión del aborto en EE.UU.. no es aún un tema resuelto, más bien todo lo contrario, es legítimo que nos preguntemos por qué el país del Norte abusa de su poder coercitivo para influir a otros países a que eliminen sus protecciones constitucionales a favor de la vida de los bebés no nacidos.
Es claro que las decisiones de tribunales foráneos no son directamente aplicables en el país, ni siquiera las del máximo tribunal constitucional del mundo. Sin embargo, su influencia no deja de ser relevante. Por lo pronto, es posible extraer de este trascendental fallo que la protección de la vida en todas sus etapas exige de un debate sólido a nivel nacional dentro del proceso democrático, con base en argumentos científicos y morales, sin ceder a presiones o imposiciones externas. En cambio, lastimosamente en los últimos años nos hemos ido acostumbrado a campañas de presión institucional por parte de grupos internacionales que apelando únicamente a los sentimientos quieren deformar la tradición y cultura jurídicas de nuestros países latinoamericanos al imponer una ideología que se opone al derecho a la vida de los no nacidos.
Para alimentar el necesario debate en la protección de la vida, debemos considerar lo que nos dicen tanto el derecho internacional, como la ciencia. Por una parte, el derecho internacional no reconoce ningún derecho al aborto. Es más, el marco internacional de los derechos humanos se basa fundamentalmente en el respeto a toda vida humana, nacida y no nacida. Lo que recientemente ha dictaminado la Corte Suprema de los Estados Unidos es un testimonio de esta realidad irrefutable.
Por otra parte, los recientes conocimientos científicos sobre la vida por nacer son abundantes. La disponibilidad generalizada de la ecografía es uno de los principales avances que debiese informar nuestras discusiones sobre la protección de los no nacidos. Ahora sabemos que a las seis semanas un bebé en el vientre materno tiene un corazón que late, y que a las 15 semanas el bebé no nacido puede chuparse el pulgar, y ya tiene completamente formados la nariz, los labios, los ojos y las cejas. Investigaciones recientes demuestran que pueden sentir dolor a partir de las 12 semanas, o incluso antes.
Mientras cada uno de los cincuenta estados norteamericanos tiene por delante la tarea de definir su propia legislación sobre el aborto, esperamos que esta se base en la gran evolución de la investigación médica y social que apunta hacia la consideración que el bebé no nacido comparte la misma humanidad que el resto de las personas. Este es un llamado a todos los salvadoreños a hacer lo mismo: defender con firmeza el principio de autodeterminación y rechazar tajantemente cualquier intento de violar nuestra soberanía con presiones extranjeras que responden a agendas ideológicas proaborto. Esta es la única postura que corresponde a una sociedad democrática y que, en última instancia, es imprescindible para garantizar la protección que merece toda vida humana.
Legal Counsel, Latin America
ADF International