Para 9 de cada 10 personas es difícil acceder a una vivienda en El Salvador

Para casi 9 de cada 10 personas puede ser un calvario acceder a una vivienda en el país, según la reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

¿Cómo considera que es acceder a una vivienda (propia o alquilada) en el país?, le preguntaron a los encuestados, a lo que el 54.7% respondió que es difícil y el 32.5% contestó que es muy difícil, por lo que el 87.2% de los ciudadanos ve cuesta arriba tener una residencia.

Apenas el 7.2% dijo que es fácil y el 0.9% indicó que es muy fácil.

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Esta opinión de los salvadoreños también se vio reflejada en la calificación del trabajo de instituciones de gobierno en el área de desarrollo urbano que deberían velar por el acceso a una vivienda en el país. Por ello, el Ministerio de Vivienda salió reprobado con 5.97 en el sondeo.

Para el economista Rafael Lemus, ese resultado de la encuesta de la UCA "es el más fuerte en términos negativos" para el gobierno actual que cumplió seis años en el poder. 

"Esto tiene que ver con esa confrontación adversa entre ingresos y valor del alquiler o de adquirir una vivienda", opinó Lemus.

De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2023 -la última que ha realizado el gobierno- en 48 de cada 100 hogares las familias no eran propietarias del lugar en el que residían. 

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Y según una experta de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien fue consultada para un reportaje publicado en El Diario de Hoy en enero de este año, la situación de la vivienda en el país afecta un derecho humano de la población.

"No contamos con una política pública de vivienda en El Salvador. A pesar de que en administraciones anteriores sí existían, actualmente solo hay lineamientos del Ministerio de Vivienda y del Fondo Social de la Vivienda. Esto deja al derecho humano a la vivienda desprotegido y sin regulación adecuada", señaló Teresa Ramos, coordinadora de la Dirección de Cultura y Derechos Humanos de la fundación.

Una tarea pendiente que ha tenido el gobierno actual es la apuesta por vivienda de interés social.

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De acuerdo con el Fondo Social para la Vivienda (FSV), para que un inmueble habitacional sea considerado como de interés social debe tener un precio entre $20,000 y $62,000. Pero en el país solo una pequeña parte de lo que se construye se enmarca en ese rango.

Los precios de las viviendas varían según la oferta y la demanda, pero generalmente superan por mucho los ingresos de un hogar con salario mínimo. Con este ingreso, una persona puede acceder a un préstamo de hasta $25,000 a través del Programa Vivienda Social del Fondo Social. 

La gran mayoría de proyectos habitacionales son de capital privado y le están apostando a la vivienda vertical en diversas zonas populares de San Salvador, los cuales están enfocadas a públicos con ingresos más altos y a residentes en el exterior.