En una oficina que apenas ayer estrenó y en la que afirma que le bastará tener solo la Constitución en su escritorio, el nuevo presidente de ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Pivada), Javier Simán, marca desde ya su estilo para dirigir la más grande gremial empresarial del país, el cual deja claro que el sector privado está para apoyar y proponer políticas públicas, pero también señalar lo que no esté bien y que vaya en detrimento de la economía, los empleos y el Estado de derecho.
En esta entrevista también habla de las propuestas que han hecho al Gobierno para enfrentar y salir adelante del golpe económico por efectos de la pandemia.
¿Cuál es la valoración que hace del momento en que le ha tocado asumir la presidencia de ANEP?
Recién asumí el jueves y mi primer día fue el viernes pasado en medio de acuerdos y desacuerdos entre los actores políticos, pero sí quiero mencionar que entro con mucha satisfacción por el apoyo que hemos recibido del sector privado. ANEP representa 55 gremiales, cada una de diferente sector de la economía y hemos tenido el apoyo casi unánime de las gremiales para esta elección, para asumir la presidencia de ANEP y me siento muy honrado y muy agradecido con el apoyo de las gremiales.
También nos ha permitido conformar un comité ejecutivo con representantes de gremiales de diferente tamaño. Tenemos representación del comercio, la industria, sectores agropecuarios, sector financiero, comunicación, turismo y representantes de la pequeña y mediana empresa.
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Hemos conformado un comité bastante incluyente, donde sí se ven representados casi todos los sectores que ANEP representa. Esta es una muestra de unidad y como he dicho siempre, la fortaleza de ANEP no depende de su presidente, depende de las gremiales y en este momento las gremiales del sector empresarial se encuentran unidas, estamos fortalecidos y esperamos trabajar de la mano junto con los actores políticos para buscar soluciones a los problemas que enfrentamos.
¿Cuál será su enfoque como presidente de ANEP en esta coyuntura y frente a los otros actores económicos y políticos del país?
El primer enfoque es hacia dentro de la gremial, ayudar a nuestras gremiales a fortalecerse, a atender problemas de sus respectivos sectores porque las gremiales atienden los intereses de los sectores que representan. En cambio, la ANEP defiende principios constitucionales; entonces tenemos que hacia adentro atender a las gremiales a que sean representativas, fuertes y que resuelvan las inquietudes de sus sectores, y como gremial ANEP hacia afuera tendemos la mano hacia los actores políticos.
Nosotros no somos oposición de nadie ni somos enemigos de nadie, somos facilitadores y colaboradores para que nuestro país progrese, prospere y que los salvadoreños tengan un mejor bienestar. Esto implica sentarse con el gobierno y proponer políticas públicas, sentarse con los partidos y proponer políticas públicas, proponer leyes, comentar sobre leyes que están aprobando y hacerles ver lo bueno y lo malo, porque eso tiene un impacto en la economía y los empleos.
Pero también tenemos un rol de señalar cuando se violentan los derechos constitucionales, la independencia de poderes y los órganos de Estado, porque eso tiene un impacto gravísimo en la reputación del país, en la calificación de riesgo, en la atracción de inversiones y en la generación de empleo.
Si bien somos colaboradores, también somos vigilantes que se respete la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho.
¿Qué esperan del Ejecutivo en esta nueva gestión al frente de la gremial empresarial?
Pedimos que trabajen de la mano con nosotros y con otros sectores de la sociedad, como el sector académico, las universidades, los sindicatos, los médicos, los profesionales, es decir, debemos trabajar todos juntos para buscar soluciones. Entonces, hago un llamado al gobierno a tender la mano a todos estos sectores y trabajar junto con nosotros, porque no somos oposición. Pedir también a todos los actores políticos que bajen el tono de confrontación, especialmente en las redes sociales, porque tenemos que respetar la libre expresión y las opiniones de los demás son valiosas para conformar políticas que realmente funcionen, nadie tiene la verdad para hacer solo lo que ellos quieren, entonces un llamado al gobierno para bajar la confrontación y tender la mano al sector privado y los demás sectores para que saquemos adelante al país.
Preocupa más deuda
¿Qué piensa de lo que aprobó en la madrugada la Asamblea Legislativa: $1,000 millones más de deuda y la Ley de protección al empleo; es lo que esperaban que se aprobara?
Venimos proponiendo medidas económicas desde el principio de la cuarentena porque estamos convencidos que las medidas económicas para salvar empleos son tan importantes como las medidas para evitar contagios, porque nuestra población si no se muere del virus, se muere de hambre.
En nuestro país un aproximado del 60% de los salvadoreños salen día a día a ganarse el sustento diario, es gente que no puede ir al super para comprar alimentos y encerrarse 15 días en su casa. La mayoría la están pasando muy mal.
Desde el principio se vienen proponiendo medidas económicas y más de alguna vez se nos ha venido encima el gobierno criticando que nosotros solo estamos preocupados por el dinero, que queremos quebrar el Seguro Social, pero en realidad las medidas económicas son importantes y en ese contexto ANEP ha hecho propuestas.
El gobierno tomó algunas de ellas y las empaquetó en una propuesta de ley, pero los acuerdos son entre el gobierno y los partidos políticos.
Nos hemos enfocado en que esos acuerdos que estaba haciendo el gobierno con los partidos cumplieran primero las resoluciones de la Sala de lo Constitucional con respecto a la violación de los derechos individuales, los abusos de autoridad que hemos visto, las condiciones de los centros de contención, la detención de las personas que violan la cuarentena. Todos esos temas hemos insistido en que se tienen que respetar. Nuestra participación ha estado enfocada en exigir eso.
También hemos insistido en que no puede haber un cierre total. Nuestra frágil economía es como un carro que tiene la batería mala, no se puede apagar; con una batería mala si lo apagamos ya no arranca, hay que mantenerlo arrancado. Eso es lo que pasa con nuestra economía, si paramos muchas empresas ya no van a poder reabrir y mientras más nos tardemos en abrir, más riesgo están enfrentando estas empresas que ya no pueden pagar salarios y ponemos en riesgo miles y miles de empleos, que al final es lo más importante.
Hemos insistido en que después de estos 15 días tiene que haber una reapertura; comprendemos que puede ser gradual, que tiene que ser de acuerdo a protocolos de seguridad sanitaria. Ya el sector privado mandó al Ministerio de Trabajo 21 protocolos para poder trabajar bajo medidas de seguridad sanitaria, estamos esperando que el ministerio los devuelva aprobados y estas dos semanas tenemos que definir cómo vamos a reabrir a partir del 19 de mayo. Muchas empresas no sé si van a poder cumplir la planilla de este 15 de mayo, porque están cerradas y sin ingresos.
Y un último punto en el que hemos insistido es en la libre importación de las pruebas de coronavirus. El gobierno tiene un monopolio de las pruebas y los laboratorios privados, los hospitales, las clínicas, incluso las empresas deberían tener la libertad de importar las pruebas para realizarlas libremente… Esos cuatro temas han sido nuestra participación en esa negociación entre el gobierno y los partidos.
¿Cómo ven que se adquiera más deuda en estos momentos que no se han terminado de colocar $2,000 millones? ¿Puede haber default?
Nos preocupa el nivel de deuda, creemos que estos $1,000 millones más, si se cumple como propusimos en un inicio, deberían ser bien utilizados. En las propuestas, estos $1,000 millones tienen usos específicos.
Creemos que si no se administra bien podemos caer en un default y esa era nuestra preocupación con el incremento de deuda. Hay que ver también qué va a pasar con los $2,000 millones que aprobaron anteriormente, porque de esos va una parte a los alcaldes y no se tiene muy claro cómo se van a usar.
Nosotros propusimos que parte de los $2,000 millones fueran para fondear el Seguro Social para que pudiera cumplir su responsabilidad (de pagar incapacidades a personas en cuarentena). Incluso, propusimos que parte de la deuda se inyectara al Seguro Social para y que como sector privado íbamos a subir nuestra aportación para cancelar ese préstamo el tiempo que durara, o sea que al final era una deuda que no le iba a tocar pagar al gobierno sino que la íbamos a pagar los empresarios, pero no hubo eco en esa propuesta.
Esa era la propuesta correcta porque se apegaba a la ley vigente, en vez de repartir $300 a miles de personas en la calle, que violó toda política de seguridad sanitaria.