Que se puedan hacer reformas exprés a la Constitución significa una lesión importante en la seguridad jurídica de El Salvador, señalan dos economistas consultados por El Diario de Hoy. Y esto afectará a la baja a dos aspectos que le interesa mejorar a la administración de Nayib Bukele: la Inversión Extranjera Directa (IED) y las calificaciones de riesgo país.
Hace tres años, el 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista le dio un golpe de Estado al Órgano Judicial al remover, en unas horas, a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto se tradujo en un auténtico terremoto en las cifras de Inversión Extranjera Directa, es decir, el dinero traído por empresas del exterior hacia El Salvador.
Que se diga que desde el 1 de mayo de 2021 el clima de inversiones en El Salvador se desplomó está respaldado en las cifras oficiales, al menos las que estaban disponibles antes de los “ajustes” a los datos realizados a finales de marzo de 2024.
Según el Banco Central de Reserva (BCR), la IED en los dos primeros trimestres de 2021 fue de $413.89 millones, un monto saludable.
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Sin embargo, la tendencia se revirtió en los últimos seis meses de ese año, cuando la IED fue negativa, de -$99.42 millones. Y el primer trimestre de 2022 fue catastrófico, con -$226.32 millones.
Para este 2024, podría registrarse algo parecido. Según el economista Alfonso Goitia, uno de los factores es que la reforma constitucional que permite hacer cambios al máximo cuerpo normativo del país se hizo sin cumplir anteriores sentencias de la Sala de lo Constitucional, que por un tema de certidumbre fijaba como condición para cualquier modificación a la Constitución que se hagan antes de las elecciones legislativas. En cambio, esta reforma se hizo en el último día de la anterior Asamblea Legislativa.
“Hay implicaciones en la seguridad jurídica. Los potenciales inversionistas ahora no pueden estar seguros de cuáles modificaciones se harán y si podría afectar sus inversiones. Hay una incertidumbre por la falta de transparencia en torno a las reformas constitucionales”, añade Goitia.
Para el economista Rafael Lemus, esta incertidumbre desincentivará aquellas inversiones grandes, las que son capaces de hacer crecer una economía. Para el experto, ahora alguien solo se atreverá a traer su dinero a este país si tiene la certeza de que la recuperación de su inversión se hará rápidamente. En las condiciones actuales de El Salvador, estas acciones son como darse un disparo en el propio pie, pues ya hay variables de la parte económica y real, como disminución en las remesas, exportaciones y recaudación de impuestos, que están dando señales de desaceleración.
“Meterle incertidumbre a esta ecuación, que ya de por sí se mira complicada, es boicotear al clima de negocios en el país”, dice Lemus.
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Las calificadoras de riesgo
En la emisión de $1,000 millones que realizó recientemente la administración de Nayib Bukele, los inversionistas aceptaron adquirirlos con un 12 % de interés (la tasa de interés era del 9.25 %, pero se compraron a descuento).
También agregaron otras condiciones, una de las cuales estipulaba que, si El Salvador no mejora en dos gradas su riesgo país en 18 meses, tendría que cancelarles 4 puntos porcentuales extra de interés.
Según Lemus, golpear la seguridad jurídica en El Salvador va en sentido contrario a este objetivo. Y podría registrarse algo parecido a la IED con respecto al golpe de Estado de mayo de 2021. Tras este, las calificadoras de riesgo decidieron bajar la calificación de El Salvador.
En el caso de Moody’s, por ejemplo, pasó de B3 (deudas consideradas especulativas y que están sujetas a un alto riesgo de crédito) en febrero de 2021 a Caa1 (obligaciones especulativas de baja calidad y que están sujetas a un riesgo de crédito muy elevado) en julio de ese año.
