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Exedil de Conchagua tiene juicio en la Corte de Cuentas por más de $166,000

William Ulises Soriano, que fungió como alcalde de Conchagua, La Unión, entre 2015 y 2018, despidió a 17 empleados de esa comuna; un juez le ordenó, junto con otros miembros del concejo, pagar de su patrimonio los sueldos caídos pero los pagaron con fondos municipales.

Por Jorge Beltrán Luna | Ago 22, 2021- 20:00

Local que ocupa la alcaldía del municipio de Conchagua, departamento de La Unión. Fue gobernada por el FMLN, siendo su alcalde, William Ulises Soriano Cruz. Foto EDH / Archivo

William Ulises Soriano Cruz, ex alcalde del municipio de Conchagua, departamento de La Unión, ha sido señalado de usar fondos públicos para pagar los sueldos caídos de 17 empleados que fueron despedidos entre junio de 2015 y principios de 2016, es decir, durante su gestión, bajo la bandera del partido FMLN.

Ver: Corte de Cuentas investiga a sus auditores por fraude en informes a favor de alcaldías

Esa acción, calificada como mal uso de fondos municipales por parte de la Corte de Cuentas de la República, ha derivado en un juicio de cuentas a Soriano Cruz y a otras personas que fungieron como miembros de su concejo en el período del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, según consta en documentos de la institución contralora.

El Diario de Hoy intentó contactar al exedil a través de su cuenta de Facebook para consignar su versión en esta nota, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. Soriano Cruz es el padre del actual diputado de Nuevas Ideas, William Soriano.

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El monto por el cual tiene juicio de cuentas es de $166,477.03. Esa es la suma de los salarios y prestaciones dejados de percibir por los empleados despedidos injustificadamente y que, el edil y los concejales relacionados, debían pagar pero con su propio patrimonio, no con fondos de la comuna.

El Diario de Hoy también quiso conocer la versión de la Corte de Cuentas pero no respondieron a la gestión realizada.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Corte de Cuentas, con fecha 6 de marzo de 2019, los 17 empleados, de diversa categoría salarial, recurrieron a las instancias legales correspondientes debido a que consideraban como injustificados sus despidos, avalados por Soriano Cruz y algunos miembros del concejo edilicio en los primeros meses de su gestión.

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“Comprobamos que el Concejo Municipal conformado por el Alcalde Municipal, Síndica Municipal, Primer Regidor Propietario, Segundo Regidor Propietario, Tercera Regidora Propietaria, Cuarto Regidor Propietario y el Segundo Regidor Suplente, autorizaron mediante acuerdos municipales los pagos con Fondos Propios y FODES 25%, la cantidad de $166,477.03, en concepto de sueldos dejados de percibir más prestaciones laborales a 17 empleados municipales que fueron despedidos por el Concejo Municipal, determinándose que los fallos de las Sentencias Judiciales, establecían como responsables al Concejo Municipal a cancelar los sueldos dejado de percibir desde la fecha de despido hasta el cumplimiento de la sentencia…”, reza en parte el “Informe de examen especial a verificación de denuncia DPC-41-2018.

Según el referido documento, fueron 17 sentencias judiciales dictadas por el Juzgado de lo Civil de La Unión entre el 20 de julio de 2015 y el 4 de abril de 2016.

“La deficiencia se originó debido a que el Concejo Municipal conformado por el Alcalde Municipal, Síndica Municipal, Primer Regidor Propietario, Segundo Regidor Propietario, Tercera Regidora Propietaria, Cuarto Regidor Propietario y el Segundo Regidor Suplente, quienes despidieron injustificadamente a los empleados municipales y posteriormente autorizaron utilizar los fondos municipales para pagar salarios dejados de percibir por dichos empleados”, determinó el informe de la Corte de Cuentas.

La Corte de Cuentas desestimó los argumentos que los funcionarios relacionados dieron para justificar su proceder, siendo el principal, que las sentencias mandaban a pagar los salarios caídos a los miembros del concejo y que el juez no los condenó de manera personal; los auditores detallaron en su informe que las sentencias emitidas eran lo suficientemente claras en el sentido de que el alcalde y los miembros del concejo relacionados debían pagar de su patrimonio personal, los salarios y prestaciones dejados de percibir por los 17 empleados despedidos injustificadamente.

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