La Semana Santa o Semana Mayor, es una de las festividades más significativas en El Salvador, pues trae consigo días de asueto que tanto el sector privado como el público aprovechan para tomar un descanso o participar en las actividades religiosas. Aunque ambos sectores comparten el espíritu de la celebración, las disposiciones legales y administrativas difieren, marcando contrastes en los días libres.
A continuación, detallamos cómo se aplicarán estos asuetos en 2025, según la normativa vigente:
En el sector privado, el Artículo 190 del Código de Trabajo establece como días de asueto obligatorio con goce de sueldo los siguientes durante Semana Santa el Jueves Santo (17 de abril), Viernes Santo (18 de abril) y Sábado Santo (19 de abril).
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Estos tres días son feriados nacionales, y las empresas deben garantizarlos a sus empleados sin afectar sus salarios.
Este período, que abarca del jueves al sábado, permite a los trabajadores disfrutar de un fin de semana largo que culmina el domingo 20 de abril, día no laborable por tradición. Las empresas que requieran operar durante estos días, como las del sector turismo o servicios esenciales, deben compensar a sus empleados con el pago doble, conforme a la ley.
Por otro lado, el sector público sigue un esquema más amplio. Los empleados gubernamentales suelen recibir una semana extendida de descanso durante esta temporada. Para 2025, se espera que el asueto comience el martes 15 de abril y se extienda hasta el sábado 19, cubriendo cinco días hábiles, aunque lo anterior puede cambiar según disponga la administración gubernamental pues no hay nada oficial, sino que se brinda un estimado tomado a partir de años pasados.
Solo el personal de emergencias, salud y seguridad pública estará activo para mantener los servicios básicos, mientras el resto de instituciones gubernamentales cerrará sus puertas.
Durante la Semana Santa hay procesiones, elaboración de alfombras de aserrín y actividades familiares como ir a la playa, montaña o disfrutar de los coloridos pueblos.
El sector privado se rige estrictamente por el Código de Trabajo, mientras que el público beneficia de una planificación más flexible por parte del gobierno.