Las condiciones que generan, permiten y naturalizan la violencia contra la mujer no han cambiado con la instauración del régimen de excepción aseguró Monserrat Arévalo, directora ejecutiva de Asociación Mujeres Transformando, durante una entrevista en la radio YSUCA la semana pasada.
“En este contexto las mujeres siguen siendo violadas, ha aumentado el acoso sexual en las calle y a pesar que por ley los servidores públicos como los cuerpos de policiales y militares no deben acosar, acosan a las mujeres”, manifestó.
La defensora de los derechos de las mujeres expuso que al inicio del régimen de excepción las mujeres en las comunidades bajo el dominio de las pandillas sufrían tanto el acoso de las pandillas como de los policías y los militares.
Según la defensora eso generó miedo, incertidumbre e incluso privó a muchas mujeres de realizar actividades cotidianas por temor a dejar a sus hijos solos.
Arévalo, además, explicó que debido al régimen muchas mujeres han tenido que asumir cargas económicas que antes no tenían, restricciones de movilidad y la estigmatización por el hecho de vivir en una comunidad aunque no tengan ninguna implicación con grupos de pandillas.
En ese mismo sentido, en febrero de este año, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) expuso que el régimen de excepción no prevenía la violencia feminicida.
Ormusa sostuvo que los feminicidios no han parado pese al régimen de excepción que se implementa en el país desde hace más de un año y se mantiene de forma permanente.
“Es grave la situación y lo que pone de manifiesto (...) es que ni siquiera el régimen de excepción, ni la suspensión de garantías individuales, ha logrado contener los feminicidios en El Salvador”, manifestó en ese momento la coordinadora del programa de derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa, Silvia Juárez.
En lo que va del año, la Policía Nacional Civil ha reportado en sus redes sociales ocho feminicidios. Sin embargo, este dato no puede ser corroborado debido a que el gobierno ha impuesto “reserva total" a los datos relacionados a los indicadores de violencia, a pesar que es información de carácter público, según lo establece la Ley de Acceso a Información Pública.
El último caso de feminicidio fue reportado el pasado 16 de junio, en el municipio de Santa María, departamento de Usulután.
Según la PNC, la víctima fue atacada por su compañero de vida con un cuchillo y luego la golpeó con un bate en la cabeza, tras una acalorada discusión.
La víctima lesionada de gravedad fue trasladada en una patrulla policial hacia un hospital cercano, donde falleció horas más tarde.
El supuesto feminicida identificado como William Alfredo Jandres Quezada fue capturado por las autoridades.