Como una “confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los Derechos Humanos” calificó el Gobierno de Nicolás Maduro, por medio del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de un “acuerdo humanitario” de repatriar a 252 venezolanos detenidos en el sistema penitenciario de El Salvador a cambio de la liberación de igual número de presos políticos del régimen de Maduro.
El partido FMLN publicó en sus redes sociales este martes la carta enviada por el gobierno de Venezuela en respuesta a la propuesta que envió Bukele ese mismo día por medio de la Cancillería.
Para el régimen chavista, el encarcelamiento en El Salvador de venezolanos deportados de Estados Unidos podría tipificarse como “acciones delictivas internacionales”, como desaparición forzada, trata de personas y secuestro.
“Violación de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes han sido privados de su libertad de forma arbitraria, recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de confinamiento de máxima seguridad, sometidos a condiciones degradantes e inhumanas, sin posibilidad de contacto con familiares ni representación legal, y lo más importante, convirtiéndolos en víctimas del gravísimo delito de trata humana”, señala.
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Además, señala la “criminalización colectiva y xenofobia institucional”, al atribuirse sin pruebas individuales la vinculación de los detenidos con organizaciones criminales transnacionales, en este caso el Tren de Aragua, que Venezuela asegura fueron “ya desmanteladas”; por lo que considera existe una “abierta vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de responsabilidad penal individual”.

En cuanto a la propuesta de canje realizada por Bukele, la califica de “ilegal y moralmente inadmisible”, al pretender condicionar la liberación de personas que considera son inocentes a un “intercambio” por ciudadanos privados de libertad en Venezuela “por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético”.
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Esto porque Bukele puso como condición la liberación de personas relacionadas a la oposición venezolana, lo que el régimen de Maduro también dice que ninguno de los detenidos mencionados posee la ciudadanía salvadoreña y que la mayoría son ciudadanos venezolanos.
“Este planteamiento constituye una aberración legal, sin precedente en el marco de las relaciones bilaterales ni multilaterales, que vulnera principios elementales de justicia, proporcionalidad y dignidad humana”, dice.
Venezuela también reprocha la negación del derecho a la defensa, al debido proceso y al acceso a la justicia de los detenidos, “al no garantizarse la información sobre los cargos imputados, ni acceso a asistencia jurídica, ni comparecencia ante tribunales competentes, en violación directa de las garantías mínimas reconocidas por el derecho internacional general, transformándolos de manera automática en víctimas de desaparición forzada”.
Por último, señala como “secuestro y traslado forzoso a un tercer país sin orden judicial ni proceso legal”, por parte del gobierno de Estados Unidos, por deportar de forma arbitraria a los ciudadanos venezolanos al territorio salvadoreño.
“Esta práctica representa una violación directa del derecho internacional público, así como de principios constitucionales reconocidos incluso por el sistema judicial estadounidense. Cabe destacar que esta conducta ha sido condenada por órganos de justicia de ese país, incluida la Corte Suprema, la cual ha advertido sobre los límites legales de las deportaciones arbitrarias y el respeto al debido proceso”, dice Caracas.
De ahí que exige la liberación “inmediata e incondicional” de los 252 ciudadanos venezolanos.
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