El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, calificó de "cínica" la propuesta hecha este domingo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de repatriar a los 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de los considerados presos políticos en el país caribeño, al tiempo que exigió una fe de vida de ese grupo de migrantes, detenidos en la nación centroamericana.
En un comunicado, Saab, para quien Bukele ha aceptado que "mantiene secuestrados a 252 venezolanos", pidió también de "manera inmediata la lista completa con la identificación" de todos estas personas y "su estatus judicial", así como "el informe médico de cada uno".
El fiscal respondió así a un mensaje de Bukele en X de este domingo donde plantea a Nicolás Maduro un "acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos" que, afirmó el salvadoreño, tiene el gobierno venezolano.
A juicio de Saab, ese mensaje "demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que, pública y comunicacionalmente, le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador".
"El tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX", expresó el fiscal.
Por este motivo, anunció el envío de comunicaciones tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreñas en las que solicita información sobre "qué delitos han cometido estos ciudadanos" en el país centroamericano, en "qué momento se les presentó ante un juez, si han tenido acceso a un abogado y si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención".
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El encarcelamiento de los migrantes venezolanos, expulsados por el gobierno de Donald Trump acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua, ha generado un amplio debate sobre la falta de legalidad en la medida, en particular porque no tendrían sentencias judiciales y tampoco procesos en El Salvador.
"Al mundo entero le debe causar repugnancia el hecho de que el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes en su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana (según se acuerde con sus socios imperiales), a quienes, como experto en traficar con seres humanos, utiliza para recibir a cambio sumas millonarias de dinero", dijo Saab.
Las mismas autoridades salvadoreñas informaron del acuerdo que implicaría el pago de $6 millones anuales por el uso del sistema carcelario para los deportados de EE.UU.
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El fiscal hizo un llamado a "todas las organizaciones internacionales" a exigir "la inmediata liberación" de esos más de 200 migrantes, deportados en marzo por el Gobierno de Trump.
Bukele, en su mensaje, indicó que entre los "presos políticos" en Venezuela está "Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos".
El mandatario salvadoreño agregó que en el canje, "se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa".
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