El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este 21 de diciembre los nuevos listados de personas centroamericanas que se añaden al Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la Sección 353, conocida como Lista Engel, entre las que incluye a tres comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La actualización de diciembre de la Lista Engel agrega cuatro personas nicaragüenses, cuatro guatemaltecas, tres hondureñas y tres salvadoreñas. “Este informe, publicado en el Registro Federal, identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, involucrado en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador”, dice el reporte.
Se incorpora Ricardo Gómez, comisionado presidente del IAIP, a quien se le señala que “socavó procesos o instituciones democráticas al bloquear deliberada e injustamente el acceso a la información pública a través de su cargo como comisionado presidente”.
También se señala a los comisionados Gerardo Guerrero y Andrés Grégori Rodríguez, por socavar “procesos o instituciones democráticas al bloquear intencionada e injustamente el acceso a la información pública” a través de su cargo como comisionados.
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"Nuestros esfuerzos por contrarrestar la corrupción, impunidad y todo intento de socavar la democracia construye sociedades seguras y prósperas. El reporte de la Sección 353 es una de muchas herramientas que usamos para promover la rendición de cuentas de actores corruptos y anti-democráticos en Centroamérica", publicó en redes sociales Brian Nichols, Secretario Adjunto para Asunto del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
“Según la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos y cualquier visa vigente será revocada y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada”, indica el informe.
Agrega que el Departamento de estado continuará revisando a las personas enumeradas en el informe “y considerando todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir actividades corruptas y antidemocráticas” en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Los comisionados se añaden a otros funcionarios salvadoreños en la Lista Engel, como los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuestos el 1 de mayo de 2021; el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara; la comisionada presidencial Carolina Recinos; el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; el exministro de Agricultura, Pablo Anliker; y el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
También figuran en esta lista los expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, José Miguel “Mecafé” Menéndez y exfuncionarios del Banco Hipotecario.
“El Departamento también continúa revisando activamente información y acusaciones creíbles adicionales sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizando todas las autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en los Estados Unidos”, dice el documento.
Intervención en elecciones
En el caso de la crisis en Guatemala, el Departamento de Estado agregó a Leonor Eugenia Morales Lazo, actual fiscal, a quien señala que “socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
También a la fiscal Noe Nehemías Rivera Vasquez por socavar procesos o instituciones democráticas “al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”; al fiscal Pedro Otto Hernández González, al participar en una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial.
Otra persona señalada es Silvia Patricia Valdés Quezada, ex magistrada de la Corte Suprema de Guatemala, “al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los tribunales de apelaciones con jueces corruptos”.
Las personas hondureñas agregadas a la Lista Engel son:
Ricardo Arturo Salgado Bonilla, actual Ministro de Planificación Estratégica, quien “socavó los procesos o instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido LIBRE a través de grupos leales al partido (“colectivos”) para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de 2023”.
Mohammad Yusuf Amdani Bai, un empresario privado, quien “incurrió en una importante corrupción al sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Honduras para que fallaran a favor de su negocio en una demanda privada”.
Cristian Adolfo Sánchez, quien “incurrió en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno hondureño por más de $300,000 y se confabuló con funcionarios del Ministerio de Salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida”.
Las personas nicaragüenses agregadas a la Lista Engel son:
Gloria María Saavedra Corrales, jueza del décimo tribunal penal de distrito de Managua, quien “socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar su posición y autoridad dentro del sistema judicial nicaragüense para facilitar a sabiendas una campaña coordinada para reprimir la disidencia al confiscar propiedades de la Universidad Centroamericana Jesuita sin una base jurídica para instalar una administración favorable al régimen”.
Maribel del Socorro Duriez González, presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua; y Ramona Rodríguez Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, por socavar “procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno, incluida la Universidad Centroamericana y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses, sin una base jurídica para instalar administraciones favorables al régimen”.
Alejandro Enrique Genet Cruz, rector de la Universidad Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana), quien “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su posición para crear políticas que sancionan a profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participen en actividades políticas del partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega”.