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Gobierno entrará al negocio del transporte y le hará la competencia a los buses privados

En la propuesta de ley para crear la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial se incluye un artículo que permitirá al Ejecutivo operar las unidades. Por ahora solo las regula.

Por Susana Joma / Calos L. Vides | Sep 03, 2022- 22:33

Pasajeros en la ruta 42 que está siendo operada por el gobierno. Foto EDH/ Jorge Reyes

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP), Romeo Rodríguez Herrera, externó la semana anterior que la nueva Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), que será creada a la luz del decreto presentado la semana pasada a la Asamblea Legislativa, tendrá la facultad de operar el servicio de transporte público de pasajeros, algo que durante la existencia del Viceministerio de Transporte (VMT) se mantuvo en manos de empresas privadas.

La iniciativa de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que fue presentada por el titular del MOP al Órgano Legislativo el 11 de agosto pasado, contempla que al crearse la DMOV desaparece el VMT y asume las facultades que este tenía, además de otras entidades del rubro.

“Lo que se va a manejar es que ahora por ejemplo se tiene la operación de la ruta 42 y 152, que normalmente estas rutas el Viceministerio de Transporte, dentro de sus facultades, lo que hace es monitorear, regular y controlar que todo el sistema de transporte público opere con óptimas condiciones; pero no tiene dentro de sus facultades, por ejemplo, la operación de este tipo de sistema de transporte. Por eso es que a través del Ministerio de Obras Públicas es que se está desarrollando este tipo de acciones”, afirmó Rodríguez.

Ambas rutas mencionadas por el ministro están operando bajo administración del MOP y VMT desde marzo pasado, cuando las autoridades de Gobierno tomaron el control de alrededor de casi 300 unidades de la compañía ACOSTES de R.L., del empresario Catalino Miranda, quien se encuentra en prisión desde entonces.

La administración de ambas rutas pueden considerarse una “prueba piloto” para medir la capacidad real del Gobierno para operar unidades de transporte de pasajeros, lo cual quedaría plenamente estipulado en la nueva ley.

En el anteproyecto de ley, la creación y finalidad de la DMOV aparecen en el artículo 9, donde se describe como “una entidad de derecho público descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, presupuestaria, técnica”.

Más adelante, en el numeral 3 del Art. 13, incluye como parte de las atribuciones de la junta directiva de la DMOV “fomentar la creación de organismos o empresas que desarrollen los sistemas de transporte, tomando en cuanta la oferta y la demanda de usuarios”.

Es decir, la DMOV podrá crear organismos que puedan ofrecer el servicio de transporte público, al mismo tiempo que las empresas transportistas se dedican al mismo rubro.

Los detalles sobre la DMOV finalizan en el artículo 19; sin embargo, dicha entidad aparece de nuevo en el Art. 47, en el apartado “Vehículos destinados para la prestación del transporte público”.

En medio de dicho artículo, se expone que “para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en el tipo colectivo y masivo se requerirá una concesión, la cual será otorgada para el plazo de 10 años”; e inmediatamente señala en una línea que “este servicio podrá ser prestado por el Estado, a través de la DMOV”.

Con este segmento del artículo, la DMOV quedaría facultada para ofrecer el servicio de transporte público directamente, junto a las empresas privadas dedicadas a tal función.

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Esta facultad que tendría el Gobierno con la nueva ley causó sorpresa en el secretario de la Mesa Nacional de Transporte, Lucio Vásquez, quien expresó a El Diario de Hoy que los miembros de dicha organización, que asegura aglutina al 85% de los empresarios del sector en el país, no han sido comunicados ni incluidos sobre los pormenores de este anteproyecto de ley.

“Habría que ver en qué circunstancias en realidad ellos pretenden en alguna medida hacer ese tipo de mecanismos” de ofrecer servicio de transporte público por partedel Gobierno, expresó Vásquez; y añadió que “por ejemplo en Guatemala, ellos tienen un sistema mixto, pero no sé a profundidad qué es lo que ellos quieren” con este aval.

Sobre una posible nacionalización del servicio del transporte público, en una maniobra que pueda impactar en el negocio de los empresarios del sector que operan de manera privada, Vásquez dijo que por ahora reaccionan con cautela, e hizo un llamado al Gobierno para abrir vías de comunicación con la Mesa y otras federaciones y asociaciones del rubro.

Más del ministro y la DOMV

Durante la entrevista matutina en radio Sonora, el funcionario de Obras Públicas argumentó que con la creación de la DOMV se busca contar con una institución eficiente en materia de que se hagan trámites más expeditos, porque con la actual normativa bajo la que funciona el VMT, los procesos duran mucho tiempo.

También: Vida útil de las unidades de transporte público bajaría de 20 a 15 años

“Con esta nueva ley nosotros estamos tratando de garantizar que estos trámites se puedan realizar de la manera más expedita. No solo eso, sino que tener un mayor control de todo el espacio vial porque también se le están otorgando un poco más de recursos a esta dirección”, indicó.

De acuerdo con lo que expresó en la entrevista radial, la propuesta de ley que presentaron a los diputados plantea que, por ejemplo, el 50 % de las multas ingresarían a esta Dirección y eso de alguna manera contribuiría para poder mejorar todo el tema del tránsito vehicular. Según detalló, hasta la fecha el VMT únicamente ha contado con recursos que rondan entre los $10 y $20 millones de dólares al año, que normalmente se invierten en señalización vial, compra de placas, trámites administrativos, pero el tema de transporte público es complejo y requiere soluciones complejas que demandan una inversión bastante fuerte para mejorar y modernizar todo el sistema de transporte, a nivel público y privado.

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