La nueva ley que estudia la Asamblea Legislativa establece en su Art. 54 sobre la vida útil de las unidades de transporte público, que dichas unidades no estarán autorizadas si exceden los 15 años de fabricación, un periodo que en la actualidad es de 20 años.
“Cuando el vehículo ya ha cumplido su vida útil, deberá salir de circulación. Los concesionarios y permisionarios (es decir, los dueños de los buses) deberán de proceder a la sustitución de unidades en un plazo no mayor a seis meses calendario, antes de que la unidad alcance los años de antigüedad máxima establecidos para la prestación del servicio”, reza el mismo artículo.
Para comunicar debidamente de forma pública sobre estos descartes de unidades, “la Dirección General de Transporte deberá publicar periódicamente, a través de mecanismos electrónicos, las unidades a sustituir por parte de cada concesionario o permisionario”, incluye el artículo mencionado.
William Cáceres, representante de Fecoatrans, expresó a finales de agosto en el programa Pulso Ciudadano, que esta reducción de 20 a 15 años “se debe de valorar, por el efecto negativo que esto puede generar en las condiciones operativas, financieras, por los tiempos de cumplimiento. Esperamos es que se mantengan los 20 años de operación, que fue el planteamiento que se hizo en una reunión con diputados de la comisión (de transporte de la Asamblea), entre ellos el presidente de la comisión, Salvador Chacón”, de Nuevas Ideas.
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El empresario explicó que como transportistas están conscientes de que debe haber un mejoramiento de la flota de buses y microbuses, pero remarcó que “lo vamos a hacer en conjunto con el Gobierno de la República, esa es nuestra aspiración. Si nos respetamos banco, Gobierno y sector, podemos construir un transporte óptimo y eficiente para la población”.
Por su parte, Lucio Vásquez, secretario de la Mesa Nacional de Transporte, expresó también que para renovar la flota “habría que analizar de dónde se va a tomar estos recursos”, y añadió que la reducción de 20 a 15 años por unidad “nos impactaría de forma inmediata” y sería “una afectación grande” en los recursos económicos de las compañías que brindan el servicio.
Como posible solución, Vásquez expresó que “si se define como temas de financiamiento, de dónde podríamos obtener las unidades, y vamos articulando con ellos la búsqueda de renovación de la flota, que es al final lo que quieren los usuarios, nosotros lo podríamos hacer.
Habría que buscar financiamiento en la banca nacional, o con algunos organismos internacionales que estén en la voluntad de cambiar el transporte colectivo del país”.