Un nutrido grupo de 84 congresistas estadounidenses envió una carta al presidente de Estados Unidos, su secretario de Seguridad Nacional y su secretario de Estado para urgir que se expanda el Programa de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para los salvadoreños.
Además, piden que se extienda este beneficio migratorio a guatemaltecos, hondureños y nicaragüenses.
“Hemos visto con preocupación el empeoramiento de la crisis humanitaria en los países de Centroamérica después de los huracanes Eta y Iota en 2020, seguidos por una severa sequía y la pandemia del covid-19”, reza la carta que los legisladores enviaron a Joe Biden, Alejandro Mayorkas y el canciller Antony Blinken.
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Los congresistas añaden que volver a designar a El Salvador como país elegible al TPS sumar mucho para apoyar a esta comunidad en Estados Unidos y que estos, por su parte, puedan ayudar a sus familias en su país natal.
El grupo de congresistas de ambos partidos dieron cuenta del impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020, los cuales golpearon a más de 9 millones de personas, incluyendo a 3.5 millones de niños. “Los huracanes también dejaron daños a largo plazo, destruyendo locales de salud, centros educativos e infraestructura clave para la vida cotidiana”, señalan.
Asimismo, reconocen el impacto de la pandemia de covid-19 en una baja significativa de remesas en 2020.
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Reducir causas de la migración
Al ampliar los beneficios del TPS para salvadoreños y otros centroamericanos, los congresistas consideran que el gobierno de Joe Biden estaría ayudando a mitigar el efecto de la pobreza y el cambio climático como factores que motivan la migración irregular hacia Estados Unidos.
“Estados Unidos debe responder a la situación de Centroamérica agregando el TPS al abanico de opciones de asistencia a Centroamérica como parte de los esfuerzos de reducir la corrupción, la impunidad y la violencia en la región”, sostienen.
Además, afirman que el panorama del istmo muestra “condiciones extraordinarias y temporales” que impedirían un retorno seguro para quienes han ingresado de manera irregular a Estados Unidos.
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“Además, estas designaciones (ampliar el TPS) proveerían a los Estados Unidos importantes herramientas para prevenir las causas de la migración al incrementar el flujo de remesas y apoyar los esfuerzos del gobierno de abordar las condiciones domésticas de cada país sin tener que forzar el retorno masivo de personas”, dicen los legisladores en su misiva.
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Institucionalidad débil
Además de las circunstancias ambientales, económicas y de seguridad, los congresistas reconocen una debilidad institucional y un golpe al Estado de derecho. Esto amenaza a sectores que son críticos de sus gobiernos y abren puertas a otro tipo de migración, reconocen.
Si bien sitúan a Nicaragua como el caso emblemático de esta persecución a voces críticas, “situaciones similares han emergido el último año en El Salvador y Guatemala”, señalan.