Miembros del Socorro Jurídico Humanitario en representación de la familia de un reo que murió bajo custodia del Estado presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia por posibles actos de torturas cometidos dentro de las prisiones de Mariona, Izalco, Apanteos, Quezaltepeque y la granja penal de Zacatecoluca, los cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó que con la denuncia están solicitando a la Fiscalía que investigue la muerte de José Leonidas Bonilla un sindicalista de Mejicanos, registrada el pasado 3 de septiembre, después de ser capturado durante el régimen de excepción.
“Nosotros tenemos la autopsia, la información de que él fue torturado y hay señales claras que esto es cierto (...) y queremos que con el aviso que venimos a poner, la Fiscalía investigue este caso ” expresó.
Escobar aseguró que son 220 personas fallecidas bajo custodia del Estado desde que inició el régimen de excepción hasta la fecha. “Vamos a iniciar este proceso de reparación que tenemos que finalizar en sede nacional, para escalar en sede internacional” manifestó.
Por su parte, la abogada del Socorro Jurídico, Yeimi Magaña, explicó que según la autopsia el sindicalista sufrió un politraumatismo (varias lesiones o heridas). “Él tenía hemorragia en la cabeza, en el estómago y moretones. Estos son indicios claros de que sufrió una golpiza, podríamos pensar que fue torturado dentro de Mariona” aseguró.
“Esa es una de las pocas autopsias que hemos podido tener acceso ya que Medicina Legal y Centros Penales no les están entregando a todos los familiares las autopsias, tampoco la certificación de partida de defunción” agregó.
La denuncia también solicita que se investigue al Estado salvadoreño “por prácticas de violaciones a derechos humanos a personas inocentes que están siendo detenidas y estas siendo asesinadas dentro de los diferentes centros penales” aseguró Magaña.
El sindicalista fue capturado el 22 de abril de 2022. Su familia asegura que no tenía antecedentes penales, tatuajes ni vínculos con pandillas.