Sistema penal sería usado con fines políticos con el traslado de Kilmar Ábrego

Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por el gobierno de Estados Unidos para ser encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, fue traslado al penal de Apanteos, en Santa Ana, a mediados de la semana pasada, según lo dio a conocer el senador demócrata del Maryland, Chris Van Hollen, lo que ha generado reacciones.

Fue hasta el jueves que Ábrego García lo contó al senador. "Hace nueve días a partir de hoy (viernes), lo trasladaron a otro centro de detención en Santa Ana, donde las condiciones son mejores, pero dijo que a pesar de las mejores condiciones, todavía no tiene acceso a ninguna noticia del mundo exterior ni la capacidad de comunicarse con nadie en el mundo exterior. Su conversación conmigo fue la primera comunicación que tuvo con alguien fuera de una prisión desde que fue secuestrado", dijo Van Hollen.

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El senador intentó llegar a las instalaciones del CECOT; pero no se le permitió el acceso. No fue sino hasta la tarde del jueves que el gobierno de Nayib Bukele facilitó el encuentro.

"Mi solicitud principal era reunirme con él y, como dije, ya no está en CECOT, así que está en una prisión diferente que está bastante lejos de San Salvador", dijo.

Sobre este traslado, la abogada Ruth López lo consideró “al margen” del sistema judicial y la ley.

“La violación de los derechos de Kilmar por el gobierno de (Nayib) Bukele es una muestra de lo que pasa con miles de personas en El Salvador, aquí no hay ninguna institución que garantice derechos”, publicó en redes sociales.

López mencionó al canal Todo Noticias este sábado que el caso de Kilmar Ábrego es representativo por la falta de un debido proceso, luego de ser deportado por un “error administrativo”, que termina en una vulneración de derechos al estar detenido en una prisión en El Salvador.

Para el diputado Francisco Lira, de ARENA, hay un “patrón alarmante” de detenciones arbitrarias, en las que se ignoran las garantías procesales y el principio de presunción de inocencia.

“Hasta la fecha, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública no ha emitido una posición oficial. Esta ausencia de respuesta podría explicarse por el hecho de que se trata de una decisión cuyo respaldo jurídico sigue siendo desconocido”, expresó.

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Añadió que no existe convenio, tratado o marco legal que haya sido ratificado por la Asamblea Legislativa que respalde estas acciones.

“Este caso refuerza la percepción de que en El Salvador el sistema judicial y penal está siendo utilizado con fines políticos y aplicado de manera discrecional, sin respeto al debido proceso”, enfatizó Lira.

Mencionó que persisten denuncias de personas que, a pesar de contar con carta de libertad, continúan detenidas en las cárceles. “En 2024, respalde una iniciativa de ley orientada a atender estas situaciones y garantizar los derechos de los afectados que son inocentes, pero fue rechazada por la bancada oficialista”, agregó.

Pago sube a $15 millones

El senador Van Hollen dijo también que en su vista al país se enteró de algunos compromisos asumidos en este acuerdo entre el gobierno de Trump y el de Bukele en el confinamiento de los deportados.

“Así, el gobierno de Trump ha prometido pagar a El Salvador 15 millones de dólares para detener a estos prisioneros, incluyendo a Kilmar, secuestrado ilegalmente. Mi mejor información, y bastante fiable, indica que, hasta la fecha, han pagado más de cuatro millones de esos 15 millones”, expresó Van Hollen.

No obstante, aclaró que no ha visto ningún documento que especifique los términos y condiciones.

Inicialmente, se conoció que EE.UU. pagaría $6 millones al gobierno de El Salvador por detener a personas detenidas deportadas en la cárcel.

“Esto es un dato muy importante, porque es dinero que no ha sido incorporado al presupuesto de El Salvador y esto tiene una connotación mayor porque el gobierno de El Salvador ha sido señalado en casos de corrupción”, dijo López.

Comentó que Cristosal también ha recibido documentación de muchas familias de venezolanos deportados que demuestra que no han tenido vinculación alguna con un grupo criminal. “Es evidente que hay una violación sistemática de derechos”, dijo en relación a los gobiernos de EE.UU. y de El Salvador.