El pasado 17 de agosto, un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) fue sumado a la lista de miembros de esa institución que han sido detenidos bajo cargos de extorsión a personas con la amenaza de capturarlas bajo el régimen de excepción y enviarlas a prisión acusadas de ser miembros de pandillas.
La captura de Richard Alberto B. fue realizada el pasado 17 de agosto, luego de que la víctima se atreviera a denunciar al referido investigador, a quien por segunda vez le entregaría un fuerte suma de dinero, aseguran diversas fuentes policiales.
A diferencia de otros casos, como el del investigador de la División Élite contra Crimen Organizado, José Alexis Caishpal Aguirre, de cuyo arresto informaron la Fiscalía y la Policía, en este último caso ninguna de esas instituciones se ha pronunciado.
El investigador Richard fue arrestado mediante una entrega controlada de dinero. Tras la denuncia de la víctima, un equipo policial implementó un operativo tras el cual el investigador fue arrestado mientras la víctima le entregaba el dinero que le había exigido. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima ha relatado que era la segunda entrega que le hacía al investigador.
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Richard sería el sexto miembro de la PNC capturado durante este mes. Además de Caishpal Aguirre que fue capturado el 2 de agosto, el 12 de este mismo mes, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que habían capturado a cuatro miembros de la corporación policial, a quienes identificó como Manuel Antonio Valencia, Jorge Arturo Agreda, Ángela Idalia Martínez y Nicolás Edenilson Gómez.
Según la opinión de abogados consultados, las detenciones de agentes policiales en relación con acusaciones de extorsión confirman las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales.
Estos abogados consideran que es imperativo revisar detalladamente los casos de los ciudadanos que fueron arrestados por estos agentes, pues es muy posible que muchos hayan sido arrestados injustamente, tan solo por no tener la capacidad económica de cumplir el chantaje.
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Richard, según las fuentes, se encuentra recluido en las instalaciones policiales ubicadas por la ex terminal de oriente que ocupa la División de Seguridad Fronteriza, donde se encuentran varios miembros de la PNC procesados por diversos delitos.
De acuerdo con fuentes policiales, cuando las instituciones correspondientes no informan sobre los arrestos de policías vinculados a graves delitos, generalmente son favorecidos con resoluciones judiciales en la audiencia inicial.
Ingrid Escobar, directora de la organización activista de derechos humanos de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que brinda asistencia legal a familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, ha alzado la voz sobre esta preocupante tendencia.
Escobar denuncia que estos agentes policiales se han convertido en "verdugos directos de la población", olvidando su deber fundamental de servir y proteger. La PNC fue creada con el propósito de mantener la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, pero algunos agentes han traicionado esa misión en busca de lucro personal.
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Por su parte, Jonathan Sisco, abogado constitucionalista de Cristosal, una organización defensora de derechos humanos, señala que estos casos desencadenan una serie de violaciones a los derechos humanos y minan la confianza en las instituciones públicas.
Sisco apunta a la falta de investigación y sanciones como factores que perpetúan la impunidad y socavan la credibilidad del sistema.